El amplio dispositivo policial desplegado en Tordesillas el pasado martes con motivo de la celebración del Toro de la Vega, con la presencia de 260 agentes de la Guardia Civil y un helicóptero para filmar y vigilar desde el aire, sigue recabando críticas de los colectivos animalistas y de los manifestantes que se desplazaron hasta la localidad vallisoletana para exigir la abolición del torneo.
Los graves incidentes y altercados violentos que se produjeron como consecuencia del enfrentamiento entre los defensores de la fiesta y los antitaurinos provocaron que un total de 15 personas tuvieran que ser atendidas por los equipos de Cruz Roja desplazados a la zona, unos enfrentamientos que tuvieron lugar a escasos metros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no intervinieron hasta la muerte del astado y la finalización del Toro de la Vega, y que saldaron su actuación con dos únicas detenciones.
Pese a esto, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha reiterado públicamente que los 260 agentes desplegados en Tordesillas “cumplieron en todo momento con su obligación, lo cual ha quedado demostrado en la disminución del numero de incidentes”. Según la Benemérita, la edición del Toro de la Vega de 2015 está “muy lejos” del nivel de violencia que se desató el pasado año.
Una valoración que rechazan de plano los colectivos abolicionistas, que denuncian “amenazas, agresiones, pedradas, golpes e insultos” reiterados por parte de los vecinos del pueblo “con la connivencia” de las fuerzas de seguridad, según relatan a eldiario.es veteranos animalistas que acudieron a Tordesillas. Unos hechos que se suman a las dificultades que tuvieron para trabajar los periodistas y reporteros de los medios de comunicación que cubrieron los hechos.
Situaciones de alto riesgo
El dispositivo policial que tomó las calles de Tordesillas desde primera hora de la mañana realizó centenares de registros “aleatorios”, según la Guardia Civil, que llevaron a algunos manifestantes y periodistas -también a eldiario.es- a tener que ser identificados o cacheados y a enseñar sus equipos de trabajo y grabación hasta tres veces en pocos minutos para poder acceder a la ribera del Río Duero en la que se celebra el torneo.
Esta actitud llevó a muchos abolicionistas a mostrar su rechazo ante las fuerzas del orden, por lo que consideraban un “claro trato de favor” ante los jóvenes y vecinos del pueblo, que pudieron moverse por la zona y las calles aledañas “sin ningún tipo de reparo policial”, pese a estar en posesión de lanzas, palos, bastones y botellas, objetos que en algunos casos fueron utilizados posteriormente para agredir a los manifestantes, tal y como pudieron observar los periodistas de este periódico que se encargaron de la cobertura.
Además, desde el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), muy involucrado en las acciones contra la celebración del Toro de la Vega, critican que las autoridades dieran permiso para soltar a Rompesuelas, el toro que murió alanceado, mientras cientos de personas permanecían concentradas, algunas de ellas atadas o con grilletes, sin dar la orden de desalojar. “Aparte de la negligencia que supone, sospechamos que pudo ser premeditado y estuvo a punto de costar vidas”, sostiene Silvia Barquero, portavoz de PACMA.
Además, como no había protección policial en el lugar en el que comenzaba el encierro y en el que se mantuvieron hasta el último momento los manifestantes, la estampida que se produjo en el momento en el que llegó el toro provocó caídas, empujones y múltiples golpes. Con un riesgo añadido: muchos de los defensores del festejo, tras las vallas de seguridad, impidieron a los animalistas y a los reporteros que estaban grabando protegerse tras los burladeros.
Denuncias al alcalde y al Ayuntamiento
Desde el PACMA también recuerdan que enviaron a varios fotoperiodistas a documentar el Toro de la Vega y que sus fotógrafos y cámaras fueron “agredidos y amenazados por los lanceros, e incluso por el propio concejal de Festejos, Javier Campos Rodríguez”, que en presencia de la Policía impidió a uno de sus cámaras seguir grabando y bajo amenazas y empujones le obligó a entregar la tarjeta gráfica con todo el material obtenido, que le invitó a recoger en el Ayuntamiento, tal y como recoge el video difundido por la formación.
De hecho, el periodista y director de la Fundación ProVegan, que participó en la cobertura, denunciará las amenazas y agresiones recibidas, así como que se le impidió ejercer libremente su profesión, “documentando un espectáculo público autorizado en una zona de libre acceso”.
Asimismo, PACMA denunciará también las “irregularidades” cometidas durante el torneo, así como el incumplimiento del protocolo de seguridad, al dar salida a Rompesuelas cuando cientos de personas, entre manifestantes y periodistas, se encontraban en el recorrido, “lo que podría haber desencadenado consecuencias fatales”.
Sus denuncias, que presentarán en las próximas horas ante los tribunales, irán dirigidas contra el alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela (PSOE), y contra el Ayuntamiento, como responsable civil subsidiario.