Hace tres semanas fallecía de forma repentina el obispo de Astorga y presidente de la Comisión Antipederastia de la Iglesia española, Juan Antonio Menéndez. El prelado sufrió un infarto fulminante. En su funeral, Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo –y uno de los líderes de la oposición al papa Francisco en España– arremetía contra los medios y contra algunas víctimas, a los que prácticamente llegó a culpar de la muerte del prelado.
“No pocas veces hablábamos por teléfono y me pedía oraciones, ánimo y cercanía fraterna cuando arreciaban persecuciones bien organizadas con estrategias calculadas”, señalaba Sanz, que se destapaba asegurando que “ha pagado el alto precio de un desgaste y sufrimiento que le ha costado la vida”.
Este miércoles, preguntado sobre ello, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pedía calma. “Don Juan Antonio murió de un infarto, no se puede ir más allá”, declaraba en un desayuno en el Nueva Economía Fórum, en el que admitió que, tras su muerte, la Comisión Antipederastia había quedado en suspenso, tras solo nueve meses de trabajo en los que, según las víctimas, no se ha hecho prácticamente nada.
Sin contar con las víctimas
El puesto de Menéndez ha quedado vacante, y los obispos no tienen pensado cubrirlo de forma estable, al menos por el momento. A finales de mes, la Comisión Permanente del Episcopado podría elegir a un obispo provisionalmente, pues en marzo próximo se renuevan todos los cargos -excepto la Secretaría General- en la Conferencia Episcopal.
¿Cuál ha sido la labor de la Comisión Antipederastia? Las opiniones varían según se pregunte a víctimas u obispos. Así, para las primeras, la labor de la comisión “ha quedado en nada”. De hecho, sus miembros han sido expertos jurídicos, todos clérigos –algunos de ellos, como Silverio Nieto, al que algunas víctimas tachan de 'agente doble' en contra de los abusados–, sin presencia de laicos, profesionales en psicología o educación y, por supuesto, sin la asistencia de las víctimas. “Nos han seguido ninguneando”, critica Infancia Robada, que sólo tras mucho insistir logró un encuentro con el presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez.
Esperando al Vaticano
Desde la Conferencia Episcopal, la visión es radicalmente distinta. Así, los obispos anunciaron en abril que se había aprobado un protocolo general para atajar los abusos, que obligaría a obispos y congregaciones religiosas, y que se había enviado a Roma para su aprobación. La autorización de Roma, dos meses después, no ha llegado, y los obispos siguen a la espera.
“No es un objetivo insuperable afrontar este problema. Hay que hacer todo lo posible en la prevención y en la formación. La Iglesia española esta haciendo un esfuerzo muy grande. Todavía no hemos recibido el permiso del Vaticano para la norma general en España”, explicaba este miércoles el portavoz del Episcopado, que indicaba que, una vez llegue el aval, la CEE tendrá jurisdicción para poder investigar todas las denuncias, aunque hubiera obispos o responsables de congregaciones que se negaran.
Investigar todos los abusos
Paradójicamente, están siendo los religiosos quienes más se están moviendo y anunciando investigaciones, incluyendo casos del pasado, así como reparaciones a las víctimas. Algo que los obispos no quieren hacer, argumentando que todavía no tienen potestad para obligar al resto de instituciones eclesiásticas a abrir sus archivos, ni mirar casos del pasado. “La Conferencia Episcopal Española no tiene autoridad sobre las diócesis para hacer este tipo de estudio. Que cada diócesis haga lo que crea oportuno”, afirmaba hace unas semanas el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez.
Una afirmación cuanto menos sorprendente viendo lo que sucede en otros países, como Alemania, Estados Unidos, Australia o Irlanda, donde las investigaciones, encargadas –y pagadas– por la Iglesia, se remontan a comienzos del siglo XX. Esta misma semana el Episcopado francés anunciaba una investigación de todos los abusos producidos en la Iglesia gala desde 1950.
Oficinas de atención a las víctimas
Mientras tanto, los obispos españoles siguen mirando a Roma, esperando un vademécum con órdenes claras y concretas que se prevé se haga oficial en las próximas semanas. En todo caso, lo que ya está en vigor –desde el 1 de junio– es el Motu Proprio del Papa según el cual se obliga a todos los miembros de la Iglesia a denunciar cualquier presunto abusos sexual. El texto establece el procedimiento a seguir, y exige celeridad. Además, exige a todas las diócesis del mundo a crear, en el plazo de un año, oficinas de atención a las víctimas y un sistema accesible para que éstas puedan presentar las denuncias.
Sin embargo, apenas tres o cuatro diócesis –entre ellas, la de Astorga–, tienen operativa esa oficina de atención. “Hay que hacer la oficina de atención a las víctimas”, instaba este jueves uno de los mayores expertos en atender a las víctimas de la Iglesia, el sacerdote Luis Alfonso Zamorano, al cardenal de Madrid, Carlos Osoro, quien se comprometió a hacer todo lo posible por abrirla de inmediato... en su diócesis. Todavía está muy lejos el momento en que toda la Iglesia española se mueva, decididamente, por las víctimas de abusos, sin matices ni recordar que se dan más abusos en la familia o la escuela que entre clérigos.
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