Siete años después de que el Partido Popular excluyera a las mujeres lesbianas, bisexuales con pareja mujer y sin pareja de la reproducción asistida en la sanidad pública, el Gobierno pone punto y final a esta discriminación. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha firmado este viernes la orden ministerial que actualizará la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para recuperar este derecho e incluir también por primera vez a las personas trans con capacidad de gestar, una reivindicación histórica del movimiento.
A pesar de que muchas comunidades ya lo habían revertido y ofrecían los tratamientos también a estas mujeres en el marco de la sanidad pública, seguían dándose casos de discriminación, y ahora será una norma estatal la que de nuevo evite que sea algo opcional para las autonomías. Ocurrirá lo mismo con las personas trans con capacidad de gestar, cuya situación no es homogénea en España: hay comunidades que sí permiten, por ejemplo, a hombres trans que han rectificado la categoría sexo de su DNI al 'masculino' acceder al sistema público, pero otras no.
La legislación aprobada por el PP alteraba los requisitos para acceder a estas técnicas y los redujo a problemas de fertilidad como condición necesaria, lo que dejaba fuera a estas mujeres. “La falta de varón no es un problema médico”, llegó a justificar la entonces titular de la cartera, Ana Mato. La redacción literal que introdujo el Ejecutivo y que ahora será modificada sorprendió, cuanto menos, a la opinión pública; y es que fijó como requisito para que el Estado financiara el tratamiento la “ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal” y la “existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva”.
La norma entró en vigor en noviembre de 2014. Desde el principio algunas comunidades como Andalucía, Extremadura o Euskadi decidieron no aplicarla, y otras muchas fueron adaptando sus legislaciones progresivamente. Sin embargo, al menos en Ceuta y Melilla está vigente la exclusión, que también sigue afectando todavía hoy a aquellas funcionarias, militares, guardias civiles y juezas obligadas a estar en Muface, Mugeju e Isfas, que se rigen por la cartera de servicios estatal, es decir, por la orden popular. Estas mujeres, cuando no tienen pareja varón, siguen sufriendo la discriminación.
“Hoy es un día de restitución de derechos”
El Ministerio de Sanidad ha querido darle la máxima importancia a la firma de la orden, que se ha convertido en un acto simbólico en el que Carolina Darias se ha rodeado de activistas LGTBI y feministas, a las que incluso ha invitado a acompañarla detrás en el momento exacto de la rubrica. Las banderas acoíris y trans se unían en esta ocasión a las oficiales habituales, ante las que han celebrado el paso dado tanto la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, como la diputada socialista Carla Antonelli. “Que a nadie le quepa ninguna duda de que ampliar derechos reproductivos es ampliar derechos humanos”, ha dicho Sangil.
Darias, que ha cerrado el acto, ha agradecido a quienes “durante tanto tiempo han luchado y nunca han bajado los brazos” porque “llegar hasta aquí ha costado tiempo y trabajo”. La ministra ha querido reconocer también la labor de sus predecesoras en el cargo, Carmen Montón, María Luisa Carcedo y Salvador Illa: “Hoy es un día de restitución de derechos que nunca tendrían que haberse suprimido [...] Hoy contribuimos a tener una sociedad mucho más decente, que reconoce a todas las personas que la integran”.
La recuperación del derecho se introdujo en el marco de la legislación LGTBI y Trans que provocó una dura pugna en el Gobierno de coalición. Fuentes del Ministerio de Igualdad recuerdan que primero se incluyó la medida en el borrador de la Ley LGTBI, pero tras las negociaciones se incorporó como disposición adicional que instaba a Sanidad a aprobar la orden ministerial “en el plazo de seis meses”. El texto está aún en tramitación y el ministerio ya ha dado luz verde a un cambio que tendrá efectos inmediatos y cuyos trabajos inició la exministra Carmen Montón, pero que han tardado tres años en cristalizar.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, también ha querido referirse a ello y ha celebrado que “damos un paso importante como Gobierno” al “restaurar este derecho”. Un “paso decisivo”, ha añadido, para que las mujeres lesbianas, bisexuales, las que crían solas y las personas trans con capacidad de gestar “sean consideradas ciudadanas de primera y todas las familias sean igual de válidas e importantes”, ha señalado durante su intervención en una mesa redonda sobre el reconocimiento legal del género en España.
Una reforma largamente esperada
Durante estos siete años las mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja han tenido que enfrentarse a tratamientos interrumpidos en la sanidad pública, desembolsos de grandes cantidades de dinero en clínicas privadas para ser madres e incluso litigios en los tribunales. Muchas de ellas han seguido acudiendo a la justicia hasta ahora: el pasado enero dos sentencias de tribunales superiores de justicia obligaron al Estado a devolver el dinero a una pareja de lesbianas y una mujer.
Varias sentencias han reconocido, además, que se trata de una norma directamente discriminatoria. Así fue en el fallo que sentó precedente y que dictó el Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid en 2015 en el caso de una pareja de mujeres a las que la Fundación Jiménez Díaz había interrumpido el tratamiento. El juzgado asumió que se había producido una “discriminación por razón de orientación sexual” y estableció que la ley de técnicas de reproducción asistida –que reconoce el acceso “con independencia de su estado civil y orientación sexual”– es de rango superior a la orden.
La modificación de la cartera de servicios llega tras años de espera. El Gobierno socialista anunció la modificación con motivo del Orgullo LGTBI de 2018, pero que tras la convocatoria de elecciones y la formación del nuevo Ejecutivo, no llegó a producirse. El presidente Pedro Sánchez lo anunció también en su discurso de investidura y estaba entre los planes de Salvador Illa culminar el proceso, que se retrasó por la pandemia de COVID. Finalmente, Sanidad ha aprobado la norma que revierte la exclusión y que ha sido insistentemente denunciada por los colectivos LGTBI.