870.000 inmigrantes sin papeles se quedaron sin tarjeta sanitaria de un plumazo cuando el Gobierno de Mariano Rajoy publicó su decreto para “garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” en 2012. Esto les expulsaba, especialmente, de la Atención Primaria. De los centros de salud, que son la puerta de entrada razonable a la atención médica. El decreto les dejaba acudir a urgencias. El ministro de Sanidad, Afonso Alonso ha dicho este martes que estas personas recuperarán el derecho a esta asistencia por “cuestiones de salud pública” y para no “saturar las urgencias”. Dos años y medio después de su decreto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha remachado que “parece mas sensato y razonable”.
Sin embargo, ni Rajoy, ni Alonso ni el Ministerio de Sanidad han podido concretar la manera en que este colectivo podrá recibir cuidados por parte de los médicos de Familia. Sólo han avanzado que los inmigrantes recibirán un documento provisional ligado al empadronamiento. No ha aclarado cuánto tiempo de residencia deberá acreditarse. El documento será válido por un año (renovable) y en la comunidad autónoma donde se expida, según el secretario general del Sanidad, Rubén Moreno.
Cita sin tarjeta
La Atención Primaria funciona mediante una cita que piden los pacientes en un centro de salud. Ahí se facilita la fecha y hora para que atienda el doctor. Sin tarjeta, algún documento, referencia o identificación se hace preciso para completar las agendas de los médicos. ¿A qué consultorio podrá recurrir el inmigrante? En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, funciona la libre elección de médico que permite a los usuarios escoger el profesional y el centro en el quieren ser atendidos sin importar el lugar de la región en el que vivan.
De igual manera, la idiosincrasia de esta atención lleva aparejado el seguimiento de enfermedades crónicas como la diabetes o dolencias como la hipertensión. Por eso los pacientes suelen tener un médico asignado a su tarjeta. Sin esos aspectos, aparentemente burocráticos, la efectividad médica del servicio se queda resentida.
Prescripción médica y especialista
Acudir al médico de cabecera implica poder salir de la consulta con una receta para adquirir los medicamentos prescritos. Este derecho sí estaba extinguido de acuerdo al decreto del Ejecutivo. La asistencia en urgencias no da esta posibilidad (los médicos entregan las medicinas precisas para ese momento y luego es el circuito de Primaria el que dispensa las recetas). Si los inmigrantes vuelven a pasar por los despachos de medicina de familia y se llevan algunas recetas, a pesar de que el copago existe, una parte de esos medicamentos es sufragada por el presupuesto público.
Atención Primaria es la puerta de entrada, también, a la atención especializada regular. Desde los centros se deriva a los pacientes a los servicios de especialidades donde un traumatólogo, un endocrino o un dermatólogo estudian patologías más específicas. Admitir a los, hasta ahora, excluidos en esta dinámica debe ir aparejado a la admisión en la sanidad especializada ordinaria (más allá del tratamiento urgente que sí estaba permitido mediante los hospitales).
Asunto para el Consejo Interterritorial
Dos años después del decreto que apartó a cerca de un millón de personas de la sanidad normalizada, solo nueve comunidades autónomás aplicaban de forma directa las directrices gubernamentales. Muchas regiones habían habilitado sistemas alternativos para seguir admitiendo a los inmigrantes. Incluso algún Gobierno autonómico del Partido Popular, como los de Galicia y la Comunidad Valenciana, instauraron un circuito en función del empadronamiento y los recursos económicos para que tuvieran atención primaria.
Otras, como el País Vasco, Andalucía o Asturias optaron por atender “exactamente igual” a los inmigrantes en sus centros de Salud. Cataluña habilitó un “documento exclusivo” para su sistema en el que pedía tres meses de empadronamiento a los pacientes. Canarias sostuvo tras el decreto que seguiría atendiendo a los que lo necesitaran. En Navarra, el Gobierno foral habilitó “líneas de ayuda económica” para mantener el servicio.
El presidente Rajoy parece haber asumido esta evidencia y ha dicho que “se trata de hacer una regulación igual en todos los territorios de España”. Luego ha trasladado la responsabilidad al Consejo Interterritorial de Salud donde las comunidades autónomas y el Estado cruzan sus intereses.