“Acelerar la muerte, ya sea por acción o por omisión, nos parece un daño irreparable que no estamos dispuestos a infringir a nadie”. Instituciones católicas que se dedican al ámbito sanitario (Camilos, Confer, San Juan de Dios, Lares y Hospitales Católicos de Madrid) han suscrito este mediodía una declaración en la que plantean –sin citarla– la objeción de conciencia ante la entrada en vigor, este viernes, de la Ley de la Eutanasia.
Al término de unas jornadas celebradas en el Centro San Camilo de Tres Cantos, los firmantes afirman que “acelerar la muerte, ya sea por acción o por omisión de tratamientos y cuidados debidos a cualquier persona al final de su vida o en situación de grave discapacidad, nos parece un daño irreparable que no estamos dispuestos a infringir a nadie”. Al tiempo, sostienen que “facilitar una acción suicida o una actuación homicida, aunque esta actuación sea solicitada y aceptada por el propio interesado, es un error, porque supone un desprecio a la dignidad humana, ya que suprime a la persona a manos de otras personas”.
El texto sigue los postulados habituales esgrimidos para promocionar la objeción de conciencia sanitaria, es decir, la negativa de los profesionales a ofrecer un determinado servicio en virtud de su postura personal: “Facilitar una acción suicida o una actuación homicida, aunque esta actuación sea solicitada y aceptada por el propio interesado, es un error, porque supone un desprecio por la dignidad humana, ya que suprime a la persona a manos de otras personas”, añaden los firmantes, quienes abren la puerta a la sedación destinada a acabar con el sufrimiento, pues consideran que “la sedación paliativa, correctamente indicada, cuando no son efectivas otras medidas, y administrada previo consentimiento del paciente, respeta y humaniza el proceso del final de la vida mitigando el sufrimiento intenso e incoercible”.
Cuidados paliativos
En esa línea, asumen que la posibilidad de que haya un fin de la vida decidido por el interesado puede hacer que esa persona desista de continuar viviendo a base de cuidados y le añaden una sombra de duda al proceso: “Tememos que la ley de la eutanasia desmotive a personas que necesitan cuidados para vivir dignamente y con sentido; que intereses espurios generen demanda de ayuda o ejecución de eutanasia”, destacó uno de sus firmantes, el religioso camilo José Carlos Bermejo. Por su parte, el director del departamento de Ética en San Juan de Dios, José María Galán, denunció que “percibimos una creciente sensibilidad social ante el sufrimiento al final de la vida y queremos expresar públicamente que seguimos comprometiéndonos con la paliación del dolor y el sufrimiento humanos, ofreciendo la aplicación eficaz de unos Cuidados Paliativos de gran calidad que, a la vez, respeten la vida sin provocar la muerte”.
“La vida es un bien y un valor fundamental sobre el que se sustenta la persona, por lo que su respeto es imprescindible para hacer posible una convivencia social en paz. Nadie está legitimado moralmente a suprimir o provocar la muerte de un semejante”, sostiene el manifiesto, que añade que “el dolor y la muerte no pueden ser los criterios últimos que midan la dignidad humana, ya que esta dignidad es propia de cada persona, por el solo hecho de ser un ”ser humano“ y no debería estar sujeta a condiciones subjetivas atribuidas por la propia persona ni por su entorno”.
Movilización ultra
Más allá del manifiesto, y tal y como adelanta ABC, sectores ultracatólicos, aglutinados en torno a la autodenominada 'Asamblea por la Vida', han convocado “una macromanifestación, en octubre o noviembre”, contra la ley de la Eutanasia. La plataforma, que agrupa a organizaciones como la Asociación Católica de Propagandistas, Cristianos en Democracia, la Federación Española de Asociaciones Provida, e-Cristians, el Foro Español de la Familia, la Fundación Villacisneros o la Federación Europea One of Us (dentro del universo de HazteOir) ha denunciado que el Gobierno “ha hurtado cualquier debate social”. “Tras la pandemia, es hora de que la sociedad civil recupere la calle para mostrar el desacuerdo contra la ley de eutanasia”, declaró María San Gil, en nombre de la Fundación Villacisneros.
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