Millones de enfermos de hepatitis C, atrapados en la pelea entre las farmacéuticas y los Gobiernos
Un fuego cruzado entre los grandes laboratorios y los Gobiernos tiene a los enfermos de hepatitis C clamando por recibir el tratamiento que podría curarlos y que llega a cámara lenta. En España, tras un mes encerrados en la entrada de un hospital madrileño, están a punto de marchar a Bruselas para denunciar una situación que no es exclusiva.
La lucha enfrenta la búsqueda de rentabilidad por parte de los laboratorios que fabrican fármacos como Sovaldi, Olysio o Viekirax y el miedo de las administraciones a extender esas medicinas y, por tanto, el gasto farmacéutico. Desde que Gilead sacó Sovaldi al mercado a 72.000 euros el tratamiento, todo ha sido una lucha por parte de los responsables sanitarios por evaluar su auténtica eficacia, reducir el precio y contener el desembolso.
Los Estados temen que se les descuadren las cuentas. Y han reaccionado de manera diferente a esa realidad. Desde negar el monopolio a la farmacéutica, como India, a no financiar en absoluto el tratamiento, como Australia, pasando por un enorme abanico de restricciones a su dispensación o la compra masiva de estos antivirales con precios a la baja. En medio, millones de enfermos que por primera vez tienen la posibilidad de escapar de las consecuencias de una infección que puede resultar mortal.
En Alemania, las prescripciones de Sovaldi han crecido a razón de 4.000 al mes –cuando los antivirales de la anterior generación tenían una media de 60–. Mientras, todavía se discute un precio para el reembolso de las medicinas que hacen los fondos que gestionan la sanidad. Una de estas entidades, AOK Niedersachsen, ha calculado que en 2014 la factura con Gilead podría llegar a 1.000 millones de euros.
En Reino Unido, el instituto encargado de las guías terapéuticas (NICE) respaldó el Sovaldi en agosto de 2014. El laboratorio allí le ha puesto un precio de 45.000 euros (para 12 semanas). En octubre, unos técnicos del Sistema Nacional de Salud (NHS) admitieron que podría ser “inabordable” llevar el sofosbuvir a 20.000 pacientes. Los 1.300 millones de euros les parecían “prohibitivos”. En esta línea de contención, el mismo instituto no recomendó el uso generalizado de otro de los remedios de última generación: Olysio, de Janssen. Para proteger su parcela, la empresa ha admitido un programa para solo cobrar los tratamientos que demuestren que eliminan el virus seis meses después de aplicarse Olysio. Y pagar ellos mismos el test: 120 euros cada uno.
Este lunes, la Organización Médica Colegial (OMC) ha asegurado que hay “riesgo de colapso” del sistema sanitario por la política de precios “abusivos” que ponen los laboratorios a estos remedios. No está tan de acuerdo con esta postura uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC), Mario Cortés, que no se cansa de repetir que “para rescatar Bankia o el almacén Castor –1.400 millones de euros– se ha encontrado dinero”. La PLAFHC hará una concentración frente al Parlamento Europeo este 21 de enero en Bruselas para exigir “tratamientos para todos”.
Los afectados y la OMC sí coinciden en que la solución al embudo de las medicinas para la hepatitis pasa “por un fondo” finalista que dedique dinero específico a garantizar el acceso a los tratamientos. La PLAFHC pedía 800 millones. Sin embargo, lejos de aceptar esta medida, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, tras presidir su primer Consejo Interterritorial de Salud, se negó a admitir tal fondo porque, dijo, no se sabe a cuántos pacientes hay que recetárselo. “No tiene sentido”, sentenció.
Algunos sistemas sí han tomado esta decisión. Israel, por ejemplo, discutió a finales de 2014 en un comité especial de salud qué tratamientos se financiarían públicamente durante este 2015. Un tercio del presupuesto dedicado a medicamentos irá específicamente a los nuevos fármacos contra la hepatitis C (sumarán 24 millones de euros). La lista redactada por el comité se convertirá en ley.
Mercados potenciales atractivos
Gilead ha desplegado una estrategia de negociación que funciona casi país por país. El laboratorio varía según la renta de los Estados y el mercado potencial. Así, En Pakistán ha accedido a dejar su píldora en los 16,6 euros por unidad (frente a los 860 de EE UU). Para 24 semanas, el sistema paquistaní afrontará 1.394 euros. Las autoridades del país asiático calculan que hay 10 millones de enfermos de hepatitis C, un nicho muy grande donde colocar su producto.
Lo mismo ocurre en Egipto, donde también comercializa Sovaldi con un 99% de descuento. Pero es que el país africano ofrece un escenario de unas 165.000 nuevas infecciones al año. Es el Estado con una “mayor carga” de la enfermedad en el mundo, según el Centro de Control de Enfermedades.
Otros países no se han cortado tanto y, directamente, no han satisfecho las expectativas de las farmacéuticas. Con diferentes métodos, desde luego. Si hace una semana India se negó a conceder una patente a Gilead para que comercializara en exclusiva la píldora, Australia se ha negado a incluir el Sovaldi en la subvención pública. En septiembre se supo que su autoridad farmacéutica había rechazado financiar este producto. El Gobierno entendía que “tendría un alto impacto financiero en el presupuesto sanitario”. Punto final.
El camino que une la síntesis de un fármaco que elimina el virus y los enfermos es de todo menos recto. Ante la posición de fuerza que ha desplegado la empresa Gilead con su Sovaldi y el anunciado Harvoni (que se aplica a más espectro de pacientes), la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado rápidamente el uso de una alternativa: Viekirax-Exviera del laboratorio AbbVie. El pasado 16 de enero, la compañía se congratulaba de poder así desembarcar en un mercado “de nueve millones” de afectados.
