El Gobierno ha dado pocos detalles sobre la readmisión de inmigrantes sin papeles en la atención primaria. Pero lo que ha dejado muy claro es que “no recuperarán” la tarjeta sanitaria. Eso implica una sanidad a medias: esa tarjeta permitiría pedir atención en toda España. Incluso en la Unión Europea –a cargo del presupuesto español–, y el Ejecutivo no está dispuesto a eso. Pero, además, la tarjeta es la que hace posible que los médicos de cabecera extiendan una receta oficial para comprar medicinas. Un documento que implica la financiación, parcial, de los fármacos. Es decir, gasto farmacéutico que Sanidad no planea abonar.
“Los datos de la tarjeta son los se adhieren a esa receta si yo prescribo un antibiótico o un analgésico”, explica Paulino Ribero, médico de Primaria en Madrid y antiguo director de un centro de salud de la capital. El gasto en farmacia a través de receta ha sido una de las parcelas donde más ha actuado el Ministerio de Sanidad a la hora de recortar presupuesto. Tanto como para implantar el copago a la hora de adquirir medicinas. Tanto como para que la Comunidad de Madrid y Cataluña se sacaran de la manga una tasa especial para recetas: un euro por cada una que los pacientes presentase en las oficinas de farmacia. Sólo el afán del Ejecutivo de Mariano Rajoy por mantener intactas sus competencias echó para atrás esa medida mediante recursos ante el Tribunal Constitucional.
La reducción de esta partida ha sido uno de los argumentos esgrimidos por la Administración de forma recurrente para avalar el copago. En 2012 el dinero que se dedicó a las recetas llegó a 9.700 millones de euros. Para 2013, la cifra se quedó en 9.183 millones y provocó comentarios de satisfacción en el Ministerio de Sanidad ante “la reducción en un 6%” desde la entrada en vigor de su decreto.
Para 2014, la tendencia se quebró. El gasto fue de 9.362 millones lo que hizo que Sanidad ya calificara la situación de “estable” y echara las cuentas desde antes de la nueva normativa: “Un descenso de 1.514 millones respecto a los datos anteriores a la Reforma Sanitaria”. Este año, la cosa no ha cambiado ya que en febrero se emplearon 745 millones, un 2,56% más que el mismo mes de 2014.
“A los inmigrantes, a cada uno de ellos, no les supone un grandísimo esfuerzo porque las recetas no oficiales que les damos son para medicamentos con genéricos asequibles”, señala Ribero. Pero el volumen global es lo que está detrás de las cuentas generales. “La improvisación en este asunto está siendo total”. De hecho, el doctor explica que “ahora mismo en Madrid se les da cita muchas veces bajo el epígrafe 'extranjero sin recursos' que vale para un día. Con extender esa categoría en el tiempo ya está cubierto todo el cambio burocrático”.
Improvisación porque el decreto de abril de 2012 dejó sin sanidad ordinaria a más de 800.000 personas. “Un problema de salud pública”, se quejaron las sociedades de medicina de familia, al excluir de control médico a muchas personas con enfermedades crónicas y, sobre todo, infecciosas. Ribero repite que “los inmigrantes sin papeles que han ido llegando no presentan, normalmente, patologías del tipo de una insuficiencia cardíaca, renal o respiratoria. Han llegado a España desde muy lejos. Pero sí pueden portar patologías por infección que siguen propagándose y que sólo se han atendido al presentar episodios agudos y necesitar las urgencias. Esto es, como mínimo, tres veces más caro que ir al médico de familia”.
Tanto el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han recurrido a dos argumentos básicos para justificar esta marcha atrás: “Salud pública” y “colapso de urgencias”. Respecto al primero, fue una de las primeras críticas que se hicieron al decreto que excluyó a los inmigrantes del sistema. Enfermedades como la tuberculosis precisan ese control. De hecho, tras años de descensos, esta patología se ha estabilizado en los 5.000 casos anuales en España (por encima de la media europea).
Compromisos de pago para ser curados
En cuanto a la cuestión de las urgencias, fue la única vía de escape que el propio decreto dejó a los inmigrantes sin papeles. La norma admitía en el sistema, grosso modo, a menores, mujeres embarazadas y la atención urgente. Con todo, la ensalada normativa y el desconcierto por comunidades autónomas dispararon una retahíla de casos en los que se exigía a los inmigrantes que firmaran compromisos de pago en las admisiones de algunos hospitales.
Además, la Defensora del Pueblo, hace dos meses emitió un informe (en colaboración con los defensores autonómicos) en el que declaraba que el asunto del colapso en urgencias es ya un fenómeno permanente achacable al propio sistema. La saturación de esas unidades, según han contado a eldiario.es los profesionales sanitarios, se debe a la falta de espacio en las plantas hospitalarias para dar salida a los ingresos y a la escasez de personal con el que atender con mayor celeridad a los pacientes en el centro. No únicamente en el área de urgencias.
Este programa del Gobierno admite, en definitiva, que los planes del Ministerio se han visto superados por la realidad. Muchas comunidades autónomas lanzaron sistemas especiales para que un buen número de estos inmigrantes pudiera, a la postre, ser visto por los médicos. “Habían creado un caos con una medida sin criterio económico o técnico”, remata finalmente Paulino Ribero. Incluso Mariano Rajoy ha comentado este martes que pretenden “dar una regulación igual en todos los territorios de España”.
La respuesta será, a la postre, igual pero los inmigrantes deberán estar acotados, sanitariamente, en las comunidades donde vivan habitualmente: el documento específico para este colectivo sólo servirá para la región de resdidencia, según ha indicado el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno. Y tendrá una caducidad de un año, aunque en principio será renovable. Ahora la responsabilidad está en el Consejo Interterritorial de Salud en el que se concretará cuánto tiempo habrán tenido que estar empadronados los solicitantes para acceder a esta prestación.