Gobierno e Iglesia retomarán este mes las conversaciones para abordar el pago de impuestos como el IBI por parte de la conferencia episcopal así como la situación de los miles de bienes inmatriculados gracias a una reforma de José María Aznar. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado que a partir de este mes, y de acuerdo con la conferencia episcopal, se reunirán las subcomisiones creadas al inicio de la legislatura para abordar las tres cuestiones clave: el proceso de recuperación por parte de sus legítimos propietarios de los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia, el sistema fiscal y la Obra Pía de Roma.
Bolaños, que es el encargado de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, ha explicado en su primera comparecencia en el Congreso que la libertad de culto está garantizada en España. “Vamos a seguir manteniendo relaciones cordiales, respetuosas e institucionales con todas las confesiones religiosas”, ha dicho el sucesor de Carmen Calvo, que se reunió el pasado 3 de agosto con el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omella, con quien tiene una buena relación desde sus conversaciones con motivo de la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, una operación que pilotó Bolaños como secretario general de Presidencia.
Desde que llegó a Moncloa en 2018, uno de los compromisos de Pedro Sánchez es acabar con algunos privilegios de la Iglesia, como su sistema tributario. La voluntad del Gobierno es que empiece a pagar el Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) por los lugares que son de su propiedad y que no están dedicados al culto. Los socialistas dan por hecho que la Iglesia está dispuesta a asumir ese cambio impositivo. Recientemente un juzgado dio la razón al Ayuntamiento de Barcelona para que una congregación pague el IBI -que es una tasa municipal- de un edificio que tiene alquilado a una empresa educativa.
El otro gran asunto que Bolaños tiene que abordar con la Iglesia es la situación de las decenas de miles de bienes inmuebles que puso a su nombre entre 1998 y 2015 gracias a una modificación legislativa del PP. En una primera fase, el Gobierno elaboró un listado en el que se recogen los 34.961 bienes inmuebles matriculados en ese periodo. El siguiente paso es que quienes consideren que son los legítimos propietarios puedan reclamarlos.
En cuanto a la Obra Pía española de Roma, los trabajos se centrarán en modernizar el régimen que regula un conjunto de bienes que están bajo el auspicio de la embajada de España. La intención es actualizar su situación legal acorde con el derecho italiano y el origen y la naturaleza de los bienes.
Bolaños también ha asegurado que una de las prioridades de su ministerio será la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática para la que ha pedido el apoyo de todos los partidos. “Es una ley humanitaria que preserva y mantiene viva la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura a través de los principios de verdad, justicia, reparación y deber de memoria”, ha expresado.
Ronda con los portavoces
Más allá de las cuestiones sectoriales de su departamento, Bolaños ha tendido la mano a todos los grupos para intentar llegar a acuerdo en asuntos necesarios. En ese sentido, ha anunciado que el próximo 20 de septiembre mantendrá un encuentro con los portavoces parlamentarios del Congreso para “pedirles responsabilidad y sentido de Estado”. “Responsabilidad para que abordemos la ley de Presupuestos -ha expuesto en su comparecencia en la Cámara Baja- y sentido de Estado para que renovemos cuanto antes los órganos constitucionales que llevan demasiado tiempo en funciones”.
Bolaños ha dejado un recado al PP, que es fundamental para la renovación de esos órganos, como el Poder Judicial, al señalar una “situación de anormalidad constitucional” que a su juicio es “fruto de una estrategia política irresponsable”. “A ustedes señorías dirijo el llamamiento al consenso, les tiendo la mano para que cumplan la Constitución y la ley. No cumplir la ley es inaceptable”, ha dicho refiriéndose a la bancada conservadora a la que ha pedido que haga oposición al Gobierno pero no contra cuestiones como la “salud”. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, se ha cerrado en banda a renovar el CGPJ si el Gobierno no se aviene a aceptar su condición de que se cambie la ley para que los jueces elijan a su órgano de gobierno. Los socialistas defienden el actual modelo para que sean las Cortes, de acuerdo a los resultados electorales, las que designen a los vocales. El PP ya ha exigido la dimisión de Bolaños.
Desbloqueo para acabar con el voto rogado
Entre las prioridades de su ministerio también ha destacado la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuidos”. “La Constitución puede y debe modificarse cuando existe consenso social y político amplio y mejora la regulación de nuestra Carta Magna”, ha afirmado. También ha asegurado que tiene la intención de “desbloquear uno de los asuntos que afecta a la calidad de la democracia” en referencia a la eliminación del voto rogado para “demostrar” a los españoles que están en el extranjero “que su país no se ha olvidado de ellos”.
Bolaños ha comenzado su intervención recapitulando la labor que ha hecho el Ejecutivo, cuya coordinación recae ahora en sus manos, en los últimos meses, especialmente para enfrentar la emergencia sanitaria. Así, ha aprovechado para hacer una referencia velada al golpe que dio al Gobierno el Tribunal Constitucional al declarar inconstitucional el confinamiento que se decretó a través del estado de alarma para enfrentar la primera ola de la pandemia.
“Esta crisis ha demostrado el valor que tiene el Derecho, que el Derecho puede también salvar vidas y evitar también miles de hospitalizaciones y mantener a flote negocios, empresas y familias. El aprendizaje institucional de estos meses nos ayudará a mejorar la actuación del Estado en crisis futuras porque, en aquel momento, en este momento, tanto el Gobierno como el Parlamento trabajó sin precedentes”, ha defendido ante esa decisión del tribunal de garantías a instancias de Vox.
La portavoz de la extrema derecha, Macarena Olona, no dudó en echar en cara esa victoria al ministro, al que llamó “fontanero mayor” de Moncloa. “Por fin tenemos delante al cerebro jurídico de Moncloa”, ha expresado la diputada, que ha asegurado que “su nombre va a quedar grabado para que le juzguen como la pluma jurídica que escribió algunos de los ataques más obscenos”. “Es un jurista al servicio de la auténtica maldad que esconde este Gobierno”, ha proseguido Olona, que ha avisado a Bolaños de que su grupo no cesará de reclamar su dimisión.
El ministro afeó a PP y a Vox que “todo el proyecto que tienen para España son elecciones anticipadas, la dimisión del presidente y de algunos ministros”. “Vamos a agotar la legislatura”, ha sentenciado.