Madrid, 19 nov (EFE).- El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una amplia modificación del reglamento de extranjería este martes con la que promete facilitar vías de migración ordenada, legal y segura a través del empleo, la formación y las redes familiares, además de simplificar la burocracia en esta materia.
Reducir plazos, eliminar duplicidades procedimentales, trasponer varias directivas europeas pendientes y velar por los derechos humanos de todas las personas que quieren regularizarse en España son otras de las metas de esta modificación de las que ha informado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Esta reforma fue anunciada por primera vez en diciembre del año pasado -en un principio estaba previsto que viera la luz en la primera mitad de 2024- y el pasado octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso que finalmente llegaría al Consejo de Ministros en noviembre.
El reglamento vigente es de 2011 y, desde entonces, se han abordado algunas modificaciones, la última en 2022, para, entre otras novedades, crear la figura de “arraigo para la formación”, que permite a aquellos que han vivido dos años en España regularizar su situación si se forman en una profesión demandada por el mercado laboral.
El pasado mes de junio la ministra presentó un primer borrador de la reforma que se va a llevar ahora a cabo, que, entre otras novedades, reordenaba las figuras de arraigo, reduciendo en algunos casos los tiempos de residencia en España o el periodo de relación laboral en el país exigido y eliminando otros requisitos.
Según la memoria de aquel borrador, esta modificación busca responder a “las nuevas realidades demográficas y laborales” del país con una reforma que permita “mejorar las vías de acceso legal y ordenado de los extranjeros de fuera de la Unión Europea”
De acuerdo a la ministra, esto se hará a través de tres ejes: el empleo, la formación y las redes familiares.
Esta reforma es un procedimiento distinto a las negociaciones llevadas a cabo en este último año entre el Gobierno y Canarias para modificar, en este caso, el artículo 35 de la Ley de Extranjería con el objetivo de crear un mecanismo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas.
Y también es diferente de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de extranjeros, una propuesta que busca beneficiar a alrededor de medio millón de migrantes que viven en España sin papeles, está avalada por más de 600.000 firmas y continúa su tramitación en el Congreso de los Diputados.