La familia de Miguel Hernández no será la única que el próximo 31 de octubre recibirá una declaración de reconocimiento y reparación. El militante antifranquista Enrique Ruano y Ángeles Flórez Peón, conocida como Maricuela y considerada la última miliciana viva, serán dos de los nombres que le acompañarán en el acto que está organizando el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con motivo del día en homenaje a las víctimas de la dictadura, según apuntan fuentes de la secretaría de Estado de Memoria Democrática.
En la práctica, esta declaración, que también se entregará a Vicente Aleixandre, según ha adelantado EFE, es un documento firmado por el ministro Ángel Víctor Torres en nombre del Gobierno y es una figura contenida en la Ley de Memoria Democrática, de la que acaban de cumplirse dos años, a la que tienen derecho las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. En ellas el propio Estado admite que lo fueron y, de alguna manera, se oficializa que las condenas que pesaron sobre ellas no tienen validez debido a que la propia ley las anula “por vicios de forma y fondo” y declara ilegítimos e ilegales los tribunales que las emitieron.
Hasta el momento, se han concedido 572 de este tipo de declaraciones, según cifras de la secretaría de Estado de Memoria Democrática. La última al anarquista catalán Salvador Puig Antich, ejecutado por garrote vil el 2 de marzo de 1974, pero también Lluis Companys, María Teresa León, Nicolás Sánchez Albornoz o los encarcelados de CCOO en la causa 1.001 las han recibido, además de personas anónimas que fueron sometidas a persecución, violencia y represión por cuestiones políticas.
“A Enrique Ruano lo han asesinado”
La historia de Enrique Ruano, que trata el primer capítulo de la serie de TVE Las Abogadas, ilustra como pocas cuánto de largos eran los tentáculos del régimen franquista en un momento de creciente oposición obrera y estudiantil a la dictadura. El joven estudiante de Derecho, militante del Frente de Liberación Popular, fue detenido en Madrid a las 11 de la noche del 17 enero de 1969 junto a la abogada laboralista Lola González, entonces su novia, y otros militantes. Fueron trasladados a la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol –hoy sede del Gobierno regional–, donde fueron torturados e interrogados.
Sobre las 12.20 horas del lunes 20 de enero, Enrique fue esposado y conducido por tres miembros de la Brigada Político-Social al registro de un piso cuyas llaves habían encontrado en el bolso de Lola. En la casa, situada en la entonces llamada calle General Mola, la actual Príncipe de Vergara, estaban supuestamente escondidos dos militantes antifranquistas vascos. Y allí, en aquella vivienda, Enrique moriría a los 21 años.
Según dejaron escrito los policías en el atestado, cuando le quitaron las esposas para que firmara el acta de registro el joven “arremetió” contra uno de ellos llegando hasta el corredor que unía los pisos interiores con la escalera principal y desde ese séptimo piso “se arrojó al vacío cayendo al patio interior del edificio” a pesar de “los esfuerzos” de los agentes “para evitar el hecho”, defendieron los policías comenzando a apuntalar la versión oficial difundida por el régimen. A la familia se le impediría ver el cuerpo de Enrique, que sería custodiado y enterrado casi de forma clandestina.
Pronto comenzaría a funcionar la máquina de la propaganda franquista bajo el mando del Ministerio de Información y Turismo, en manos entonces de Manuel Fraga. Desde el principio, el periódico ABC sostuvo que Enrique se había suicidado y para intentar sostener la teoría, el diario dirigido por Torcuato Luca de Tena llegó a publicar unas notas filtradas por la policía de un supuesto diario del joven para justificar “su estado de angustia mental” y secundar la campaña del régimen. Sin embargo, las frases manuscritas eran fragmentos escritos a su psiquiatra y no un diario que, según afirmaría después su familia, fueron manipulados.
Los amigos y familiares de Enrique nunca compartieron la versión oficial y su muerte provocó una enorme oleada de protestas estudiantiles por todo el país hasta el punto de que Franco decidió declarar el estado de excepción. “A Enrique Ruano lo han asesinado”, clamaba el movimiento estudiantil.
20 años después, en 1989, solo un día antes de que prescribiera el delito, la madre de Enrique autorizó al abogado y catedrático de Derecho Penal José Manuel Gómez Benítez a que solicitara la reapertura del sumario 6/69 que se había seguido por su muerte. Así, la familia consiguió que la Justicia volviera a investigar los hechos, se exhumó y analizó el cuerpo del joven en enero de 1991 y los tres policías acusados se sentaron en el banquillo.
La sentencia les absolvió del delito de asesinato por falta de pruebas, pero cuestiona la tesis del suicidio. Los jueces consideraron probado que la víctima sufrió una lesión previa “no compatible” con su precipitación al vacío causada por “un objeto cilindro cónico” que podría ser una bala, pero los peritos no pudieron acreditarlo debido a que faltaba un tercio del hueso de la clavícula, precisamente el de la herida en cuestión. Sin embargo, María José de la Vega Llanes firmó un voto particular al considerar probado que sí fue asesinado de un disparo pero al no poder establecer qué policía disparó, decidió apostar por la absolución general.
La última miliciana
Ángeles Flórez Peón será otra de las víctimas del franquismo que recibirán reparación 49 años después de la muerte de Franco. Nacida el 17 de noviembre de 1918, tenía 17 años cuando las fuerzas sublevadas dieron el golpe de Estado de 1936 que daría paso a la Guerra Civil. En ese preciso momento estaba interpretando con las Juventudes Socialistas de Asturias, a las que estaba afiliada, una obra de teatro llamada Arriba los pobres del mundo y el papel del que hacía, el de Maricuela, se quedaría con ella para siempre.
Hermana de una de las víctimas de la Revolución de octubre de 1934, los conocidos como “los mártires de Carbayín”, Maricuela se alistó como miliciana republicana en Colloto, donde se encargaría de tareas de cocina en el frente de Oviedo, y después serviría como enfermera en Gijón. “Me alisté para defender la democracia y la libertad. Además, yo no era nada católica. No podía creer en un dios que consintiera esa vida: unos tan ricos que les sobra y otros tan pobres que no tienen nada”, recordó en una entrevista con este medio hace ocho años.
Poco después de abandonar el frente después de que el gobierno republicano decidiera retirar a las mujeres, Maricuela fue detenida en su casa el 7 de noviembre de 1937 y fue trasladada a la cárcel de Oviedo. Fue sometida a un Consejo de Guerra el 2 de febrero de 1938 que la condenó a 15 años de prisión, pena que después se rebajaría a nueve, de los que cumpliría cuatro en la prisión de Saturrarán (Guipúzcoa). A la cárcel, que definiría con las palabras “hambre y humillación”, entró con 18 años y salió con 22 y tras pasar un tiempo viviendo con una hermana, se exilió con su marido en 1948 a Francia.
Se instalaron en la localidad de Saint-Éloy-les-Mines, donde Maricuela representaría al PSOE en el VII Congreso en el exilio celebrado en 1958. Ambos vivieron allí más de medio siglo hasta que en 2004 falleció su marido y Ángeles volvió a Asturias. Se estableció en Gijón, donde murió el pasado mes de mayo, con 105 años. Considerada una de las últimas milicianas republicanas vivas, Maricuela falleció militando en el PSOE dando una lección de coherencia y optimismo insobornable y con el mismo anhelo de siempre en su voz: “Que España deje de ser un país sin memoria”.