La Iglesia sigue sin rendir cuentas del dinero que recibe del Estado a través de la casilla del IRPF. En un momento en que el Gobierno abre la puerta a nuevas “X” en la Renta para el resto de religiones, se conoce que el Tribunal de Cuentas ha decidido no fiscalizar el dinero recibido por los eclesiásticos vía IRPF, como ha adelantado la Cadena Ser. La famosa casilla del 0,7%, una concesión del Concordato de 1979, y que el Gobierno Zapatero mejoró en 2006 (pasando del 0,52% al 0,7 a cambio de la renuncia a la exención del IVA), no podrá ser investigada por los órganos del Estado.
La Iglesia ha recibido 250 millones de euros a través de los contribuyentes que han marcado la casilla, y que han pasado a engrosar las arcas de las 70 diócesis de nuestro país.
El Tribunal de Cuentas rechaza fiscalizar ese dinero gracias al voto a favor de los siete consejeros del PP, mientras que los 5 consejeros socialistas han presentado un voto particular en otro sentido. En el mismo, se asegura que fiscalizar la asignación tributaria a la Iglesia católica “responde a una demanda social que, en el marco de la exigencia de transparencia en la gestión de los fondos públicos”, según recoge la Ser.
Al tiempo, denuncian cómo “la Memoria igualmente tampoco constituye un documento representativo de la gestión económico-financiera realizada, dado que realmente se configura como una autentica Memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España”.
Efectivamente, en esa memoria únicamente aparece el destino de los bienes con carácter general. Esto es: no se sabe, a ciencia cierta, cuál es el destino final de los 250 millones de euros, aunque distintas fuentes consultadas por eldiario.es aseguran que “el grueso del dinero” se reparte entre las diócesis para pagar los sueldos de los 19.000 sacerdotes españoles, así como la Seguridad Social del clero.
En este sentido, la Conferencia Episcopal apunta que “el 80% de esa cantidad, 200 millones de euros, se envía a las diócesis para mantener la actividad de la Iglesia en esos lugares (cantidad que se suma a la que allí aportan directamente los fieles en sus parroquias o comunidades). Las siguientes partidas más relevantes son la Seguridad Social del clero (16 millones), la Aportación a las Cáritas diocesanas (6 millones), los centros de formación de la Iglesia (6 millones), la campaña de financiación de la Iglesia (4,6 milones) y la ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos (4,5 millones)”.
Sin embargo, también financia otra actividad propagandística, como la televisión 13 TV.
Por contra, los obispos sí que desglosan las cantidades que, en su opinión, “ahorra la Iglesia al Estado” en materia educativa, cultural o asistencial. Así, apuntan en su memoria, “2.692 millones de euros es el ahorro que supone al Estado los 2.449 centros católicos concertados”. La empresa KPMG, afirman, realizó también un estudio de impacto socioeconómico de los bienes inmuebles de la Iglesia que produjeron un impacto en el PIB de España de 22.620 millones y generaron 225.300 empleos totales.
En respuesta al propio Tribunal, el gerente de la Conferencia Episcopal (y presidente de Cope y 13TV), Fernando Giménez Barriocanal, ha subrayado en Hoy por Hoy que “el Tribunal de Cuentas fiscaliza subvenciones o conciertos, pero la asignación tributaria es un dinero decidido por los contribuyentes y no por el Gobierno”. Para Barriocanal, la cantidad que recibe a través de la casilla de la Renta “es jurídicamente diferente” al dinero público que recibe por ejemplo la Casa del Rey, y por lo tanto, la ley no le obliga a someterse a dicho control.
Petición de control
Por otro lado, Unidos Podemos y PSOE han registrado una solicitud en el Congreso para que se informe sobre el empleo de los fondos que la Conferencia Episcopal recibe a través de la casilla de la declaración de la Renta.