- Un nuevo protocolo presentado por el Instituto de la Mujer pide la puesta en marcha de un Plan Estatal contra el Acoso que incluya la prevención de la homofobia
Saph Rodríguez ni siquiera era consciente de su orientación sexual cuando recibió los primeros insultos. A los 13 años sus padres decidieron cambiarla de instituto porque varios alumnos le propinaron una paliza al grito de “bollera” y “marimacho”. Pero las agresiones, que habían empezado “desde muy pequeña”, continuaron. Ahora, esta asturiana de 24 años ofrece charlas sobre diversidad afectivo sexual en colegios. “Sufrí acoso porque no seguía las normas establecidas, entre los insultos siempre se encontraba la palabra lesbiana”, relata, “pero de mi sexualidad me di cuenta más tarde, con 17 o 18 años”.
Como Saph, son varios los niños y niñas lesbianas, gays o transexuales (o que escapan de los patrones habituales de feminidad o masculinidad) que sufren agresiones por parte de otros compañeros debido a su orientación sexual o identidad de género. Aunque no hay datos oficiales, algunos estudios como el informe elaborado en 2012 por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), revelan en base a una muestra -pequeña, de 325 personas- que un 57% de los jóvenes LGTB ha sufrido algún tipo de violencia física o psíquica en el ámbito educativo.
En ocasiones, la situación llega a un punto insoportable para los propios menores. Con la voz entrecortada al otro lado del teléfono, Saph confiesa que “en más de una ocasión me planteé acabar con mi vida”. “Llegué a pensar que era yo la que tenía la culpa, que algo hacía mal para que la gente no me aceptara”, recuerda.
Según el estudio de la FELGTB, que recopila casi una veintena de estudios realizados a lo largo de siete años, el 43% de los jóvenes LGTB que sufre o ha sufrido acoso ha llegado a pensar en acabar con su vida, un 35% lo ha planificado y un 17% lo ha intentado en una o varias ocasiones.
El estudio corrobora que, en los últimos años, se ha logrado un avance importante y la aceptación de la diversidad sexual entre los jóvenes “es bastante alta”. Sin embargo, el acoso homofóbico sigue siendo una realidad con consecuencias: un 75% de los jóvenes ha sido testigo de agresiones en forma de rumores, insultos o burlas y el 6,4% ha presenciado palizas.
“Un problema universal”
Que el riesgo de suicidio “es mucho mayor entre adolescentes y jóvenes que no son heterosexuales o son trans” es una de las principales conclusiones que se extraen del protocolo presentado el pasado lunes por el Instituto de la Mujer con el que se pretende evitar el acoso escolar homofóbico. Algo que ha sido calificado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como un “problema universal”.
“Es el más común de los tipos de acoso, está invisibilizado y no se toman medidas para acabar con él”, sostiene José Ignacio Pichardo, profesor de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del protocolo. Según el experto, el silencio es una de las principales dificultades para atajar este problema, pues solo el 18% de las víctimas se lo ha contado a sus padres o profesores, debido, en muchos casos, al miedo, rechazo o vergüenza a reconocer una orientación sexual o de género.
“Fue algo que llevé en secreto, sentía que no tenía apoyo y era algo que no entendía”, declara Saph, que nunca se lo contó a otros compañeros de clase. El papel del resto de alumnos puede ser fundamental. Sin embargo, los expertos identifican otro escollo que hace que suelan mirar para otro lado y no intervenir. Es lo que llaman el miedo al “contagio del estigma”, que no solo se proyecta sobre los chicos y chicas LGTB, “sino también sobre las personas que salen en su defensa”, explica Pichardo.
El Consejo Escolar del Estado pide planes de igualdad
Ahora Saph recorre los colegios de Gijón con la asociación Xega para hablar de diversidad sexual y “resolver dudas a los alumnos porque hay muchos que no saben de la existencia de otras realidades”. Sin embargo, su organización solo pisa las aulas de los centros que voluntariamente lo solicitan. La mayoría, dice Saph, son públicos. “Algunos católicos lo piden, pero suele haber una atmósfera de desinterés”, analiza.
Para Kika Fumero, profesora de un instituto público de Tenerife, el problema es que el tratamiento de la afectividad y la diversidad sexual se convierte en una decisión de los propios profesores o los centros. Ella ha impulsado un proyecto de inclusión con una tutoría en la que recibe al alumnado LGTB con problemas, entrega material a los tutores o da charlas sobre ello. Sin embargo, es una excepción. “La mayoría del profesorado no se forma en esto ni la diversidad sexual se incluye en las escuelas de forma transversal”, denuncia Kika.
Eso a pesar de que en 2007 el Consejo Escolar del Estado demandó la promoción de “planes de igualdad y de educación afectivo-sexual en las escuelas”. “Si queremos que esto se incluya en las aulas debe haber una apuesta política”, explica Pichardo, que asegura que algunas comunidades como Andalucía y Extremadura “han desarrollado instrumentos específicos contra este tipo de discriminación”. Por eso, el protocolo que ha coordinado pide la creación de un Plan Estatal contra el Acoso, que incluya expresamente la prevención de la homofobia y la transfobia y observatorios que velen por su cumplimiento.