La crisis post COVID-19 alienta el viejo urbanismo camuflado de golf con la costa y la naturaleza como reclamo

Golf y ladrillo. El binomio se ha reactivado y la crisis económica que trae la pandemia de COVID-19 es un campo abonado para que resurjan viejos proyectos inmobiliarios por la costa desde las inmediaciones del Desierto de Tabernas a la linde del Parque Nacional de Doñana que llevaban años aletargados.

La fórmula es antigua: el reclamo se basa en el litoral, el sol y naturaleza. La justificación es el impulso económico. El envoltorio es el golf y el turismo. Todas las coordenadas conducen a los 1.000 kilómetros de costa de la Comunidad Autónoma de Andalucía que combina una temperatura media anual de 19-20ºC y supera ampliamente las 3.000 horas de sol al año (son los líderes), según el Anuario Estadístico de España del INE. Así se han reactivado cinco nuevos campos de golf a lo largo del litoral andaluz con sus promociones inmobiliarias adheridas y que se ajustan a este patrón. Se trata de proyectos individuales, sin vinculación entre ellos, pero que, puestos en perspectiva, trazan un barrido de Este a Oeste en el que se aplica la misma receta, ante la expectativa de que las autoridades la favorezcan por motivos económicos.

El más reciente es el proyecto ubicado al lado de los acantilados de Maro en Nerja (Málaga). El Ayuntamiento reimpulsó en marzo de este año, en pleno estado de alarma, el convenio que tenía guardado con la empresa Sociedad Azucarera Larios para recalificar los terrenos pensados para construir un campo de golf, un hotel de lujo y 680 viviendas. El suelo tiene que recalificarse porque ha tenido especial protección agrícola y con ese convenio se saldaría la deuda que el Ayuntamiento tiene con la empresa por sucesivas cesiones de suelos recibidas por el municipio para dotaciones. Maro es una zona muy poco alterada y parte de ella está declarada Bien de Interés Cultural por el paisaje pintoresco.

Sin embargo, las convulsiones internas de la sociedad promotora ponen dudas sobre el objetivo del proyecto. El holding matriz agrupa a los herederos del marqués de Larios, pero lejos de ir a una en el plan Maro, están a la gresca. Las hijas y la esposa quieren que se disuelva esta sociedad y han llevado el litigio al Tribunal Constitucional. La cuarta parte, un hijo fruto de otro matrimonio, es el que impulsa la promoción inmobiliaria. Las mujeres consideran que no hay dinero para hacer ese proyecto, según declaraciones a El País. Con este panorama, la plataforma de oposición Otro Maro piensa que el proyecto tiene pinta de ser una operación con fines especulativos: los suelos, una vez convertidos en urbanizables, podrían venderse por mucho más dinero a quien quiera desarrollar el proyecto.

Un poco más al Este, en el municipio almeriense de Sorbas junto al paraje protegido de Desierto de Tabernas, ha resucitado un viejo plan diseñado en 2002 por la sociedad irlandesa Golf Sorbas Canyon: se reactivó en 2019 después de que la Junta de Andalucía publicara el expediente para declararlo “de interés turístico”. Suena a lo mismo: 18 hoyos, un hotel de cinco estrellas, siete apartoteles y una urbanización de 450 viviendas unifamiliares. Supondría doblar la población del municipio que está en los 2.300 habitantes. Aunque la memoria del plan afirma que son una alternativa al golf de costa, la realidad es que están a 30 minutos en coche de las playas de Mojácar (Almería).

Tanto la urbanización como el campo se asientan en una de las zonas más áridas de Europa. Los documentos aseguran que el agua que utilicen será “regenerada” o “de escorrentía” hasta que les llegue el líquido desde la desaladora de Carboneras, situada a 25 kilómetros. El hidrogeólogo José María Calaforra alega que ese cálculo “es un ejercicio de contabilidad tan creativa que es pura fantasía”. De hecho, hay mucha demanda sobre esa instalación desaladora: los regantes de la comarca se aferran también a un envío desde Carboneras para sustituir las extracciones que realizan del acuífero del río Aguas declaradas oficialmente “insostenibles” y que motivaron en 2018 un plan especial para intentar salvar el depósito.

