Los obispos de Castilla y León, comandados por los arzobispos de Valladolid (Luis Argüello, ex portavoz de la CEE) y de Burgos (Mario Iceta, médico de profesión) han avalado el protocolo fantasma de VOX sobre el aborto que obligaría a los médicos a ofrecer a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo “un período de reflexión y proporcionar información sobre alternativas al aborto”, al tiempo que consideran que “el aborto no puede ser considerado como un derecho”.
En una nota conjunta, las diócesis castellano y leonesas entran a fondo en la polémica que desde hace una semana sacude la política y lo hacen para ponerse al lado de las tesis de la ultraderecha, dejando claro, desde el principio, que “todo ser humano, más allá de cualquier condicionamiento, desde su concepción hasta su muerte natural, es siempre un bien para la humanidad y un don de Dios, creado a su imagen y semejanza, que debe ser acogido, protegido y amado”.
“Queremos estar cerca de las mujeres embarazadas que atraviesan circunstancias no deseadas o difíciles de tipo personal, familiar, laboral, económico o de cualquier índole, y ponernos a su servicio”, añaden los obispos, que reclaman que “es preciso que la sociedad, sus instituciones y administraciones públicas y los diversos ámbitos económicos, laborales y sociales respondan adecuadamente a todas sus necesidades”.
Con todo, dejan claro que para la Iglesia “la muerte provocada del ser humano, también en el seno materno mediante la práctica del aborto, no puede ser considerada como un derecho”, pues “niega de raíz la vida, fundamento de la dignidad humana que sostiene todos los demás derechos”. Por ello, “ofrecer un período de reflexión y proporcionar información sobre alternativas al aborto permiten a la mujer gestante contar con elementos necesarios para ponderar sus decisiones”, insisten.
Del mismo modo, la nota reclama que los profesionales sanitarios “puedan ejercer el derecho fundamental de objeción de conciencia sin sufrir la estigmatización que supone el ser obligados a inscribirse en una lista de objetores”. A su vez, instan a que los padres de una menor embarazada puedan ejercer “su patria potestad” para no dejar “sola ante una situación tan complicada” a su hija.
“Es necesario proporcionar siempre toda la ayuda y acompañamiento necesarios a las personas que pasan por situaciones de dificultad o vulnerabilidad, como es el caso de mujeres embarazadas en circunstancias no deseadas o difíciles, junto con la acogida y protección del nasciturus, habitualmente ignorado como parte concernida en esta cuestión, y que debe ser considerado como un bien primordial que el ordenamiento jurídico está llamado a reconocer, tutelar y promover”, insisten los obispos, que concluyen su escrito llamando a “un amplio diálogo social, sosegado y racional, partiendo de la realidad, con la participación de los diversos ámbitos que configuran la sociedad, más allá de posicionamientos ideológicos o partidistas y con la ayuda de los conocimientos proporcionados por la ciencia y la antropología”.
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