Al Gobierno, más específicamente al PSOE, se le está abriendo un frente con el cannabis. O se le está ampliando el frente que ya existía. El Ejecutivo ha enfadado a los usuarios de cannabis con fines medicinales al afirmar en una respuesta parlamentaria al PNV que “cuando se revisan las pruebas científicas sobre el uso terapéutico del cannabis (consumo directo de las sumidades floridas o con fruto de la planta de cannabis), se observa que el nivel de evidencia disponible no es suficiente para recomendar un uso generalizado en pacientes con determinadas patologías, contrariamente a lo que podría pensarse”.
Y mientras el Gobierno se enroca en su postura, su socio Unidas Podemos prepara una ley de consumo integral –uso recreativo y medicinal– para presentar en la segunda mitad de la legislatura. No será el primer proyecto que se registra en este sentido, pero ninguno ha llegado nunca a debatirse siquiera. “Es un proyecto que prevé todo el ciclo productivo en relación con el cannabis”, explica la diputada Lucía Muñoz, de UP, “pero todavía quedan algunos flecos que estamos cerrando, como el uso del cáñamo industrial”, añade. El horizonte temporal de la ley es incierto, “y el mapa de apoyos tampoco está claro”, admite Muñoz, aunque algunas posturas se pueden intuir.
Las fuentes coinciden y el propio Ejecutivo lo admite en su respuesta: la posición del PSOE supone, en estos momentos, el mayor obstáculo para la aprobación de una ley (más probablemente una que regule el uso medicinal que una integral). Desde UP, sin embargo, no creen que la postura del PSOE sea necesariamente contraria. “Interpretamos que es un punto de partida”, opina Muñoz. “No sabíamos cómo se veía esto desde la parte de Gobierno del PSOE, pero creo que piden algo razonable, que es evidencia científica antes de hacer una regulación”, añade. Concede la diputada que “la comunidad científica dice que ya hay bastante evidencia y por eso se está regulando [en otros países], pero no nos parece una negativa cerrada”. Más allá de los socialistas, partidos como el PNV –que ha registrado este sábado una moción en el Congreso para que se estudien los sistemas de cannabis medicinal de otros países para una posible aplicación en España, según anunció Público–, Más País, Ciudadanos o han mostrado en el pasado su disposición a apoyar una ley que regule el uso medicinal. Este mismo lunes tendremos una visión más clara de dónde está cada uno en el debate virtual que ha organizado el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) dentro de la Semana de Concienciación sobre el Cannabis Medicinal, que comienza este lunes 16 con varios actos.
El Centro de Investigaciones Sociológicas planteó la cuestión en una de sus encuestas hace dos años y reflejó la distancia que hay entre los políticos y la sociedad con el tema. Según el CIS, el 84% de los españoles se muestra a favor de legalizar el consumo de cannabis con fines terapéuticos y también son más los que regularían su uso lúdico (47%) que los que lo mantendrían prohibido (41%).
Enfrentamiento Gobierno-pacientes
Desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), formado por investigadores, médicos y asociaciones de pacientes, no entienden la respuesta del Gobierno al PNV. El OECM ha redactado una carta de cinco folios que leerá durante las jornadas, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que rebate las afirmaciones del Ejecutivo en su respuesta parlamentaria con, entre otros argumentos, una lista de países y una pregunta. La lista de países la conforman Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia, Suiza, Países Bajos, Italia, Alemania, República Checa, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Polonia, Suecia, Luxemburgo y Portugal. ¿Qué tienen en común? Que han regulado de alguna manera, unos más y otros menos, el uso del cannabis medicinal. La pregunta que plantea el OECM al Gobierno es: “¿Qué hace a España diferente para no crear programas de cannabis medicinal como ya hacen hoy en día muchos países del mundo o, en el caso de no tener conocimiento suficiente al respecto, juntarse con expertos en la materia para analizar cuál podría ser el modelo para España?”.
De fondo sobrevuelan más cuestiones. por ejemplo, el hecho de que la posición del Gobierno colisione con otra realidad: el Ejecutivo ha emitido licencias a empresarios –el más conocido es Juan Abelló, el que fuera rey del negocio del opio legal en España– para producir y exportar cannabis a Europa a través de empresas como Linneo Health, participada por un fondo de inversión británico. “¿Qué hace diferente a España para que su Gobierno, por vía de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dé licencias de producción y exportación de cannabis con fines medicinales a empresas en España pero que ese cannabis no pueda ser usado por pacientes españoles?”, se pregunta el OECM.
Esta situación levanta ampollas especialmente entre los activistas por una regulación integral del cannabis –no solo medicinal–, el movimiento de clubes sociales de cannabis, que ven cómo un histórico del movimiento cannábico asociativo, Albert Tió, está a punto de entrar en prisión con una condena de cinco años bajo el brazo por asociación ilícita y delitos contra la salud pública por ser responsable de una asociación de consumidores que recurría al cultivo colectivo para sus miembros.
