La exhumación de los restos mortales de víctimas del franquismo del Valle de los Caídos volverá a ponerse en marcha. Distintas fuentes del Gobierno y de Patrimonio Nacional explican a elDiario.es que los trabajos para proceder a la extracción de los cuerpos se pondrán en marcha en el plazo de tiempo más breve posible, sin descartar que esperen a que la sentencia sea firme ante un hipotético recurso. El proceso arrancará de nuevo después de casi un año de parón judicial por unas medidas cautelares que levantó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Un juzgado de Madrid decidió en noviembre del año pasado que el proceso debía ser paralizado de forma cautelar. Lo hizo estimando la petición de un abogado, Francisco Javier Zaragoza, en nombre de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que atacaba en sus escritos la licencia que el consistorio de San Lorenzo de El Escorial había concedido a Patrimonio Nacional para iniciar los trabajos e intentar llevar a cabo la exhumación.
En Patrimonio Nacional entienden que esta resolución es una luz verde para poner en marcha el proceso para sacar de Cuelgamuros los restos de más de 80 víctimas. La sentencia explica que esta decisión del Tribunal Superior de Madrid es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo y su sala tercera, pero una nueva paralización pasaría por una nueva petición de medidas cautelares con pocos visos de prosperar después de los argumentos de esta resolución. Está por ver si Patrimonio espera a que la resolución, si hay recurso, sea declarada firme.
El juzgado que suspendió cautelarmente la licencia de obras en noviembre del año pasado explicó que sí había riesgo de dañar los columbarios de forma irreversible si se ponían en marcha los trabajos. “Son evidentes los daños que se podrían causar si se procede a efectuar actuaciones antes de que se pronuncie la sentencia definitiva por cuanto la construcción originaria habría desaparecido”, dijo el juzgado 10 de lo contencioso. En caso de empezar el proceso, añadió, “se producirían modificaciones en un elemento integrado en un conjunto de protección integral que harían inefectivo el fallo de una sentencia que fuera estimatoria”.
La Abogacía del Estado recurrió estas cautelares en nombre de Patrimonio Nacional y la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue adelantada este martes por elDiario.es. Los jueces de lo contencioso entienden todo lo contrario, que los trabajos que están previstos en las criptas del Valle de los Caídos no ponen en riesgo la estructura.
“No se desprende que el alcance de la intervención objeto de la licencia conlleve una transformación urbanística irreversible de las criptas y tampoco que se trate de actuaciones que excedan de las propias de mantenimiento, consolidación y recuperación”, dicen los jueces en una sentencia que ha tenido a José Ramón Chulvi como ponente.
En Patrimonio Nacional interpretan que tienen luz verde para acometer los trabajos que permitirán, al final del proceso, intentar exhumar los restos mortales de más de 80 víctimas. Existe un último paso que todavía aguardan en este organismo: si la asociación que pidió las cautelares recurre esta sentencia ante la sala tercera del Tribunal Supremo, una posibilidad sería esperar a la inadmisión del recurso para empezar los trabajos. Al ser un proceso de medidas cautelares, los plazos no serían tan prolongados como en un recurso normal.
Más de 80 familias
El objetivo de Patrimonio Nacional, antes de la suspensión judicial ahora levantada, era rehabilitar los accesos a las criptas de la basílica para poder identificar y exhumar los restos. El pasado mes de septiembre de 2021 el Gobierno informó de que ponía en marcha los procesos técnicos.
El objetivo, según informó entonces el Ministerio de Presidencia, era instalar la infraestructura técnica necesaria y organizar a los trabajadores que fueran a participar. Después procederían a delimitar la zona de intervenciones. Un proceso que ya entonces Presidencia definía como el “más complejo de los que se han acometido en nuestro país y será largo en el tiempo debido al estado de las criptas”.
Todos estos trabajos quedaron paralizados por una resolución judicial que ahora ha quedado anulada por una sentencia que todavía puede ser recurrida. Ese recurso ante el Supremo no tendría efectos suspensivos pero Patrimonio podría, llegado el momento y si hay impugnación, optar por esperar a que se resuelva el recurso.
En un primer momento fueron 60 familias las que pidieron la exhumación de los restos mortales, pero desde entonces dos decenas más se han sumado al proceso. Personas que, tal y como han denunciado en multitud de ocasiones, cuentan ya con una edad muy avanzada y que en algunos casos han fallecido esperando el arranque de los trabajos para ver los restos de sus familiares fuera de la que durante décadas fue la tumba del dictador.
Los hermanos Lapeña
Uno de estos casos es el de los hermanos Lapeña. Manuel y Antonio Ramiro fueron fusilados por tropas franquistas en Catalayud en 1936. Un de ellos había sido fundador de la CNT en esa ciudad. Un juez consideró que existía una “alta probabilidad” de que sus restos estuvieran enterrados en los columbarios de la cripta principal del Valle. En su caso, un juzgado de San Lorenzo de El Escorial autorizó su exhumación hace varios años, algo que a día de hoy no se ha producido.
El hijo de uno de los dos hermanos Lapeña falleció a finales de 2021 sin llegar a ver, por tanto, la exhumación cuyos trabajos arrancarán en los próximos meses.
La exhumación de los restos mortales de estas víctimas ha seguido un recorrido judicial paralelo al de la extracción del cadáver de Francisco Franco de la cripta del Valle de los Caídos. El Gobierno tuvo que esperar hasta que el Tribunal Supremo dio el visto bueno a la operación después de estudiar los recursos de diversas asociaciones franquistas, así como también del partido ultraderechista Vox y de la propia familia del dictador.
En ese caso, el Tribunal Supremo esperó al 24 de septiembre de 2019 para comunicar que desestimaba por unanimidad los recursos de los descendientes de Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros que ponía en marcha el proceso de exhumación. En ese caso la sección cuarta de lo contencioso-administrativo esperó a dictar sentencia sobre el fondo del asunto y mantuvo, mientras tanto, el proceso en suspenso.