Crece el apoyo al cannabis terapéutico y ya hay personas que piden al Gobierno cultivar legalmente su propia marihuana

Juan Manuel Rodríguez Gante ha decidido explorar los límites de la normativa sobre cannabis en España. Este hombre, un enfermo tetrapléjico de 49 años, que consume marihuana para sobrellevar las secuelas que le provocó un accidente a los 19 años, ha solicitado al Gobierno que le permita plantar cannabis con fines medicinales para autoconsumo.

Esta petición es la primera que realiza un particular a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AMEPS), según los solicitantes, que basan su petición en “el amparo del Derecho a la Salud”. El objetivo es “producir flores con contenido en tetrahidrocannabinol (THC) que serán usadas como medicamento para tratar las patologías y el dolor crónico que sufre Juan Manuel”. El cannabis le ahorra a este enfermo temblores y dolores.

La solicitud, cursada con el apoyo del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis y el bufete Brotsanbert, se acompaña de informes médicos que justifican el uso del cannabis que hace Rodríguez para mitigar el dolor que le producen las lesiones que se causó cuando hace 30 años se rompió las cervicales al tirarse de cabeza a un mar poco profundo. “No quiero tener que acudir al mercado negro ni a terceras personas para poder abastecerme de la marihuana que necesito”, ha explicado, antes de cerrar con una reflexión: “Te permiten morirte [en alusión a la Ley de Eutanasia recientemente aprobada], pero no sobrevivir”.

La petición de Rodríguez se hace pública justo a la vez que el CIS ha incluido el cannabis en su encuesta periódica por segunda vez. Y el resultado muestra que en España cada vez hay más partidarios de la legalización del cultivo de la planta con fines medicinales. El porcentaje de personas que apoya el uso terapéutico del cannabis sube hasta el 90% (desde el 84% de la anterior encuesta) y el de la legalización sin restricciones alcanza a casi la mitad de la población, un 49,7%. Un porcentaje algo inferior, el 40%, rechaza la regulación lúdica.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no ofrece información respecto a la petición de Rodríguez. Un portavoz de la agencia explica a este diario que “por cuestiones de confidencialidad, la AEMPS no puede detallar qué evaluaciones se están llevando a cabo ni cuáles son las empresas o personas beneficiarias”, aunque sí admite que “cualquier persona física o jurídica puede solicitar y obtener, en su caso, autorización de cultivo de plantas de cannabis con fines médicos y científicos”.

El listado de las personas que lo han recibido hasta ahora revela que de momento todas ellas son personas jurídicas; no hay particulares. En total son 18 en este momento, 10 de ellas con fines de investigación y ocho para la producción y/o fabricación de cannabis y sus productos con fines médicos y científicos, según las dos categorías que ha establecido la AEMPS.

España se mueve en un cierto vacío en lo que al consumo de cannabis (y producción, incluso) se refiere cuando aplica a las personas individualmente. Traficar con la droga en grandes cantidades, o tener una plantación, es ilegal. Poca duda ahí. Pero la aplicación de la legislación es ambigua y aunque en principio cultivar es ilegal en cualquier circunstancia, tener dos o tres plantas en casa para consumo personal está permitido o al menos no penado (siempre que no se vean desde la calle y otras consideraciones), igual que consumirla en el hogar propio. En los últimos años, también está habiendo una cierta permisividad con algunos clubes de fumadores, que se apoyan en esta ambigüedad para hacer cultivos o compras de cannabis mancomunadas entre sus socios. Aunque la relación de las fuerzas del orden y la Justicia con estas asociaciones es ambivalente: también hay personas encarceladas por esta razón, como el activista Albert Tió.

Unos criterios que nadie conoce

Porque, como se ha comentado, el cultivo de cannabis en grandes cantidades está prohibido... excepto si el Gobierno tiene a bien conceder graciosamente una licencia. Entonces, si el solicitante tiene suerte y en base a unos criterios que solo conoce la AMEPS se le otorga una licencia, plantar hectáreas de terreno de marihuana es legal. Le pasa por ejemplo a Juan Abelló, que ostentó el monopolio del opio en Europa y ahora vislumbra un filón en el cannabis medicinal. Linneo Health, la empresa que posee en parte, tiene una de las licencias emitidas por la AEMPS para cultivar marihuana legalmente y es la única de España junto a Cafina, según la AEMPS, con permiso para exportarla.