En su respuesta parlamentaria, el Gobierno le explica al PNV que “el cannabis está considerado como sustancia estupefaciente en base a la Convención Única de 1961 de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, por lo que requiere un control estricto y su fiscalización”, lo que “se impide su uso generalizado con fines terapéuticos, aunque sí se permite su uso para la investigación médica y científica”. El problema, admite el Ejecutivo, es que “actualmente, en España no se han establecido programas de uso médico del cannabis. La decisión de crear programas de uso del cannabis con fines terapéuticos en España se tomará, en su caso, ponderando la evidencia que exista sobre su eficacia terapéutica y los efectos adversos del uso del cannabis”. Esto es, como sucede con el resto de medicamentos.
Nada que haya impedido a los países antes mencionados regular su sistema de cannabis medicinal (y algunos un uso recreativo también, como Uruguay, Canadá o algunos estados de EEUU), replica el OECM, que añade que la mano del Gobierno está “dar ese paso de crear programas de uso del cannabis con fines terapéuticos” y que en el país trabajan varios de los mayores expertos en investigación en cannabinoides a nivel mundial.
El Gobierno sostiene que la situación no es particular, sino mundial. “La eficacia terapéutica y seguridad del cannabis se está estudiando actualmente y todavía no existe una decisión al respecto”, señala, mientras cita que el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) “evidenció la necesidad de llevar a cabo un mayor número de investigaciones farmacológicas pre-clínicas y toxicológicas, y de ensayos clínicos apropiados que garanticen el control de la calidad, seguridad y eficacia del uso terapéutico del cannabis y sus cannabinoides, así como de estudios que permitan conocer los posibles riesgos asociados a su consumo”.
Y añade que este “no está desprovisto de riesgos”. “Los más evidentes, y que motivan su inclusión en listas de sustancias fiscalizadas como estupefacientes, son sus efectos psicoactivos y que motivan su uso recreacional: inducción de un estado de euforia, confusión, somnolencia, alteración de la percepción, etc. En ensayos clínicos los efectos adversos a corto plazo que se han registrado son mareos, sequedad de boca, desorientación, nausea, euforia, confusión y somnolencia”, cita como ejemplos, aunque admite que “la incidencia de efectos adversos graves fue baja”. Pero concluye el Ejecutivo que “algunos de los efectos adversos observados (...) también podrían darse en usuarios de cannabis medicinal”, poniendo como ejemplo “el desarrollo de dependencia y un amplio abanico de problemas físicos y de salud mental, como enfermedades respiratorias, alteraciones cognitivas (trastornos de la memoria, atención, etc.), alteraciones psiquiátricas (depresión, manía, psicosis, etc.), dependencia, aumento del riesgo de ictus o infarto de miocardio, etc.”.
Tras esta argumentación, el Gobierno vuelve al principio: la seguridad. “El uso terapéutico del cannabis debe estar sujeto a normas y garantías de calidad, seguridad y eficacia al igual que el resto de los medicamentos. A este respecto, cabe resaltar que, al igual que ocurre con otras plantas o extractos de plantas, debe fomentarse el desarrollo de estudios pre-clínicos y clínicos que permitan determinar la calidad, seguridad y eficacia y obtener medicamentos al uso que sean producidos, comercializados, prescritos y dispensados como el resto de los medicamentos”, concluye el Ejecutivo.
Los usuarios de cannabis medicinal reprochan al Ejecutivo que, en su opinión, trate de demonizar la planta. Apuntan desde el OECM que los efectos que el Gobierno señala como negativos del cannabis (euforia, confusión, somnolencia, alteración de la percepción, etc) “no difieren en absoluto de los efectos que conlleva el uso de medicamentos opiáceos, fiscalizados pero legales, o del consumo de alcohol, también legal y, en este caso, no fiscalizado”. Y añaden que el Gobierno omite en su respuesta que aunque el cannabis está efectivamente en la listas I y IV de fiscalización de la ONU, su propia rama sanitaria, la OMS, recomendó en febrero de 2020 que saliera de la lista IV (que incluye las sustancias que según la ONU no tienen valor terapéutico) y que la Comisión Europea ha recomendado a sus estados miembros que voten a favor de esta iniciativa este próximo mes de diciembre.
El Observatorio concluye señalando lo que consideran una gran paradoja en la postura del Gobierno cuando señala en su respuesta parlamentaria que ya existen medicamentos autorizados que contienen cannabis, como el Sativex o el Epidyolex, “teniendo en cuenta que durante toda la réplica se ha remarcado que hay poca evidencia del uso terapéutico del cannabis”.