El Gobierno ha troceado durante años el presupuesto de la lucha contra el dopaje deportivo de manera que decenas contratos pudieron ser adjudicados de forma directa, sin publicidad ni concurso.
Entre las materias afectadas están desde el material para realizar las pruebas, el transporte de muestras, los servicios jurídicos o la realización de los análisis adjudicados por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), que cuelga del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La Agencia ha dejado un rastro de docenas de contratos por debajo y bordeando el máximo económico de los 18.000 euros que marcaban el límite del contrato menor que las administraciones pueden encargar sin concurso ni publicidad. En ocasiones con solo días de diferencia y el mismo beneficiado. Otras veces empalmando o solapando contratos en el tiempo con el mismo objeto y la misma adjudicataria. En ocasiones encargando cometidos a sociedades con poca relación con la materia contratada.
Maquinaria jurídica externalizada
Al hablar de la lucha contra el dopaje, la primera imagen que se forma es la de los análisis, los botes con sangre o con orina de los deportistas después de una competición. La dinámica de perro y gato entre la búsqueda de sustancias que mejoren el rendimiento y los avances en la detección de compuestos ilegítimos.
Pero este esfuerzo exige una fuerte vertiente jurídica y legal. Los casos de deportistas que dan positivo en los análisis producen procesos ante tribunales específicos deportivos con sanciones, recursos apelaciones y veredictos. Incluso los hay que terminan en la jurisdicción ordinaria. Esta materia está ya regulada en España por una ley orgánica de 2013. Así que la AEPSAD, como encargada de llevar a cabo la lucha contra el doping, desarrolla toda una actividad jurídica.
Esta vertiente ha producido multitud de contrataciones con mucha adjudicación a dedo. De entrada, el estatuto por el que se crea la agencia que se aprobó con un real decreto en 2015 adjudica el asesoramiento jurídico a la Abogacía del Estado. Además, la Agencia suscribió un convenio con la Abogacía del Estado “en función de sus necesidades” como permite el mismo estatuto. Un convenio que no es gratuito: cuesta unos 30.000 euros anuales, según las cuentas de la AEPSAD. La Agencia argumenta que “no cuenta con un departamento jurídico propio” y justifica que el servicio de la Abogacía del Estado “no incluye tareas propias de la AEPSAD”.
Así que la agencia ha externalizado su actividad jurídica en abundancia. Tanto mediante empresas como con adjudicaciones a personas concretas. Así le asignó a dedo en 2014 la asistencia jurídica por un año a una sociedad llamada Servicios Profesionales SL, del grupo Sepro. Aunque en todo su catálogo de servicios no aparece nada parecido a la asesoría jurídica, esta sociedad se ha convertido en una de las principales beneficiaras de la privatización jurídica.
Su oferta profesional, según su página web, se centra en atención al público, jardinería, hostelería, gestión documental, servicios sociosanitarios, selección de personal, gestión documental, limpieza profesional, mantenimiento de instalaciones, o servicios culturales. Una amplia cartera, pero sin referencia alguna a la consultoría legal.
De hecho, esta empresa ha sido la encargada de la limpieza de los locales de la Agencia antidopaje, de parte de su gestión documental, de la revisión de sus datos de contabilidad o la grabación de datos de deportistas. No menos de 18 contratos menores y dos negociados sin publicidad desde 2014. Preguntada por esta circunstancia, la empresa ha contestado: “Los servicios consisten en la asesoría de temas normativos y tramitación de expedientes administrativos sancionadores para el responsable del área jurídica de la AEPSAD”.
Sin embargo, cuando todavía no había expirado ese contrato jurídico le llegó uno nuevo también de “consultoría” legal de cuatro meses. Y lo empalmó con otro nuevo llamado de “asistencia técnica jurídica”. Solo para este último (el único que supera los 18.000 euros y llegó a los 47.800) el Gobierno ha contestado que se despacharon 19 consultas: “Cinco jurídicas, cuatro de control de dopaje, seis de inteligencia de investigación y cuatro de educación”. Cada una le ha salido pues a la Agencia por 2.500 euros.
Cabe reseñar que los pliegos del contrato pedían profesionales con “conocimiento de la legislación deportiva, en concreto en materia de lucha contra el dopaje”. Al Ejecutivo le ha bastado con que “la empresa cuenta con dos licenciados en Derecho colegiados, ambos con experiencia en prácticas jurídicas y procedimientos” para dar por bueno el servicio.
Ya en 2017, Servicio Profesionales y Proyectos se ha llevado por el procedimiento de concesión directa otros dos contratos diferentes (y menores) de esta materia: uno para asesorar al departamento de Control de Dopaje y otro para asistir a la Unidad de Inteligencia.
Contratos particulares
La cosa no ha acabado ahí. Mientras esta sociedad empalmaba encargos jurídicos y se mantenía el convenio de asistencia con la Abogacía del Estado, la AEPSAD ha adjudicado más contratos relacionados con la asesoría jurídica mediante contratos menores encargados personas concretas.
Así la Agencia concedió en febrero de 2016 un “asesoramiento jurídico integral” a Francisco de Paula Blanco por un año y más de 15.000 euros, según la plataforma de contratación del Estado. En octubre de ese mismo año ya le adjudicaron otro contrato menor para “asesoramiento integral” que comenzaría el 1 de enero de 2017 (con el anterior aún en vigor). “Se trata de un jurista especializado en dopaje animal que se contrató ante una necesidad concreta” dice la AEPSAD. Sin embargo, actualmente está activo con este particular otro contrato con objeto idéntico y un año de duración que arrancó en enero de 2018. El currículo público de Blanco dice: “Trabajo en el departamento jurídico de la AEPSAD”.
