La versión mallorquina de la protesta en la capilla de Rita Maestre, que fue condenada a pagar una multa de 4.300 euros, llega al banquillo de los acusados. Laura, Pedro, Joan, Aina, María de Lluch y María Regina se enfrentarán a un juicio que empieza este jueves por haber cometido presuntamente un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos por haber interrumpido una misa en Palma de Mallorca por el derecho al aborto.
Los activistas irrumpieron en el templo coreando consignas en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres amenazados en ese momento por las reformas legislativas que negociaba el Gobierno de Mariano Rajoy. Junto a otras 20 personas corearon consignas como “aborto libre y gratuito”, “sacad los rosarios de nuestros ovarios” o “mi cuerpo, mi decisión” al tiempo que desplegaban una pancarta.
Maestre fue condenada el pasado mes de marzo por el mismo delito, recogido en el artículo 523 del Código Penal, que castiga “al que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas”. Es en lo que han incurrido, en opinión del obispado de Mallorca, las seis feministas que junto a otras 20 personas accedieron a la Iglesia Sant Miquel el 9 de febrero de 2014.
Según la acusación, los hechos causaron “gran alboroto y confusión” y “la misa quedó interrumpida y el sacerdote, junto con varios feligreses que se encontraban escuchando la eucaristía, tuvieron que impedir el paso hasta el altar, consiguiendo desalojar a los alborotadores después de unos 10 minutos, quedando todos en la iglesia en un estado de desasosiego, indignación e intranquilidad”, añade.
¿Libertad de expresión?
Por estos hechos el obispado de Mallorca, que ejerce de acusación particular, pide cuatro años de prisión y la Fiscalía un año y medio. Sònia Domènech, portavoz de las acusadas, califica la petición de la Iglesia de “excesiva y desproporcionada” y enmarca la protesta en el ejercicio de la libertad de expresión. Considera “comprensible” que algunas personas “se sintieran violentadas”, pero asegura que “nuestra intención no era hacer ningún daño individual”.
Domènech califica el juicio de “persecución política” y pone el acento en que los activistas, que fueron detenidos los días posteriores, pertenecen a Arran, la organización juvenil de la izquierda independentista catalana. “Ningún otro de los participantes en la protesta fue detenido, solo los que forman parte del colectivo y que llevaban tiempo siendo activos políticamente”, apunta.
La portavoz insiste en que “no hubo en ningún momento una actitud violenta” e insiste en que “fue una protesta pacífica” y “una acción simbólica y legítima” porque “se estaban a punto de vulnerar los derechos de las mujeres de una forma muy agresiva”. El objetivo de la acción, llevada a cabo por personas de distintos colectivos sociales, era “señalar el papel de la Iglesia como agente activo en la construcción de esa ideología centrada en la restricción del derecho al aborto”.
Negociación fallida
Las cosas siguen como estaban hace unos días a pesar de que los acusados se reunieron el pasado martes con el obispado. “No ha sido posible llegar a ningún acuerdo”. El administrador apostólico de Mallorca, Sebastiá Taltavull, que hace apenas diez días ha sustituido al polémico Javier Salinas (defenestrado por el Papa tras su “relación impropia” con su exsecretaria), asegura haber hecho todo lo posible por acabar con el conflicto.
La intención de Taltavull, subrayan fuentes diocesanas, era retirar la denuncia contra este colectivo, si bien la Iglesia exigía que los manifestantes pidieran perdón y se retractaran por su actuación. Dado que los manifestantes no han reconocido que su actuación fue un error, tal y como pedía la Iglesia, (aunque sí han pedido disculpas a las personas que se encontraban dentro del templo), la diócesis decidió no retirar los cargos ni buscará que se les rebaje la condena. “No nos hemos equivocado porque la acción tiene una justificación política y más en aquel contexto”, dice la portavoz de las acusadas.
Hace algo más de dos meses fueron absueltas las cinco activistas de Femen en su primer juicio en España, que habían sido acusadas por interrumpir una manifestación contra el aborto realizada en 2013 en Madrid.