El 21 de enero de 2020 el Consejo de Ministros declaró oficialmente la emergencia climática en España. A finales de mayo pasado entraba el proyecto de ley de Cambio Climático en el Congreso de los Diputados. Este jueves ha sido aprobada definitivamente por el Congreso: España tiene al fin una norma para afrontar el calentamiento global del planeta. han pasado más de cinco años desde el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.
La ley aborda la lucha contra el cambio climático, pero, en definitiva, atravesará muchos aspectos de la vida cotidiana de la ciudadanía: encender el interruptor de la luz cada día, los desplazamientos para ir a trabajar, de visita o por ocio. La manera de producir y transportar de las empresas, las viviendas, la disponibilidad de agua de calidad o la protección ante fenómenos meteorológicos adversos cada vez más frecuentes.
Se trata de rebajar la causa del calentamiento global y adaptar el país a los cambios que la alteración del clima ya está produciendo. Además, muchos de los cambios que conlleva esta transición se han convertido en proyectos adecuados para captar fondos europeos activados para la recuperación de la pandemia de COVID-19. “Hacer de la recuperación europea un Green Deal”, escribían diez ministros y ministras de Medio Ambiente europeos el 9 de abril pasado, en medio del confinamiento por el embate del SARS-CoV-2.
Reducir la causa: España tiene que recortar las emisiones
La causa del cambio climático en el planeta es el efecto invernadero que generan la costra de gases acumulada en la atmósfera por quemar combustibles fósiles para obtener energía, las emisiones de la gigantesca cabaña ganadera o la deforestación masiva. El calor del sol no puede escapar y se acumula en la Tierra. Así que el pilar de esta ley es obligar a que España sea “neutra climáticamente” en 2050. Esto significa que la resta entre la cantidad de gases de efecto invernadero que lanza a la atmósfera y la cantidad que se retiene (como lo captado por los bosques) debe dar cero.
La estrategia depende en gran medida de que se reduzca mucho la emisión de CO2: lo absorbido en 2019 fue solo un 10% de todo lo expulsado. La ley establece que la rebaja sea, en 2030, de un 23% respecto a lo que se emitía en 1990. Después haría falta un acelerón en dos décadas para alcanzar ese 'objetivo cero'.
El texto prevé que se haga una revisión del camino en 2023 y pueda modificarse el objetivo al alza. De hecho, las enmiendas parlamentarias han hecho que la reducción pasara del 20 al 23%, pero la cifra no ha satisfecho a grupos ecologistas y algún partido –como Más País-Equo– que pedían que esa reducción a medio camino antes de alcanzar 2030 fuera del 55% para asegurarse el objetivo final de llegar a casi el 100% a mitad de siglo. “Es decepcionante la falta de ambición”, ha dicho la diputada de Más País-Equo Inés Sabanés tras la aprobación del texto en el Congreso.
La ley que marcha hacia el Senado dice que en 2050 el 100% de la electricidad en España tendrá que generarse con fuentes renovables: agua, viento o sol. Y que en 2030, el origen de la electricidad deberá ser limpio en un 74%
¿De dónde dice la ley que se recorte? La energía
La mayor parte de los gases que España lanza a la atmósfera es producida al obtener energía. Supone el 75% del total, según el último inventario nacional del Ministerio de Transición Ecológica. Así que, para cumplir con los objetivos de esta ley, es obligatorio cambiar la manera en que se consigue la energía: que emita muchos menos gases al aire.
La ley que marcha hacia el Senado dice que en 2050 el 100% de la electricidad en España tendrá que generarse con fuentes renovables: agua, viento o sol. La primera meta volante está en 2030, cuando el origen de la electricidad deberá ser limpio en un 74% –en un principio era el 70%–. Además, el 42% de toda la energía que se necesite utilizar en España en ese 2030 ha de generarse con fuentes renovables, ya sea para conseguir electricidad, para transporte o la producción de bienes en las fábricas. Y no solo se apunta a la generación, sino que la ley obligará a mejorar la eficiencia en el uso de la energía. En menos de una década, España debería estar usando un 39% menos de energía si se quiere cumplir la ley.
Fin de los automóviles diésel y gasoil y 'Madrid centrales' obligatorios
La ley incluye artículos dirigidos hacia el transporte por carretera, que libera ahora al aire en España unos 84 millones de toneladas de gases. En el año de referencia de 1990 fueron 51 millones. Por un lado, se marca el año 2040 como el límite para vender automóviles con motores de combustión. Estos motores utilizan bien gasóleo (responsable del 21% de todas las emisiones en España en 2019) o bien la gasolina (un 5% de las emisiones). Entre ambos suman un cuarto del total nacional. Con todo, la ley no impide que los vehículos con esta tecnología fósil que ya estén en circulación antes de ese año puedan continuar funcionando.
