Hacienda no está dispuesta a que la Oficina Antifraude (ONIF) investigue la venta de 2.900 viviendas protegidas al banco Goldman-Sachs, ahora controladas por una filial radicada en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU).
La Agencia Tributaria, de la que depende la ONIF, se niega a que dos de sus inspectores analicen la documentación de la causa que se sigue en el juzgado de Instrucción nº48 de Madrid por malversación de caudales públicos y prevaricación, según la contestación escrita que ha dado la Delegación Especial de Madrid y a la que ha tenido acceso eldiario.es.
La AEAT contesta, tras doce meses, que la magistrada debería pedir la asistencia técnica en la Intervención General. La respuesta al requerimiento judicial –apoyado explícitamente por el fiscal– es que “se propone la posibilidad de acudir a la Intervención General del Estado” ya que, justifican, es el competente “en el seguimiento y control adecuado del uso de los recursos públicos”. Es decir, dicen a la instructora Concepción Jerez García que este caso no es asunto suyo, que pida los peritos en otro lado.
La primera vez que el juzgado y la Fiscalía solicitaron los inspectores de la ONIF fue en octubre de 2015. El proceso de venta de estas 32 promociones del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a Goldman Sachs por 201 millones de euros ya fue criticado por la Cámara de Cuentas regional en noviembre del año pasado.
Entre otras cosas, ese informe afeó que el Instituto dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid no estableciera un “instrumento adecuado para asegurar el cumplimiento de la compradora de las obligaciones que exceden las de los promotores privados de vivienda pública”.
Se indaga si hubo trato de favor al vender VPO
Los inquilinos que vieron cambiado de golpe su casero han ido viendo cómo se modificaban las condiciones de su alquiler: aumento de los gastos comunes, pérdida de las ayudas públicas al caducar los plazos o incluso tener que renegociar con un nuevo interlocutor: la banca internacional.
En septiembre de 2016, la magistrada repitió la petición y especificaba que debían ser dos inspectores de la ONIF los que participaran en la investigación “a fin de contribuir en el esclarecimiento de los hechos”. Entonces, Hacienda contestó que ya habían remitido un informe y que si el juzgado “quisiera algo más tendría que especificarlo para que la Agencia lo estudiara”.
Lo que se indaga es si la venta de las casi 3.000 viviendas del parque público respondió a algún trato de favor con la compradora final además de suponer una pérdida de patrimonio para la Comunidad de Madrid.
Tras más de un año de dilación, la respuesta de Agencia, firmada por la delegada especial Raquel Catalá Polo –hermana del ministro de Justicia, Rafael Catalá– le dice a los instructores que este caso no es cosa suya y que, además, están muy mal de personal como para desprenderse de efectivos. “Partimos de una limitación de medios humanos”, señala Catalá Polo.
De hecho, en su oficio, incluso aduce que la Agencia ha tenido que privatizar parte de sus informes, lo que denomina en el escrito “una contratación externa de Asistencia Técnica”, debido a la “carga de trabajo”, lo que “acredita la insuficiencia de medios para acometer las funciones propias (...) con mayor razón las ajenas”.
Caso con implicaciones políticas
Después esquiva directamente la petición judicial: “Las pericias habitualmente encargadas se refieren a funcionarios del Cuerpo Superior centrándose exclusivamente en materia tributaria y no en materia de delitos de malversación y prevaricación”. Le enmienda el juicio a la magistrada: “Que parecen destinados mejor a otro tipo de profesionales”.
“Esto demuestra la injerencia política en la investigación judicial”, se queja Lara Carrasco de la asociación Corruptil, que ejerce la acusación popular en el caso. Hasta ahora, la instrucción ha llamado a declarar como investigados a los dos gerentes del IVIMA implicados en la venta: Isabel Gomendio y Juan Van Halen. Ambos indicaron que se limitaron a ejecutar órdenes de sus superiores políticos. Los máximos responsables regionales de la operación fueron el presidente de la Comunidad, Ignacio González, y su consejero de Vivienda, Pablo Cavero.
Para rematar su postura, Raquel Catalá pone a disposición un funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores por si hubiera algún “delito contra la Hacienda pública”, siempre recordando “las limitaciones detalladas” por ella misma.