Para el Gobierno el Valle de los Caídos no tiene actualmente un significado franquista. Así lo especifica en la respuesta dos preguntas registradas el pasado mes de septiembre por el senador de Compromís Carles Mulet. En ellas la formación cuestionaba al Ejecutivo cuáles serían las medidas a tomar para “desfranquizar” y conseguir que el monumento deje de ser “un lugar de exaltación del franquismo”.
El Gobierno comienza su respuesta citando la Ley de Memoria Histórica y asegurando sobre los símbolos franquistas que “se ha cumplido el mandato legal de su retirada en el ámbito de la Administración General del Estado” y en el ámbito comunitario y municipal “se han hecho las recomendaciones oportunas, si bien es cierto que no siempre han sido atendidas”.
El Ejecutivo concluye el texto afirmando que “desde una perspectiva normativa resulta claro que el Valle de los Caídos no tiene en la actualidad el significado que sugiere el proponente”.
Para ello cita el artículo de la ley que obliga a la fundación gestora del espacio a resignificar el Valle de los Caídos: “Incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil” y “fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad”.
“Que digan que como la fundación tiene esto entre sus objetivos y, con eso, se derive según ellos que el Valle de los Caídos no es un mausoleo franquista es una reducción a lo absurdo”, sostiene Mulet. “Cualquier ciudadano puede comprobar in situ cómo la fundación no cumple con esos acometidos. Mientras las tumbas de Franco y Primo de Rivera presiden el templo, miles de cuerpos de represaliados están amontonados sin la más mínima mención ni reconocimiento”, prosigue.
Lo que el Gobierno obvia del informe que cita
El senador también señalaba al Gobierno que en el Valle de los Caídos “preside el monumento la tumba del dictador”, a lo que responde citando un informe de la Comisión de Expertos de 2011. En él se citaban “las dificultades para revertir la situación creada por los enterramientos en la Basílica”. Aunque sí reconocía los obstáculos el informe también recomendaba trasladar los restos “al lugar que designe la familia o el que se considere más adecuado”.
Para ello la comisión otorga al Gobierno la responsabilidad de “buscar los más amplios acuerdos parlamentarios. La respuesta del Ejecutivo a Mulet recuerda que cualquier actuación en el interior de la basílica ”exige una actitud de colaboración por parte de la Iglesia“, pero fue justo esto lo que la comisión recomendó en 2011 al Gobierno, que deberá ”negociar la oportuna autorización“ para trasladar los restos.
Lo que también obvia el Gobierno del PP es que dicho informe reconoce que el espacio “nace como memoria de parte”, es decir, “una memoria excluyente” e insiste en que debe ser “un lugar para la memoria de todas las víctimas”. Recomienda que “las víctimas, todas ellas iguales en valor, y no la defensa de una u otra ideología deben ocupar la centralidad del conjunto”.
Sin embargo, el PP, que completó en 2015 una legislatura de olvido económico para las exhumaciones de republicanos desaparecidos, derogó en julio de 2015 los nueve artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que hubieran permitido exhumar a las víctimas de Franco que se encuentran en el Valle de los Caídos. Pese a las demandas de los familiares de los represaliados –muchos de ellos esclavos obligados a construir la basílica– este espacio se ha mantenido intocable.
La pregunta de Compromís recuerda que el relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo Greiff, ha urgido a España a incrementar los recursos que se destinan a las víctimas, a dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 para que los crímenes puedan ser investigados y a “reconsiderar” el valle. A estas recomendaciones no responde el PP, que para las pasadas elecciones que le convirtieron en partido de gobierno no propuso ninguna medida relacionada con la memoria histórica en su programa.