El Gobierno en funciones ha prorrogado otro año más la cláusula de salvaguarda incluida en la reforma de las pensiones de 2011, que mantiene las condiciones de jubilación previas -más ventajosas- para las personas cuya relación laboral fue suspendida o extinguida antes de la entrada en vigor de la reforma.
El mantenimiento de la cláusula está incluido en un decreto ley con medidas en materia de prórroga tributaria, catastral y de Seguridad Social aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, según ha informado en rueda de prensa la ministra portavoz, Isabel Celaá, que ha añadido que 26.000 personas se beneficiarán de esta medida.
Se trata de trabajadores despedidos antes del 1 de abril de 2013 que se jubilarán a lo largo de 2020 y que todavía podrán acogerse a las condiciones previas a la reforma de 2011, tras la cual se hizo necesario tener más edad y más años cotizados para acceder a la jubilación anticipada forzosa a la que se ven abocadas las personas que no han podido volver a encontrar un empleo.
El objetivo inicial de esta cláusula, que el Gobierno del PP limitó a 2018 y el del PSOE ha ampliado por segundo año consecutivo, era garantizar la protección social de los trabajadores de edad avanzada despedidos que no volvieran a cotizar a la Seguridad Social, de modo que para jubilarse no se les exigiese requisitos distintos a los que ya tenían en el momento que se determinó el despido.
La edad legal de jubilación se va retrasando cada año en virtud del régimen transitorio establecido en la reforma de 2011, hasta llegar a los 67 años en 2027, mientras que la edad para la jubilación anticipada forzosa en caso de despido será siempre cuatro años inferior (dos años si la jubilación anticipada es voluntaria).
En 2020 la edad legal ordinaria será de 65 años y 10 meses, y la de la jubilación anticipada forzosa subirá a 61 años y 10 meses, si bien los protegidos por la cláusula de salvaguarda lo podrán seguir haciendo a los 61 con 30 años cotizados, frente a los 33 años establecidos con la reforma de 2011.