El Gobierno aprobará el martes su plan para vacunar a “una parte sustancial de la población” antes del verano

Pedro Sánchez ha anunciado en La Rioja que presentarán el próximo martes en el Consejo de Ministros un plan de vacunación completo que implique a una parte sustancial de la población en los primeros seis meses de 2021. España y Alemania serán los primeros países de Europa en implantar una estrategia de estas características para inocular los sueros contra la COVID-19 a un porcentaje importante de su ciudadanía.

El ministro Salvador Illa ha situado un horizonte de 10 millones de personas vacunadas para mayo, pero lo “ideal” en términos de cobertura está entre el 70 y el 75% de la población en un periodo más largo. Además, todo depende de que las farmacéuticas cumplan los plazos, aunque se espera que para enero hayan recibido luz verde por parte de la Agencia Europea del Medicamento.

El Ministerio de Sanidad lleva desde septiembre trabajando con las comunidades autónomas, varias sociedades científicas y expertos en un documento que servirá de diseño del plan. Fuentes de Sanidad y otros conocedores del proceso habían adelantado que estaría listo a lo largo de la semana que viene. Según han explicado a elDiario.es esas mismas fuentes, el protocolo no hablará específicamente de Pfizer ni de ningún otro ensayo, sino que tendrá en cuenta que pueden llegar simultáneamente varios tipos de vacunas a España en 2021. La Comisión Europea tiene ahora mismo cuatro contratos firmados (con AstraZeneca –que desarrolla su vacuna junto a Oxford–, con Pfizer, con Sanofi y con Johnson & Johnson) y está en conversaciones con Moderna, CureVac y alguna empresa más. Es decir, el grupo de trabajo ha valorado diferentes estrategias por si las dosis están dirigidas a un grupo concreto –puede haber alguna recomendada para jóvenes y no para ancianos, por ejemplo–, si son monodosis o doble dosis –como las de AstraZeneca y Pfizer– o dependiendo de la eficacia que finalmente tengan. En cada caso el dispositivo podría acabar variando.

Según ha avanzado El Mundo, el texto describirá 8 grupos, por orden de prioridad: sanitarios, personas usuarias de residencias de ancianos, mayores de 65 en general, adultos con enfermedades crónicas, personas con discapacidad, empleados esenciales, gente que no pueda teletrabajar, y el resto. El Gobierno ya había adelantado que los sanitarios y los mayores serían en principio los grupos prioritarios, aunque la aplicación dependería de que se concreten las características de todas las vacunas que lleguen. Y el documento contendrá aspectos como si hay que estipular alguna clase de formación aparejada para los profesionales que la vayan a dispensar o dónde procede administrarlas.

El Gobierno ha reservado de momento en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 1.011 millones de euros para la compra de vacunas contra la COVID-19. Existen al margen mecanismos de ejecución para gastos extraordinarios si fuese necesario. Los 1.011 millones son el 40% del total de los fondos europeos para la reconstrucción que van destinados al Ministerio de Sanidad, porque el proceso se sufragará básicamente con ellos.

Todavía no está detallado cuánto irá a parar a la compra de las dosis, y cuánto a la logística y gastos derivados –transporte, mantenimiento, campañas– que, otra vez, serán diferentes para cada tipo. El cálculo inicial preveía que la inmensa mayoría, informó el ministro Salvador Illa, fuese destinado en sí a la adquisición. Pero por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene unos gastos de conservación elevados por tener que mantenerse a unos -75º.