149 localidades de más de 50.000 habitantes –que suman más de 25 millones de personas– estarán obligadas a crear zonas de bajas emisiones, al estilo de Madrid Central, para rebajar la contaminación del aire
El articulado establece la obligatoriedad de que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, al estilo de Madrid Central, para rebajar la contaminación del aire que respiran los vecinos. Son 149 localidades que suman más de 25 millones de personas.
Al fin y al cabo, los turismos son los automóviles que más peso tienen en las emisiones del transporte por superficie (casi dos tercios), seguidos por los vehículos pesados (un 30%) y, ya bastante más lejos, los vehículos ligeros y las motocicletas.
La organización Greenpeace ha llamado la atención sobre la extensión de los denominados “combustibles alternativos” al transporte por carretera en el periodo de enmiendas de la norma. A su juicio, esto “abre la puerta a utilizar gas fósil” en la automoción cuando, en principio, el gas era “una solución transitoria solo para el sector aéreo”.
Las casas más eficientes
El Gobierno deberá aprobar un plan de rehabilitación de viviendas en seis meses. La idea es hacer que las casas españolas aprovechen mejor la energía. Se trata de impedir el despilfarro, por ejemplo, al no tener aislamientos, introducir la posibilidad de utilizar fuentes de energía renovable y autoconsumo para la calefacción o la refrigeración de los pisos.
No habrá nuevas autorizaciones para hacer prospecciones o explotaciones de gas o petróleo, tampoco mediante el fracking, y se acaba la búsqueda de uranio
Se acabó la búsqueda de petróleo, gas… y uranio
La ley marca, en cierta manera, la ruta para abandonar la dependencia del petróleo, así que ha añadido la prohibición de buscar combustibles fósiles en territorio español. No podrán concederse ya nuevas autorizaciones para hacer prospecciones o explotaciones de hidrocarburos: el gas o el petróleo. Solo podrán mantenerse las que ya estuvieran operativas antes de que esta norma entre en vigor. Estas disposiciones afectarán tanto a los posibles proyectos que estaban dibujados en las áreas marinas costeras como los de la técnica de la fractura hidráulica, el conocido como fracking. Además, el proceso parlamentario ha incorporado el adiós a la minería del uranio (base de la energía nuclear): ni exploración, ni investigación ni prórrogas para minerales radiactivos.
El 'boom' de las renovables puede acarrear destrucción ambiental
La más que previsible expansión de infraestructuras de generación de electricidad de fuentes renovables presenta un efecto secundario indeseable: la implantación poco controlada que dilapide el patrimonio natural, es decir, que implique la destrucción de ecosistemas donde se implanten. Es una de las preocupaciones de los grupos ecologistas como la SEO-Birdlife, que piden “renovables responsables”. La ley, efectivamente, apunta a que este desarrollo se haga “de forma responsable”, pero la cascada de proyectos de parques eólicos o fotovoltaicos que España necesita para cumplir los porcentajes de energía renovable que indica esta ley va a suponer una fricción, de acuerdo con el análisis de los ambientalistas.
Adaptación al cambio climático que ya está aquí
La cuestión es que el calentamiento acelerado de la Tierra desde que comenzó el uso masivo y continuado de combustibles fósiles ya se deja sentir. En cuanto al patrón de precipitaciones, más escasas, pero también más torrenciales. En el incremento de temporales costeros destructivos. En la proliferación de especies invasoras que portan enfermedades o en la pérdida de biodiversidad.
Convivir con más temporales, sequía, inundaciones…
La cuestión es que adaptarse a los efectos del cambio climático se ha hecho cada vez más perentorio. En este sentido, la ley conmina al Gobierno a evaluar estos efectos y trazar planes que los amortigüen. El articulado pide que se analicen los riesgos que el cambio climático ya está suponiendo para los ecosistemas, pero también para los sectores socioeconómicos.
De esta manera, los desarrollos urbanísticos o la gestión hidrológica deberán tener en cuenta, dice la ley, el nuevo contexto climático a la hora de diseñarse. Sin ir más lejos, las construcciones e infraestructuras en la densamente poblada costa española se han vuelto cada vez más vulnerables a los temporales que se producen con más frecuencia y mayor virulencia. La ocupación del litoral demanda incluir los efectos del cambio climático en su planificación.
De igual manera, el patrón de precipitaciones está virando hacia episodios más torrenciales pero precipitaciones globales más escasas y, por tanto, sequías más recurrentes. Las borrascas violentas son origen de avenidas de agua e inundaciones –un desastre natural de alto impacto en España– que han encontrado en un urbanismo invasivo un potenciador. Por otro lado, los recursos de agua más escasos, unidos al deterioro de las masas de agua, presentan un riesgo para contar con agua de calidad para el consumo humano y la agricultura (principal consumidor del recurso en España).