La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, ha planteado hoy si la Universidad debe evolucionar de un sistema de becas hacia otro de préstamos, y si la financiación universitaria debería tener un componente privado mayor.
En un desayuno informativo de la tribuna Fórum Europa, donde ha sido presentada por el rector de la UIMP, César Nombela, Gomendio se ha preguntado si se debe seguir con un sistema de becas donde los estudiantes reciben unas cuantías importantes de dinero que no tienen que devolver o evolucionar hacia un sistema de préstamos.
Ha puesto como ejemplo el sistema universitario británico, donde tienen que devolver –“en cómodos plazos y sin intereses”– el dinero aquellos alumnos que han conseguido después un empleo que les supone más de 21.000 libras al año.
Ha señalado que el sistema universitario ha crecido exponencialmente en los últimos años, suponiendo un coste “muy elevado”; “no es cuestión de gratuito o no, sino de quién lo paga, cómo y cuándo”, según Gomendio.
“El Ministerio no ha tomado ninguna decisión al respecto pero es una de las cuestiones que tenemos que valorar”, ha añadido Gomendio.
El castellano en la LOMCE
Gomendio ha comentado también la valoración del Consejo de Estado sobre el decreto de la enseñanza en castellano de la LOMCE. La secretaria de Estado considera que el informe del organismo es “favorable” en este sentido, a pesar que que el informe pide rehacer el decreto que prevé que la Administración pague una escuela privada para alumnos que elijan el castellano como lengua vehicular.
Gomendio ha destacado que el Ministerio de Educación está “satisfecho” con el dictámen del Consejo de Estado y que no hay “problema” sobre la observación hecha respecto al tema de la enseñanza en castellano.
Ha especificado que solo hay dos observaciones al contenido del real decreto que desarrolla dicha disposición, una sobre que no se había detallado el porcentaje de asignaturas que se deben dar en castellano en las comunidades con lengua cooficial, y otra sobre el coste de un centro privado para aquellos alumnos que no puedan estudiar en castellano como lengua vehicular en un centro público.
Gomendio ha explicado que se ha cambiado la memoria económica de la Lomce para incluir el coste de escolarización de un alumno, y se ha especificado que son las autonomías y no el Ministerio quienes deben fijar el porcentaje de materia a impartir en una u otra lengua.
Ha recordado que la disposición adicional 38 responde solo al problema que surge en aquella comunidad -Cataluña- donde no existe un sistema integrado bilingüe o trilingüe donde haya una distribución “razonable” del idioma a utilizar en las asignaturas.
Gomendio ha recalcado que lo que marca la Lomce da cumplimiento al derecho de las familias a elegir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos, tal y como les reconoce el Tribunal Constitucional.
La Lomce determina que aquellos alumnos que no tengan en su comunidad un colegio público o concertado donde recibir educación en castellano como lengua vehicular vayan a uno privado y el coste sea asumido por dicha autonomía tras adelantarlo Educación.
Preguntada sobre qué va a pasar si alguna comunidad autónoma no aplica la Lomce, Gomendio ha enfatizado que las leyes orgánicas son de obligado cumplimiento.
La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, exigió ayer al Gobierno que “acate” las recomendaciones del dictamen del Consejo de Estado. En declaraciones en los pasillos del Parlament, Rigau consideró que no se ha calculado bien el coste de la medida prevista por la ley para sufragar los gastos de la escuela privada ni los límites de lo que le tocaría pagar a la comunidad autónoma.