El Ministerio de Educación ultima la reforma de la Lomce. El departamento de Isabel Celaá ya tiene elaborado un articulado en el que recoge las propuestas que enviaron hace un par de semanas a la comunidad educativa. Entre ellas, el Gobierno elimina el blindaje de financiación pública que la Ley Wert aportó a los colegios que segregan por sexos, priorizan la Educación Infantil como la enseñanza específica para menores de seis años.
Además, amplían el margen de las comunidades autónomas para fijar cuántas horas de clase imparten en castellano y cuántas en su lengua cooficial (las que la tengan), recuperan la Filosofía como obligatoria para todos los alumnos en Bachillerato y desaparece la Religión con una materia que influye en la nota de estos alumnos.
La modificación de la normativa aprobado sin consenso por el PP va avanzando. Tras difundir hace un par de semanas unas propuestas, el Ministerio distribuyó este lunes a la comunidad educativa el borrador de anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Este documento, al que ha accedido eldiario.es, recoge ya el nuevo articulado con el que quieren pasar página a los aspectos más lesivos de la Lomce.
Eliminan la mención a la educación que segrega por sexos que garantizaba por ley que este modelo de enseñanza “no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos”. En este borrador, se limitan a plantear que en la admisión del alumnado no “habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, pero ya no hay mención a la enseñanza diferenciada.
Compromiso con Unidos Podemos
El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió junto a Unidos Podemos a impulsar el primer ciclo de enseñanza infantil en el acuerdo que firmaron de cara a los presupuestos del próximo año. A la espera de que el Ejecutivo pueda sacar unas cuentas adelante, en este borrador incluyen un apartado en el que se da mayor relevancia a este tramo. “La atención educativa a los niños y niñas de cero a seis años se realizará específicamente a través de la educación infantil”, proponen añadir en el articulado. Aunque mantienen que esta etapa “tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social y cognitivo de los niños y niñas”.
El nuevo proyecto de ley deja más margen a las comunidades autónomas para fijar cuántas horas de clase imparten en castellano y cuántas en su lengua cooficial (las que la tengan). Esto supone rebajar la presión sobre la inmersión lingüística que introdujo Wert. Si bien la LOMCE también concedía a las comunidades autónomas margen para determinar la lengua vehicular, acto seguido precisaba que la proporción de castellano debía ser “razonable”. De esta forma, impedía de facto que las clases fueran íntegramente en catalán, como se hace en Catalunya.
Esa “proporción razonable” fue de hecho uno de los fundamentos en los que se basaron los jueces para fijar el controvertido 25% de castellano si un alumno lo pedía. Ante las peticiones de familias en Catalunya de que sus hijos estudiaran más horas en castellano, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) interpretó como “razonable”, de acuerdo con la LOMCE, que al menos se les garantizara una de cada cuatro horas en castellano, es decir, una asignatura además de la de Lengua.
Por otro lado, el nuevo proyecto mantiene el “derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales”, algo que también introdujo Wert. “Las Administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes”, concluye.
De lo que ya no quedar rastro en el nuevo documento es la opción que inventó Wert para que la Generalitat costeara la matrícula en la privada a las familias que buscaran sin éxito clases en castellano en la pública. El Tribunal Constitucional lo tumbó en febrero pasado.
Desparece la mención de la “demanda social”
Por otro lado, en el nuevo articulado desaparece la mención a la demanda social como uno de las factores que tendrán en cuenta las administraciones para programar y ofertar plazas en los centros concertados. En este anteproyecto apuestan por planificar “la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población”. Desde los colectivos de educación concertada critican este posicionamiento, ya que aseguran que “supone omitir cualquier referencia a la libertad de enseñanza”.
La selección de los directores volverá a quedar en manos de los colegios, y no de la Administración, con el nuevo proyecto legislativo. A partir de ahora, la Comisión que evalúe el concurso de méritos para acceder a la plaza de director estará formada en un tercio por miembros del claustro de profesores y otro tercio del Consejo Escolar. Esto significa que más de la mitad de los integrantes pertenecerán al centro educativo. Con la ley Wert, la representación de Claustro y Consejo Escolar era inferior al 50%, lo que daba la última palabra a la Administración.
Una de las críticas a la LOMCE es que dejaba el Consejo Escolar, máximo órgano de representación de la comunidad educativo, en un ente más consultivo que vinculante. El nuevo proyecto deshace este camino y le devuelve algunas de las competencias que tenía históricamente. Al Consejo Escolar le corresponde “aprobar” -y no “evaluar”, como establecía la LOMCE- los proyectos pedagógicos y las normas de funcionamiento del centro que se contemplan dentro de la autonomía de los centros. Los mismo para la planificación y la organización docente del colegio. Hasta ahora estas eran atribuciones del director.