El Gobierno empieza a tomar acciones contra el retroceso de PP y Vox en materia de memoria histórica. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional ante la derogación de la ley autonómica de Aragón, según ha confirmado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión.
Las Cortes de Aragón dieron luz verde a este paso atrás en febrero. Era una de las condiciones del acuerdo entre PP y Vox para gobernar la comunidad. El proceso se inició el 20 de noviembre y la decisión salió adelante con el voto a favor de PP y Vox, la abstención del PAR y los votos en contra de PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos e IU. Se convirtió así en la primera comunidad en derogar la ley autonómica, a la que siguieron la Comunitat Valenciana y Castilla y León, que han presentado sendos proyectos con el mismo objetivo.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado que el Gobierno trató de dialogar sin éxito con el Ejecutivo aragonés antes de acudir al Constitucional: “El 16 de mayo el Gobierno de Aragón nos dijo por escrito que rechazaba la invitación para intenta llegar a un acuerdo”. Este miércoles, ha proseguido Torres, se cumplía el plazo de tres meses para recurrir la decisión. “El Gobierno de Aragón no solo dice no al Gobierno de España, sino a las Naciones Unidas, al derecho internacional y a la preservación de los derechos humanos”, ha reprochado.
Sobre los proyectos de otras comunidades que pretenden seguir los pasos de Aragón, el Gobierno dará la misma respuesta si terminan aprobándose en los parlamentos autonómicos. “Lo haremos en el momento en que esas proposiciones de ley se conviertan en ley”, ha avanzado Torres. El Ejecutivo recuerda que el “derecho internacional público reconoce el deber de memoria y obliga al Gobierno de España”, algo que se vehicula a través de la ley de Memoria Democrática.
La derogación aragonesa “incumple el deber de colaboración con el Estado en muchos aspectos”, según el ministro, que ha citado las cuestiones más preocupantes que acarrea esta decisión. “Retira las placas de señalización de los campos de concentración y de los lugares de memoria; elimina del sistema educativa el reconocimiento de las víctimas; elimina el mapa de fosas, la información a las asociaciones memorialistas y la transparencia de las paginas web”, ha enumerado. La retirada de la ley también va en contra de los artículos 10 y 15 de la Constitución Española, señala el Gobierno.