Reformas legales recientes

A Sorbas Canyon ya no le hace falta esperar el trámite de interés turístico, una declaración que permitía desarrollos urbanísticos adheridos al campo de golf si obtenía el sello de que iba a atraer visitantes. Conseguirlo implicaba pasar por un expediente y una revisión por parte del Ejecutivo autonómico. Pero la figura ha desaparecido en la batería de reformas múltiples de normas que introdujo el Gobierno andaluz a principios de año. La mayoría de los proyectos de este tipo que se presentaban terminaban por no cumplir los requisitos. Evaporado ese trámite ante el Ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento tiene plena competencia para impulsar el plan.

“Le dan la batuta a los municipios y la garantía ambiental se diluye, porque a los ayuntamientos les sale muy rentable durante cuatro años”, analiza la encargada de biodiversidad de Greenpeace, Pilar Marcos, sobre estas modificaciones ambientales.

Siguiendo la línea de costa, en Mijas (Málaga), la promotora inmobiliaria Logarma SL ideó en 2016 un resort al abrigo de un campo de golf al que le unió un centro de hípica, un hotel y más de 300 viviendas turísticas. El espacio para dotaciones públicas sería del 8% sobre el millón de metros cuadrados del sector urbanístico. El objetivo declarado era atraer visitantes “de alto nivel”. Una vez más, la promotora pidió ser declarado de interés a finales de ese año para avanzar. Finalmente, la Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla se lo concedió en julio de 2019 (meses antes de que se derogara la figura legal).

Al arrancar el proyecto contaba con el apoyo de la Alcaldía de Juan Carlos Maldonado (Ciudadanos) que se basaba en los puestos de trabajo que crearía. Maldonado no revalidó su puesto en 2019, pero sí está en el equipo de Gobierno al ser designado primer teniente de alcalde del socialista Josele González. No es que la zona esté desprovista de este tipo de instalaciones deportivas, ya que en terrenos del término municipal hay no menos de una decena de campos de golf.

En el Atlántico, también

El primer campo que fue considerado de interés oficialmente fue el del proyecto Següesal Golf Resort en Barbate (Cádiz), ya en el litoral atlántico. La declaración se hizo en 2011 y los planes han estado aletargados casi una década hasta su reactivación actual. Los planos han dibujado junto a los campos de golf 956 apartamentos, 734 viviendas, hoteles y centros comerciales. El complejo linda con otro espacio natural protegido: el parque natural Pinar de la Breña, que quedaría cerrado por su parte Norte por esta megaurbanización. El consejero de Medio Ambiente en esos momentos, Juan José Díaz Trillo, lo calificó “turismo sostenible”, pero su desarrollo se quedó hibernando mientras duró la crisis financiera.

El proyecto es de la empresa Bogaris, que se define como “especializada en la promoción de grandes superficies comerciales, logísticas e industriales”. Son más de tres millones metros cuadrados, que necesitan recalificación y modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Al completarse, había cuadruplicado el núcleo urbano actual de Barbate. La modificación urbanística ha contado con el impulso del Ayuntamiento y la pelota está en el tejado del Gobierno autonómico, que tiene que conceder (o no) la declaración ambiental estratégica.

También en Cádiz, pero mucho más cerca de Huelva, al borde mismo de Doñana, el Ayuntamiento de Trebujena quiere que se construya un campo de golf con sus correspondientes 350 viviendas. La parcela prácticamente linda con el río Guadalquivir que conforma el límite del Espacio Protegido de Doñana, en la confluencia del parque nacional y la franja periférica de protección. Como en todo este periplo entre golfista e inmobiliario, el diseño se remonta a 2003.

Lo que en un principio se pensó como un campo deportivo derivó en una modificación del Plan General para añadirle la posibilidad de edificar, entre otras cosas, 300 villas en algo más de dos millones de metros cuadrados. El Ayuntamiento firmó un convenio con la promotora belga Zanona que abonaría unos cinco millones de euros cuando se recalificaran los terrenos del diseño sobre los que tenía la opción de compra. El PGOU se cambió en 2007.

Y, otra vez, este plan quedó en suspenso. De hecho, paso a manos de otra sociedad llamada Costa Guadalquivir S.L. Al reavivarse, provocó una lista de alegaciones en contra que debían repasarse en el pleno de octubre pasado. Pero el pleno municipal donde debían revisarse las alegaciones nunca se celebró.El alcalde, José Rodríguez (IU) suspendió la reunión y ha remitido el expediente a la Junta, que tiene que dar el visto bueno ambiental.

Para Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, este viaje de oriente a poniente y del Mediterráneo al Atlántico evidencia que “se quiere revivir el modelo” urbanístico que derivó en la crisis de 2011. La fórmula de urbanización y golf supone, explican en esta organización “un consumo muy grande territorio para un uso muy minoritario”.