De la playa en Barcelona al cauce del Tajo: crece la presión contra los planes para hacer miles de pisos en zonas inundables

En España se ha construido demasiado en zonas inundables. Pocos ponen en duda hoy los excesos del ladrillo, en especial en el litoral mediterráneo, cuando la última gota fría de València se ha cobrado ya más de 200 víctimas mortales. Sin embargo, todavía existen proyectos urbanísticos en fase de diseño o ya validados, con miles de viviendas e incluso barrios enteros, que se despliegan cerca de ríos y playas. 

Las riadas sin apenas precedentes de València han aumentado la presión sobre algunos de estos planes. Colectivos vecinales y ecologistas exigen que no se construyan más zonas anegables. Mientras tanto, algunos urbanistas e ingenieros se abren a endurecer los requisitos, al tiempo que matizan que la legislación actual es mucho más restrictiva que la de los años de la barra libre y que existen medidas de protección a estudiar en algunos casos. 

Desde el litoral barcelonés, donde están aprobadas casi 2.000 viviendas entre el río Besòs y la playa, hasta la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en la que se pretende levantar una nueva sede del Guggenheim, o un hotel a orillas del Tajo a su paso por Toledo, la lista de proyectos afectados es larga.

No solo el ecologismo pide que se revisen. En Sevilla, donde el gran caramelo urbanístico de Tablada discurre al lado del Guadalquivir, ha sido el alcalde el que ha echado el freno. “Si hay zonas inundables, más vale olvidarse”, señaló José Luis Sanz tras la catástrofe valenciana. 

La entidad más contundente a la hora de exigir “ni un ladrillo más” en perímetros anegables ha sido Ecologistas en Acción. “Hay que ser tajante: con lo que ya se ha edificado y viendo cómo se agravan los fenómenos con el cambio climático, hay que prohibirlo directamente en esas zonas”, señala su portavoz, Érika González. 

En Catalunya, la asociación ha reclamado una moratoria para nuevos planes urbanísticos en áreas de riesgo aunque sea bajo. El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció que revisarán todas las actividades que se desarrollan en zonas inundables, pero no concretó más. Está por ver si esas palabras se traducirán en la paralización de algún plan en marcha. El más polémico es sin duda la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, defendida por el PSC pese a estar en el Delta del Llobregat y afectar a una laguna.

Con todo, en las dos últimas décadas distintas regulaciones, comenzando por la Ley del Suelo y hasta la definición de las Zonas de Flujo Preferente –donde la avenida puede ser más peligrosa–, han estrechado el margen para construir. “Ahora mismo los trámites son largos y las administraciones, más restrictivas, porque saben que se la juegan”, señala Julián Galindo, arquitecto y profesor de Urbanismo, Territorio y Paisaje de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

Este y otros urbanistas consultados no son tan contundentes a la hora de impugnar toda edificación en cualquier zona inundable, y recuerdan que los proyectos, tanto si son en suelo ya urbano como si se trata de grandes transformaciones de terreno, requieren de informes de Protección Civil y de la autoridad competente en gestión de aguas.

“Tenemos mucha mejor capacidad de gestión que hace 60 años, pero al mismo tiempo los fenómenos meteorológicos con el cambio climático tienen un impacto que requiere de mayor complejidad en las medidas a adoptar”, apunta la geógrafa y urbanista Helena Cruz. 

Ahora mismo, señalan estos expertos, hay comunidades autónomas en las que es muy difícil que se acepten proyectos en zonas de riesgo elevado. Y piden que no se tenga solo en cuenta el llamado período de retorno (la probabilidad con que puede ocurrir una riada, que suele ir de 10 o 500 años). Por ejemplo, de forma muy resumida, advierte Galindo, es peor edificar en una zona de frecuencia baja pero donde el agua baja con violencia –como los torrentes mediterráneos– que en un área más proclive a las avenidas pero de ríos mejor monitorizados y rodeados de terrenos con mayor capacidad para absorber el agua. 

Cuatro ejemplos solo en el área de Barcelona

Solo en el área metropolitana de Barcelona están sobre la mesa al menos cuatro planificaciones en zona inundable, cada una en distinta fase de tramitación pero todas con un elemento en común: la oposición de plataformas vecinales y ambientalistas. El más emblemático y también avanzado es el que prevé levantar 1.800 viviendas, además de otros equipamientos y un polo audiovisual, en los alrededores de las Tres Chimeneas, en Sant Adrià del Besòs. 

El Plan Director Urbanístico (PDU) está aprobado, pero la plataforma Entesa para un Gran Parque Litoral lo ha recurrido ante la Justicia por estar en zona inundable marítima y fluvial, puesto que está al lado del río Besòs y a primera línea de mar. A la espera de sentencia, la validación del plan ha ido acompañada de una serie de requisitos, como la elevación de cotas de hasta cinco metros, la instalación de una marisma para laminar el agua o la incorporación de un sistema de alertas. 

