El Gobierno quiere retirarle la protección al lobo ibérico. La ministra de Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, ha asegurado que pretende que la especie reciba “el mismo tratamiento que se le da al norte del Duero”. En ese territorio, el lobo no goza de protección y puede cazarse.
Tejerina aprovechó el auditorio favorable de un feria de productos agrícolas en Zamora para decir el pasado 27 de marzo que esta medida “es lo que corresponde” y que así se pedirá a la Comisión Europea. Porque la única manera de eliminar el estatus de especie protegida al lobo es modificando la directivas europeas que lo blindan. Un viejo anhelo del Ministerio desde que lo dirigiera el actual comisario europeo Miguel Arias Cañete (PP). Arias Cañete trasladó la misma idea a la Comisión al comenzar la legislatura pasada. Bruselas le demandó algún soporte documental para entrar a evaluar la iniciativa. No lo había. Pero el proyecto no quedó olvidado.
García Tejerina sí ha podido echar mano ahora del último recuento de lobos publicado por su departamento para afirmar que “ha aumentado en población y superficie ocupada” y reactivar el proyecto. El soporte que ha empleado le llegó hace 15 días. Entonces, Medio Ambiente culminó el último Censo de Lobo Ibérico –una herramienta dispuesta en la Estrategia Nacional de Conservación– y, a las dos semanas, la ministra apuesta por abrir la veda.
Se trata de un recuento en el que no aparece el número de ejemplares de lobos que viven en España. Solo recoge las manadas detectadas que, según el documento, han pasado de 250 a 297. Sin abordar cuántos individuos componen los grupos. El Canis lupus signatus no es una especie con un volumen de decenas de miles de ejemplares inabordable de pormenorizar. Los cálculos estiman que haya un par de miles.
Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, es muy crítico con el censo: “Parece que se haya hecho para justificar que se permita cazar. Se ha basado más en encuestas que en seguimientos metódicos en el campo”. Con todo, el recuento dice que, si bien “se ha constatado la expansión” en zonas como Ávila, Guadalajara o Madrid, también se ha producido una “rarificación demográfica en el noreste”. En palabras sencillas: allí la población ha caído.
Incremento de los cupos
Lo cierto es que la existencia o no de datos oficiales (más allá de su fiabilidad) sobre la población tampoco ha parecido importar mucho a la hora de permitir la caza de lobos. La cantidad de ejemplares autorizados para ser cazados ha ido creciendo aun sin la publicación de este censo. Por ejemplo, el Gobierno de Castilla y León ha hecho crecer el cupo de piezas casi un 35% desde 2011. Aquel año hubo permiso para matar 106 lobos en la región. La resolución de agosto de 2015 sumaba 143.
La justificación esgrimida desde Medio Ambiente son los ataques a la ganadería: “Soy muy consciente del daño que causa a la economía de los ganaderos”, ha subrayado la ministra García Tejerina. Sin embargo, la organización agraria UPA-Coag no quiere ni oír hablar de meter al lobo en la lista de especies que pueden cazarse al sur del río. Eso podría dificultar el abono de indemnizaciones por parte de la administración en caso de pérdidas de cabezas. Para la organización sería menoscabar el logro obtenido en los tribunales que “obliga a la Junta de Castilla y León a indemnizar los daños del lobo al sur del Duero sin necesidad de seguro privado”.
Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente han contestado a eldiario.es que “todavía no se sabe” cómo se materializará técnicamente la solicitud para que la Comisión Europa, en su proceso de revisión de las directivas de protección a la biodiversidad, permita que los lobos sureños españoles sean blanco válido para los rifles.