Hablar catalán como condición para trabajar en la sanidad pública de Balears. Es el requisito que ha impulsado el Govern de las islas y que tantas críticas ha suscitado por parte de sindicatos y partidos políticos. En especial, de PP y Ciudadanos.
La medida del Ejecutivo balear sigue la legislación autonómica y española. La lengua propia es una característica prevista en mayor o menor medida en todas las comunidades bilingües que favorece, cuando no es requisito, la obtención de un puesto público. Catalunya, Comunitat Valenciana, Galicia o el País Vasco lo contemplan.
Las protestas aireadas por los diputados de Ciudadanos Albert Rivera y Toni Cantó a la cabeza han argumentado que va a generar una fuga de profesionales y que supone una discriminación. El requisito afecta a las personas que opositan para obtener una plaza fija en el IB-Salut –el servicio de salud público balear. También a aquellos que, con una plaza fija, quieren promocionar o cambiar de isla. La norma también prevé que cuando haya déficit de profesionales un aspirante sin el título lingüístico pueda acceder y, en dos años, aprender el idioma.
Cada comunidad con lengua propia ha ido introduciendo normativa que recoge cómo debe dominarse el idioma. No es un movimiento extraño.
En Galicia, el gallego es un examen obligatorio, no eliminatorio, en los exámenes del Servicio Gallego de Salud. Solo están exentos los opositores que acrediten el Certificado de Estudos en Lingua Galega (Celga). Según la categoría laboral, se exige un nivel distinto de Celga para estar exento de la prueba. En el caso concreto de los licenciados, necesitarían acreditar un nivel Celga 4, equivalente al C1.
En el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, todas las plazas tienen fijado el perfil lingüístico necesario para ocupar dicha plaza (el conocimiento necesario de euskera, que suele ser el perfil 2), pero no en todas ellas es un requisito. Eso significa que, aunque tienen fijado el nivel necesario de euskera, no la fecha de preceptividad, es decir, el momento en el que el titular de esa plaza debe acreditar que posee ese conocimiento del idioma.
El problema se suscita por el peso que se concede al conocimiento del idioma. En la última oposición de Osakidetza, el euskera suponía 18 puntos en el caso de que el opositor dispusiera del perfil lingüístico, y 9 en el perfil lingüístico 1. Conocer el euskera no es una condición indispensable para poder ejercer la profesión y obtener plaza en la sanidad pública, ya que computa como un mérito, pero sí ayuda mucho a quedar en mejor posición y puede marcar la diferencia entre conseguir la plaza o no.
En la Comunitat Valenciana, el conocimiento del catalán es obligatorio para los empleados públicos y estos deben acreditarlo. En el caso del personal sanitario, únicamente se valorarán los certificados expedidos por la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià. El catalán es un mérito evaluable, pero no un requisito insalvable: puede cumplimentarse después a través de la realización de cursos de catalán organizados por la Administración.
Por su parte, en Catalunya los profesionales sanitarios deben acreditar un nivel C1 de catalán para optar a una plaza en la sanidad pública, un nivel lingüístico que obtienen al acabar la ESO. Si no lo acreditan, deben pasar una prueba de nivel, que les dejaría fuera de las oposiciones en el caso de que no la aprobaran. Aquellos que acrediten un nivel C2 –el máximo nivel de una lengua– obtienen una mayor puntuación en las oposiciones, al contabilizar este nivel como un mérito adicional.
Cumplimiento legal
Así que las regiones han ido legislando. En el caso de la Islas Baleares, el requisito del catalán, previsto en la ley balear de capacitación lingüística en la función pública, surge del Estatut de les Illes Balears, la ley de normalización lingüística, el artículo 56.2 del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 3.2 de la Constitución española –que incluso reconoce que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
Gabriel Lladó, director de Recursos Humanos del Ib-Salut, asegura que oficialmente no existen datos que reflejen una fuga de profesionales. Además, prevé que se incorporen personas de otras comunidades que tienen el catalán como lengua oficial. También recuerda que la Administración ofrece cursos de catalán dentro del horario laboral y que más de 1.200 profesionales ya se han inscrito. En 2018, según Lladó, se realizarán seis pruebas de nivel.
Rechazo del sindicato médico
El sindicato médico mantiene una postura radicalmente diferente. Miguel Lázaro, presidente de Simebal, asegura que su organización siempre ha defendido que el catalán sea un mérito, no un requisito. “Nadie sería tan estúpido de ir contra una lengua maravillosa. Estamos en contra de que pidan una acreditación lingüística”, comenta.
Este psiquiatra asegura que Balears tiene un déficit estructural de médicos, sobre todo en Ibiza y Formentera, agravado por el precio de la vivienda. A esto se añade que en 2018 y 2019 habrán dos macro ofertas públicas de empleo y que, en la segunda, “las CCAA van a entrar en competición” por captar a “médicos con la máxima competencia”. Para él, que en las Islas haya un requisito lingüístico va a echar para atrás a los sanitarios.
El secretario general del sindicato de enfermería Satse en Balears, Jorge Tera, defiende que, en una comunidad bilingüe, la legislación establece que el catalán debe estar en igualdad de condiciones que el castellano, y que el idioma propio debe estar implantado en la administración pública. Por ello, debería ser un requisito en el Ib-Salut.
Sin embargo, discrepa en el modo en que el Govern ha implementado el catalán: “Se pueden cumplir los mandatos legales sin generar rupturas ni polarización. La ley dice que hay que fomentar el catalán, pero no dice que de la noche a la mañana tengas que excluir a 4.000 profesionales de la bolsas de empleo. El idioma se tiene que implementar de manera progresiva, a medio plazo, dando tiempo a los profesionales para que se adapten al requisito”.