Erre que erre, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha afirmado en el Congreso que España tiene unas tasas universitarias baratas, un porcentaje de acceso a la universidad muy elevado y que es necesario plantear un debate en torno al sistema de financiación universitaria. La número dos de Educación volvió a deslizar que la mayoría de los países europeos tienen, en paralelo a las becas, un sistema de préstamos y que éste permitiría aumentar el acceso a la universidad, aunque después afirmó que ella no propone ningún modelo concreto.
Como cada vez que comparece en el Congreso, Gomendio se ha pasado la tarde defendiéndose de las acusaciones de la oposición en bloque, que le afeó las últimas decisiones del Gobierno en materia educativa. PSOE, CiU, UPyD y el Grupo Mixto —la Izquierda Plural lo habría hecho, según su postura habitual, pero no pudo acudir a la Comisión porque había otras convocadas al mismo tiempo— reprocharon a Gomendio el decreto que abrió la puerta al cambio en las estructuras de los grados y máster universitarios hacia el famoso 3+2 y el proyecto del ministerio de contratar a 2.000 becarios para que realicen tareas de apoyo en clase a los a alumnos con problemas.
“Un debate sosegado”
Gomendio se mostró sorprendida por el revuelo que levantaron sus palabras de hace unas semanas en las que decía que el sistema universitario es “insostenible”, y pidió que se produzca un debate “sosegado” sobre la financiación universitaria. Pero a la vez insistió en su discurso: las tasas universitarias en España son muy bajas, el acceso es muy elevado y además la universidad “no ofrece los beneficios” que se espera de ella en forma de formación y protección contra el desempleo a los egresados. Según Gomendio, “la crisis juega un papel” en que el paro entre los jóvenes haya pasado desde 2008 a 2013 del 24,6% al 53%, pero también se debe a que los estudiantes universitarios “tienen un nivel de competencias muy inferior al de los estudiantes de otros países”, según PIACC (el PISA de los adultos). De que España tenga la segunda tasa de paro más alta de Europa, ni una palabra.
La número dos de Educación afirmó que es “razonable” preguntarse quién debe pagar la universidad, si el alumno o la sociedad vía impuestos. Y hasta en dos ocasiones recalcó que “cada vez más se implementa” un sistema de préstamos para familias “no tan desfavorecidas” socioeconómicamente que en España no existe y que este permitiría al sistema universitario “seguir creciendo”, que debe ser su fin, según defendió.
La secretaria de Estado no sostuvo sus afirmaciones con datos. Y los expertos los desmienten. Las tasas en España no son tan baratas, y menos después de que el Gobierno permitiera a las Comunidades Autónomas elevarlas hasta que cubran un 25% del coste real de la matrícula, aseguran. Según Vera Sacristán, experta en financiación de la Politécnica de Catalunya y que ha elaborado un estudio comparativo a nivel europeo, España es el séptimo país más caro de la UE una vez armonizado el poder adquisitivo.
La oposición reprochó a Gomendio que los cambios que propone Educación apuntan hacia una “liberalización y privatización” de la universidad. El decreto del 3+2, explicó Rosana Pérez Fernández, de BNG, provocará que se acelere el creciente traspaso de estudiantes de la universidad pública a la privada, que maneja una mayor oferta de másters. Según los datos de esta diputada, entre 2005 y 2012 el número de alumnos de las universidades privadas ha pasado del 9% al 13%.
Rechazo a los becarios
El otro gran tema de la tarde fue el programa por el que el Ministerio de Educación contratará 2.000 becarios para que realicen tareas de apoyo a los profesores en los colegios que más lo necesiten. La oposición en bloque expresó su satisfacción —con ironía— por el hecho de que el ministerio haya encontrado 22 millones de euros para dedicar a este proyecto tras años de recortes, pero mostró sus dudas de que sea adecuado. Mario Bedera, del PSOE, calificó de “ocurrencia e improvisación” la medida, y destacó que “ni uno de los cinco sindicatos, de un extremo político a otro, ha entendido la medida ni le ha parecido bien”, y recordó que en estos años han de recortes han desaparecido 24.000 docentes. Enrique Álvarez Sostres, del Foro Asturias, afirmó que el apoyo en las aulas a estudiantes con problemas educativos “es demasiado importante como para dejárselo a un becario”. Martí Barberá, de CiU, advirtió contra la carga que puede suponer para los profesores controlar a estos becarios y afirmó que harían falta “especialistas”.
Gomendio replicó que este tipo de proyectos se han probado con éxito en otros países, que no citó, aunque afirmó tener la documentación que lo prueba. Y reveló algunos detalles más del plan. Los recién egresados tendrán una beca de seis meses y medio y ganarán algo más de mil euros. Entre sus labores, además de apoyar al profesor de turno, estará “hacer proyectos de investigación en pedagogía que analicen qué estrategias de los docentes tienen impacto en los alumnos y cuáles no”. En otras palabras, los becarios fiscalizarán de alguna manera la labor de los profesores.