El Gobierno prevé que haya al menos 50 centros de atención a víctimas de violencia sexual abiertos las 24 horas antes de 2023

El Ministerio de Igualdad prevé que en el plazo de dos años se pongan en marcha al menos 50 centros, uno por cada provincia española, de atención a víctimas de violencia sexual abiertos las 24 horas, a los que se podrá acudir físicamente tanto de día como de noche. También durante todo el día habrá atención telefónica y online, y deberán estar preparados para realizar intervenciones en situaciones de crisis. El proyecto, llamado Plan España te protege contra las Violencias Machistas, será financiado con los fondos europeos para la recuperación de la crisis provocada por el COVID-19, y lo llevará mañana la ministra Irene Montero al Consejo de Ministros. Igualdad lo contemplaba hace ya más de un año, pero ha sido acelerado por las consecuencias de la pandemia. Los centros incluirán servicios de atención psicológica individual y grupal, de acompañamiento, y en ellos se llevarán a cabo también labores de prevención y sensibilización.

Estarán dirigidos a mujeres mayores de 16 años que hayan sufrido violencia sexual en el presente o en el pasado, también en algunas circunstancias podrán acudir familiares o personas cercanas. Para tener acceso a ellos, no hará falta haber denunciado al agresor. La última Macroencuesta del Ministerio calculaba que 2,8 millones de mujeres, el 13,7%, han sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, y dos millones de ellas no lo han denunciado por distintos motivos. Se deberá además facilitar el transporte gratuito para llegar a los centros.

Igualdad quiere llevar a cabo este proyecto en dos años, para que estén funcionando todos los centros antes de 2023. Transferirá para ello dinero a las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias para ello y deberán preparar los locales y el personal. Serán 19,8 millones de euros en una primera partida este 2021, con el procedimiento ordinario de todo el mecanismo de los fondos europeos (a España le corresponden, en total, unos 140.000 millones). La previsión es que hasta 2023 sumen 41 millones. Cada provincia tendrá un mínimo de 1 millón de euros para desarrollarlo, a gastar a lo largo de dos años, y tendrá que crear al menos un centro, según la idea inicial. Según el Convenio de Estambul, que cita Igualdad, debería haber uno de este tipo por cada 200.000 habitantes. En concreto, ese acuerdo internacional habla de “permitir la creación de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y consejos”.

Los centros no incluirán atención sanitaria. Tampoco atención a la violencia sexual sobre la infancia: Igualdad prepara la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, cuyo anteproyecto despliega una serie de medidas específicas para menores, creando las llamadas “casas de infancia”, “centros que serían complementarios a los centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual”. Los equipos serán “interdisciplinares” y contarán al menos con: una coordinadora; psicólogas/psiquiatras; abogadas; profesionales del ámbito de las ciencias sociales con capacidades y formación especializada en intervención o contención en crisis o emergencia (trabajadoras sociales, educadoras sociales, pedagogas o de otras disciplinas); una administrativa; mediadoras culturales y/o traductoras.

Las formas de violencia sexual incluidas por Igualdad en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y cuyas víctimas serán asistidas en estos centros son: agresión sexual, matrimonios forzosos, mutilaciones genitales femeninas, acoso sexual, proxenetismo, explotación sexual, trata con fines de explotación sexual, acecho o acoso reiterado por razón de género, feminicidio sexual y “el resto de formas de violencia contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, así como cualquier acto de naturaleza sexual no consentido”.