La red de hospitales privatizados que montó Esperanza Aguirre permitió el descontrol del gasto
La candidata del Partido Popular a las elecciones autonómicas de Madrid en 2003, Esperanza Aguirre, planeó convertirse en presidenta a base de hospitales. Prometió siete de golpe. A cambio, abrió el sistema sanitario al capital y la gestión privados de empresas concesionarias. Las sociedades adelantarían el dinero y construirían los edificios por un canon anual de dinero público que se prolongaría 30 años.
Aguirre junto a su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, asignó 2.280 millones de euros a ese plan. Una lluvia de dinero público a la que acudieron esencialmente empresas constructoras, algunas de ellas salpicadas más tarde por casos como Gürtel o Púnica. El sistema es ahora investigado por el juez Eloy Velasco con la sospecha de que la partida para dar a conocer los nuevos hospitales se utilizó para financiar al PP de Madrid.
Pagos extra en secreto y caos contable
Las concesionarias se quedaron con los servicios no sanitarios: gestionaban la limpieza o el mantenimiento del edificio que podían a su vez sacar a contrata. También el alquiler de los espacios dedicados a restauración o comercios.
La manera de funcionar de los hospitales ha merecido los reproches de la Cámara de Cuentas de Madrid, el órgano fiscalizador de la región, que desveló cómo el Gobierno de Aguirre autorizó subir el canon que las arcas públicas pagarán hasta 2035.
Con los hospitales ya abiertos y la reelección de Aguirre ganada en 2007 (inauguró los edificios estuvieran o no operativos), las constructoras protestaron porque, decían, no les salían las cuentas. En una decisión no publicada del Consejo de Gobierno en septiembre de 2010, la presidenta accedió a pagarles un extra y a subir el canon durante décadas.
Lo llamaron “restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión”. El extra sumó más de cuatro millones de euros por “sobrecostes” en la obra y el incremento del canon anual –que suponía el pago de unos 80 millones– de un 2,4% para el resto de ejercicios hasta el año 2035. Esta decisión del equipo de Esperanza Aguirre se conoció por un informe de la Cámara de Cuentas, de 2012.
Este mismo órgano dictaminó en 2013 el desbarajuste en las cuentas que presentaban estos centros. La Cámara afeaba que los balances eran firmados por personas que no tenían potestad para hacerlo. También consideraba que algunas direcciones de los centros no consignaban bien las “aportaciones de socios”, que en este caso incluyen las transferencias de la Comunidad de Madrid para el funcionamiento sanitario. En el caso del Infanta Sofía, faltaba “información sobre arrendamientos y otras operaciones, instrumentos financieros, ingresos y gastos financieros que, según los datos recogidos en otros estados, existen”.
Además, en ese documento se mostraba que el hospital del Tajo presentaba unas pérdidas de 49 millones de euros lo que le dejaba al borde del colapso financiero.
Hospitales para todos
El Plan de Infraestructuras Sanitarias 2003-2007 al que pertenece esta red anunció finalmente no siete, sino ocho centros. Tras acceder a las peticiones del alcalde de la ciudad de Parla, el socialista Tomás Gómez, para colocar allí uno de sus centros, Aguirre se encontró con la protesta del municipio de Valdemoro, en poder del PP. De hecho el alcalde de Valdemoro hasta la victoria de Aguirre era Francisco Granados, ahora en prisión preventiva por la trama Púnica, y quien fue reclamado por la presidenta para su Gobierno.
Así que la salomónica decisión fue construir dos hospitales separados por 14 kilómetros. Menos de 15 minutos en coche. El de Valdemoro sirvió para ensayar la privatización total: construcción, administración y servicios sanitarios. El sistema obligaba a los ayuntamientos agraciados a ceder la parcela para que la concesionaria levantara el centro.
Una vez puesta en marcha la maquinaria, las concesiones han vivido una montaña rusa. El hospital del Tajo en Aranjuez se adjudicó a Constructora Hispánica –ahora sospechosa habitual en casos de corrupción– que más tarde vendió su gestión no médica al grupo Essentium. Este conglomerado ejerce el control mediante su compañía Assignia. El político que adjudicó ese hospital en 2005, Manuel Lamela, acabó en el consejo de administración de Assignia.
Otro de los hospitales nacidos de este plan fue el Infanta Leonor en el barrio de Vallecas, en Madrid. Fue adjudicado a la unión empresarial del grupo Begar de José Luis Ulibarri –imputado en el caso Gürtel– y la quebrada Ploder Uicesa. Al otro lado de la región, la Sociedad Concesionaria Hospital del Norte (el Infanta Sofía de Alcobendas) está participada por Acciona y Cofely España.
El diseño puesto en marcha por el PP de Madrid ha permitido que, según las constructoras han ido perdiendo interés por la concesión, se han deshecho de sus obligaciones. En palabras de algunas concesionarias cuando deciden vender, se trata de “inversiones maduras”.
FCC explotaba el hospital del Sureste en Arganda mediante Globalvia que en enero de este año ha vendido sus derechos a Aberdeen Infrastructures, una sociedad del fondo Lloyd's. Este fondo ya se había hecho con las participaciones de OHL en el hospital por lo que domina el 100% de la concesión.
El mismo Lloyd's compró casi la mitad de las acciones que Sacyr poseía en otros dos de estos hospitales electorales: el Infanta Cristina en Parla y el del Henares en Coslada por 90 millones de euros en marzo de 2014.
El plan fue considerado un éxito por Aguirre y su equipo. Tanto que para la siguiente tanda de infraestructuras, el heredero de Lamela, Juan José Güemes, hizo una presentación en el hotel Ritz de Madrid bajo el título “oportunidades de negocio”. Se buscaban contratistas para los hospitales de Móstoles, Torrejón y Collado Villalba. En esta ocasión la concesión sería total: todos los servicios, sanitarios incluidos, fueron privatizados.