El mismo sistema se ha repetido con los contratos asignados a discreción a Chelo Paola Rivera: un encargo de cinco meses y medio en 2017 empalmado con otro de seis meses para la segunda mitad del año que se junta con uno nuevo de un año de duración adjudicado en enero de 2018. Todos por debajo del límite económico del encargo a dedo. “Doña Chelo Paola es experta en la compilación y tratamiento de normativa del derecho internacional en materia de dopajes procedentes de organismos internacionales” justifica la agencia. Chelo Paola Rivera se presenta como “abogada de la asesoría jurídica de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte”.
Y un tercer caso similar lo componen los contratos menores para “asesoramiento externo” recibidos por Alberto Yelmo Bravo: uno el 28 de junio de 2016 durante un año y otro cuyo plazo de ejecución arrancó el 1 de enero de 2017, también de un año. Se le contrató en “un periodo comprendido en el que la AEPSAD apenas contaba con personal especializado en estos servicios”, contesta la Agencia y de manera general subraya:“La contratación se realizó en función de las necesidades. Se llevó a cabo la contratación de personal cualificado para cada ocasión.”
El presidente del Observatorio de la Contratación Pública y catedrático de Derecho Administrativo, José María Gimeno Feliu, explica que el contrato menor no se diseñó para utilizarse de forma generalizada: “Está pensado para pequeñas cosas que sobrevienen. Se ha extendido su aplicación porque no había que pedir documentos ni ofertas”. De hecho, abunda, “su utilización en el sector público ha sido demasiado intensivo”. Hasta el punto de que se ha modificado recientemente su normativa para poner coto a esta práctica.
El monopolio de los kits
El que fuera presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), y por tanto de la Agencia, según su organigrama, entre 2012 y 2016, Miguel Cardenal, ha contestado a eldiario.es que “la Agencia es un organismo autónomo, como tiene que ser y exige la normativa internacional. No estaba entre las funciones del Consejo Superior de Deportes fiscalizar su contratación”. Con su creación, la AEPSAD asumió las competencias del CSD “en relación con la protección de la salud de los deportistas” y aglutinó los trabajos de lucha contra el dopaje que recaían en diferentes departamentos.
En cuanto a la adquisición de material “para la toma de muestras para el análisis de control de dopaje”, llama la atención que la compra produjo no menos de ocho contratos en 2014. Y otros cinco el curso siguiente.Todos los de 2014 menos uno bordeando esos 18.000 euros máximos y siempre como adjudicatario la empresa D.M.S. La Agencia explica que esta sociedad es la única que puede distribuir en España los kits de recogida de muestras y que se hace “en función de las necesidades de la AEPSAD puesto que se trata de un material con fecha de caducidad”.
A pesar de que la agencia debe tener previsto el número aproximado de controles al año en virtud del Plan de Distribución de Controles exigido por la ley – que tiene que incluir “los controles que como mínimo se hayan de realizar por las Federaciones deportivas españolas tanto en competiciones oficiales de ámbito estatal como fuera de competición”, dice la normativa–, la Agencia subraya que “no es recomendable la compra de grandes cantidades” además de que “un pedido muy grande no podría ser atendido por la empresa suministradora”.
Y añade que “la empresa no hace precio especial ante pedidos de gran tamaño”. La cuestión es que el gasto de aquel 2014, en principio previsible por la planificación, de más de 120.000 euros conllevó todos esos contratos aunque era para un solo contratista, según la explicación oficial.
Sin embargo, Gimeno Feliu explica que “una buena planificación debe hacer que el contrato menor sea algo residual”. Y añade que “la gestión mediante el contrato menor de manera generalizada es muy ineficaz para los recursos públicos. El fragmentado hace que se compre al precio máximo”.
El laboratorio contra el dopaje de Madrid estuvo un año sin acreditación para hacer análisis (entre 2016 y 2017) porque la AEPSAD estaba en la lista negra de la Agencia Mundial Antidoping. La legislación española no se había adecuado al panorama internacional. Esto hizo que la Agencia recurriera a laboratorios extranjeros. Y también echó mano del contrato menor.
Uno de los elegidos fue el laboratorio de Gante (Bélgica) al que se le adjudicaron dos contratos en agosto de 2016 con cuatro días de diferencia quedándose justo al borde legal para el contrato de designación directa. Parecido ocurrió al año siguiente, en febrero de 2017, con otros dos contratos de casi 18.000 euros acordados los días 22 y 24. El esquema se repite, por ejemplo, con el laboratorio de Varsovia: el mismo día, el 5 de agosto de 2016, se hacen dos contratos: ambos al límite del contrato menor: 17.995 y 17.950 euros Y ocurre muy parecido con el centro alemán de Dresde.
“Los laboratorios tienen que analizar las muestras en diez días y tienen una capacidad limitada, solamente los indicados pudieron ofrecer sus servicios, además se eligieron los más económicos y cercanos, en Europa. Son contratos cuya vigencia, a pesar de que en el contrato aparezca un año, se dan por finalizados una vez que termina la realización de los servicios, por tanto, no existe solapamiento de contratos”, ha contestado la Agencia.