Nadie sabe cuáles son los criterios para obtener una de estas licencias. La AEMPS se remite a esta disposición publicada en el BOE en 1963, que lo único que especifica es los documentos que hay que aportar junto a la solicitud, pero no dice nada de requisitos a cumplir. Pide una memoria que justifique la petición y especifique las especies a cultivar, una certificación del alcalde acreditando el nombre de los propietarios, una certificación de la Jefatura Agronómica Provincial (unos órganos que ni siquiera existen ya) y “un plano o croquis” que señale dónde se va a cultivar la marihuana. Nada más. Lo más parecido a un requisito medible aparece en el punto cuarto: “La Dirección General de Sanidad, previo informe de Restricción de Estupefacientes, y teniendo en cuenta las necesidades de los productos de esta índole que puedan ser obtenidos, la calidad y el precio a que se pueden resultar para el consumo nacional, podrá dar la correspondiente autorización”. Aquí están los documentos que pide la AEMPS para solicitar una licencia.

Rodríguez Gante quiere una de estas licencias y así se lo ha pedido al Gobierno de la mano del Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis (OECCC). Su abogado, Héctor Brotons, sostiene que “la base de la petición es científica [en alusión a los informes médicos sobre los efectos que el cannabis tiene en Juan Manuel]”, ha explicado. “La ley que regula el uso del cannabis es de 1967, solo por el año no debería estar. Está desactualizada, es ambigua, incompleta y restrictiva, de un año en el que ni siquiera se había descubierto el THC [uno de los principales componentes del cannabis]”.

Postrado en una silla de ruedas desde que tuvo el accidente, Rodríguez reside en en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física, CAMF, del Imserso en Ferrol (A Coruña). El accidente que sufrió hace 30 años le causó una lesión medular que provocó tetraparesia en las cuatro extremidades (brazos y piernas perdieron fuerza muscular hasta el punto de no poder controlar correctamente la función motora) que viene acompañada de un dolor neuropático crónico. Su condición médica le ha causado múltiples enfermedades y dolencias relacionadas, desde neumonías hasta infecciones. Rodríguez llegó a tomar hasta 30 pastillas diarias para aliviar la espasticidad o el dolor neuropático. Hasta que descubrió que el cannabis también le ayudaba, y le permitía reducir la ingesta de píldoras.

Pero consumir cannabis cuando se es completamente dependiente no es fácil. Con la marihuana vinieron los problemas con la justicia, cuenta hoy el afectado. Primero cuando empezó a cultivar la planta “de tapadillo” en el centro en el que vive. “Tuvo que venir el juez, porque yo no puedo moverme. El juez decidió archivar el caso y quitarme la denuncia por tráfico de drogas que me había puesto la policía. Tuve que dejar de cultivar porque el juez me dijo que al estar en un centro público no podía. Volví al mercado negro”, cuenta Rodríguez.

Así que, cansado, ha pedido un permiso para hacerlo de manera legal con el apoyo del OECCC. “Se está hablando mucho del cannabis medicinal y el dolor de los enfermos, pero no se habla del modelo”, explica Hugo Madera, portavoz del Observatorio. “Queremos con esta acción que la gente pueda acceder a las licencias y no solo las [empresas] farmacéuticas. Creemos que técnicamente es factible. Se trata de ahondar en la línea de trabajo para que haya una legalización no solo para las empresas”, argumenta.

Con varias proposiciones de ley o no de ley para regularizar el consumo de marihuana ya en el Congreso, o a punto de entrar, y una cierta conciencia de que la legalización en una forma u otra es más una cuestión de cuándo que otra cosa, activistas e industria cogen posiciones estos meses para la batalla que se avecina. La disyuntiva es relativamente sencilla: un modelo que permita el autocultivo y la participación de individuos en la producción de marihuana, al estilo uruguayo, o uno en el que las empresas controlen la producción y aseguren un producto trazable y consistente en sus componentes, a la canadiense.