Los otros ejemplos de Barcelona, una ciudad condicionada por su alta densidad y los problemas de acceso a la vivienda, están en Mollet del Vallès (un plan con 2.800 nuevos pisos), Cornellà de Llobregat (el Ribera-Salines, con 2.400 viviendas al lado del río Llobregat) y Rubí. Este último plan es más modesto, de tan solo tres bloques de viviendas, pero a orillas de una de las rieras que se desbordó con violencia en 1962 y dejó entre 600 y 1.000 muertos, lo que ha provocado el rechazo de vecinos y oposición política. 

Murcia y Balears: choque por la regulación

Además de los planes urbanísticos, en algunas comunidades autónomas el conflicto se eleva directamente a las regulaciones que afectan a zonas inundables. Ocurre en Balears y sobre todo de Murcia, la región con más zonas anegables de España. En el primer caso, la Ley de Simplificación Administrativa impulsada por el PP, ahora en trámite parlamentario, dará vía libre a la edificación en suelo rústico, lo que la entidad Terraferida estima que podría afectar a más de 570 parcelas en zonas inundables. 

En Murcia, la disputa viene de lejos. En 2022, El Gobierno regional acusó a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de elaborar un mapa de inundabilidad “muy extensivo” y que obligaba a paralizar “toda la construcción en la ciudad”. Tras un período de alegaciones, y con las quejas también del sector de la construcción, la CHS acabó revisando a la baja un total de 1.600 hectáreas anegables. 

Aun así, la capital murciana sigue teniendo facilidades para edificar. La consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio aprobó una normativa para permitir la construcción en Zonas de Flujo Preferente para aquellos municipios que tengan más un tercio de su superficie en esos perímetros, lo que les impide orientar futuros desarrollos hacia zonas no inundables. De hecho, esto es una posibilidad que contempla la legislación estatal.

Casos en Alicante, Valladolid, Toledo y el Urdaibai

Uno de los planes que más polvareda ha levantado en los últimos tiempos está justamente en la Comunitat Valenciana. Se trata del crecimiento de Guardamar del Segura, donde desemboca el río del mismo nombre. Prevén urbanizar una zona que linda con humedales, que aspira a albergar 1.000 nuevas viviendas y que, para más inri, cuenta con una parte del perímetro afectada por el nivel 2 (el segundo con mayor peligrosidad de los 6 que hay) del plan contra inundaciones valenciano (Patricova). La entidad Amigos de los Humedales (AHSA) del Sur de Alicante ya ha presentado alegaciones al proyecto.

Lejos del litoral, en el interior de la península, también existen desarrollos en zona anegable en los que estos días la oposición ha subido varios grados. A 25 kilómetros de Valladolid, en el pueblo de La Pedraja del Portillo, de apenas 1.000 habitantes, se proyectan más de 1.200 viviendas en una macrourbanización que rechazan no solo los ecologistas, sino también de los técnicos locales. La inundabilidad es en este caso uno de los diversos argumentos medioambientales que esgrimen sus detractores.

En Toledo se apuesta también por nuevos desarrollos y uno de ellos, el Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM) del puente de la Cava, contempla levantar un hotel de lujo al lado del Tajo. Frente a los promotores que defienden la iniciativa, existe el rechazo de asociaciones de vecinos, colectivos ecologistas, urbanistas e incluso expertos de la Cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Estos últimos elaboraron un informe en el que advierten de que el hotel y otras instalaciones se ubicarían en zonas donde se concentra “preferentemente” el agua durante las riadas (la llamada Zona de Flujo Preferente).

Por último, está el caso del Museo Guggenheim y sus dos nuevas sedes en el País Vasco, ambas en zona anegable. Aunque por ahora es solo un proyecto, si se materializa estarán literalmente a pie de agua, unidas por un corredor verde entre las localidades de Gernika y Murueta. 

La sede de Gernika sería la antigua fábrica de cubiertos Dalia, justo en una de las riberas del río Oka. La Agencia Vasca del Agua (URA) ya ha advertido en un informe remitido al Parlamento Vasco de la “importante situación de riesgo” de inundabilidad del emplazamiento, aunque con las medidas recomendadas el Gobierno considera que puede tirar adelante con el plan. 

En cuanto a la segunda sede, la de Murueta, en plena Reserva de la Biosfera del Urdaibai, la Dirección de Costas accedió a la petición de la Diputación Foral de Bizkaia de reducir la protección de la costa a solo 20 metros frente a los 100 que estaban establecidos anteriormente. Entidades como Greenpeace y plataformas locales ya lo han llevado a los tribunales. 

Para este reportaje han colaborado los periodistas Carmen Bachiller, Javier Ayuso, Belén Ferreras, Elisa Almagro y Esther Ballesteros.