Cómo desangrar un hospital público mientras se alimenta a otro privatizado
En una localidad del sur de la Comunidad de Madrid se viene librando una guerra de mercado desde hace cinco años cuyo penúltimo episodio llegó a comienzos de abril. Una batalla peculiar en la que los contendientes son dos hospitales de la red pública sanitaria. Uno es gestionado directamente por el Gobierno regional. El otro está privatizado.
El primero ha visto cómo sus responsables recortaban el presupuesto, cerraban camas y le quitaban plantilla. Mientras se desangraba, su rival, en manos del grupo alemán Fresenius, ha ido engordando su actividad. El modelo de privatización puesto en marcha por Esperanza Aguirre, prolongado por Ignacio González y mantenido por Cristina Cifuentes, ha hecho que con cada paciente crezca la cuenta de resultados del segundo.
El escenario es la ciudad de Móstoles. No se trata de una población pequeña: suma 205.000 habitantes. Hace dos semanas, el Hospital Universitario de Móstoles (HUM) recibió un nuevo golpe de sus gestores: el Ejecutivo estudiaba transformar más de dos tercios de sus camas en plazas para enfermos crónicos. 130 de las 349 que declara tener instaladas.
Nada más conocerse está pretensión, los profesionales y vecinos organizaron la oposición que culminó en una concentración a la entrada del edificio el pasado viernes. El consejero de Sanidad madrileño, Jesús Sánchez Martos, dio marcha atrás unas horas después. Adujo que los datos que le ha pasado el equipo del HUM no coinciden con los “del informe preliminar de gestión”.
A 4,5 kilómetros, el Hospital Rey Juan Carlos, dirigido por una contratista, no se ve afectado por esos planes y amenazas y se beneficia de la jibarización de su compañero público. Cada tratamiento que dispensa a una persona que no esté en su población de referencia supone ingresos extra salidos de las arcas públicas.
El Gobierno ha hablado de diferencias en los datos. ¿Qué dicen las estadísticas asistenciales? Los números ofrecen una idea de cómo ha evolucionado esta contienda. En 2012, el HUM contaba con 411 camas. Ese año se puso en marcha el centro privatizado. Para 2015 el centro 100% público había perdido 62 plazas. También dispone de menos personal para atender a la población.
Si se miran las memorias anuales del centro, se comprueba que la plantilla no ha hecho más que caer: 2.263, 2.164, 2.104, 2.054 es la secuencia de profesionales. En 2010, 370 médicos trabajaban en el HUM. Cuatro años después, la cifra oficial era de 348. Para la enfermería es peor: 623 frente a 592.
La respuesta oficial para la caída de recursos es que la apertura del otro hospital restaba “presión asistencial”. Sin embargo, una funcionaria que trabaja en la administración del HUM desde hace 24 años explica la razón: “Funcionamos al 50% de la capacidad. Si nuestras agendas están cerradas porque no hay personal suficiente, las pruebas se derivan a otro centro. E igual ocurre con los quirófanos. La lista de espera se va a cinco o seis meses, así que es lógico que el paciente acepte ser derivado”.
Las estadísticas oficiales no se alejan mucho de la afirmación de la administrativa. De 2012 a 2014 las consultas externas cayeron un 9%, las intervenciones quirúrgicas un 15% y los nacimientos atendidos un 42%. También se hacen menos pruebas de laboratorio, citologías, técnicas de radiología o endoscopias. Aunque hay que señalar que se asumen más mamografías y en el último curso se registró un repunte de las resonancias magnéticas.
En el Rey Juan Carlos todas esas variables ofrecen crecimientos: un 30% en partos, un 33% en intervenciones quirúrgicas. Las consultas externas subieron un 49% en dos años. La Asociación de Facultativos Especialistas Afem denunció que el plan de conversión de camas no respondía “a las necesidades sanitarias de la población” y buscaba “favorecer a la multinacional alemana”.
Financiación divergente
Uno de los miembros de la junta directiva de Afem y anestesista en el HUM describe las trabas para ejercer su labor: “Aquí no se ha cambiado un aparato y habría que renovarlos. Hay que ir trampeando con las existencias de material sanitario”.
El dinero con el que cuenta el HUM depende de lo que le asigne cada año la Consejería de Sanidad. El del Rey Juan Carlos, no. Está blindado por el contrato que firmó la Comunidad de Madrid con la contratista que ganó el concurso (en ese momento Capio Salud que luego pasó a ser IDC-Salud y, tras fusiones y adquisiciones, ahora maneja Fresenius).
Para el centro antiguo, la cosa ha ido, en general, hacia abajo: en 2013 los presupuestos le otorgaron 121 millones. En 2015 fueron 111, en 2016 repuntó a 114 y para este año vuelve a caer a 112 millones. El hospital de Fresenius calca su partida de fondos públicos: 106.495.287 euros en 2015, 2016, 2017…
La administrativa asegura que “el primer lugar al que se deriva desde el Hospital Universitario de Móstoles es el Rey Juan Carlos”. Y eso es más capital público para la empresa del competidor. De hecho, en 2013, las arcas públicas destinaron 800.000 euros del Plan de Reducción de Listas de Espera al Rey Juan Carlos por intervenciones que aliviaran el embudo en los quirófanos, según la liquidación firmada por el Servicio Madrileño de Salud.
El problema de la media estancia
La idea de convertir las plazas del HUM en servicio de enfermos crónicos nacía de una situación real: existe una escasez manifiesta de este tipo de camas para media o larga estancia. “El problema de la media estancia es cierto”, explica José Manuel Freire, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid.
Tras dejar caer la bomba sobre el centro del sur de la región, el Gobierno de Cristina Cifuentes añadió que aplicaría esta conversión también en otros seis hospitales, todos de gestión pública total. El plan podría decaer tras las protestas en Móstoles, aunque no se conoce aún si seguirá adelante o también se parará. “Pero la Comunidad no contempla utilizar las instalaciones del antiguo Puerta de Hierro”, subraya Freire.
Cuando Esperanza Aguirre puso en marcha los hospitales de gestión semiprivatizada, aplicó ese sistema de externalización parcial al hospital Puerta de Hierro, pero trasladándolo a un edificio nuevo en otra población. El anterior inmueble lleva abandonado y vacío nueve años.
“Hemos calculado que podrían abrirse no menos de 500 plazas por 38 millones de inversión”, protesta Freire. Ninguno de los hospitales donde se aventura ahora que se crearán unidades de crónicos está gestionado por empresas privadas. Hay cinco.
Los presupuestos de 2016 asignaron 125.000 euros para iniciar un Plan de Estudio y Ampliación en el hospital público de Móstoles. Sin embargo, durante todo el año, el Gobierno del Partido Popular utilizó 18.000 euros de esa partida para “un contrato menor con una consultora de reconocido prestigio”, según contestaba oficialmente a una pregunta de la diputada de Podemos Mónica García.
El dinero se ha usado, explicaban, para evaluar “las necesidades del área de influencia” con cuyas conclusiones “adoptar las medidas más acordes a las necesidades actuales y futuras”. Parece que el resultado no tuvo en cuenta la visión de los profesionales del hospital interesado y abría el camino a su desmantelamiento parcial. Una buena noticia para su hermano más joven y la empresa que lo compró. Un plan que la movilización ha frenado.
