Son 330.000 víctimas a lo largo de los últimos 70 años. Muchos –la gran mayoría– han muerto, pero otros miles siguen vivos y exigen una respuesta por parte de la Iglesia. Son las víctimas del horror de la pederastia en la Iglesia católica francesa, destapada hace un mes tras la publicación del 'informe Sauvé'. Ahora, los obispos galos han anunciado que venderán propiedades de las diócesis para pagar las indemnizaciones de los supervivientes. Una cantidad que no se ha precisado pero que se intuye millonaria. Mientras tanto, la Iglesia española continúa negándose a permitir una investigación para medir el alcance real de los abusos sexuales en nuestro país.
“Se ha cometido mucho daño y debe ser asumido para liberar a los que lo han sufrido y a nuestra Iglesia”, afirmó este lunes el presidente de la Conferencia Episcopal francesa, Eric de Moulins-Beaufort, tras la reunión mantenida durante una semana por los obispos en Lourdes, y que finalizó con una oración en la que los 120 obispos católicos se arrodillaron para pedir perdón ante representantes de las víctimas. De los gestos, a a las soluciones. Si es que es posible cierta reparación para las víctimas del horror clerical.
Sin tocar el dinero de los fieles
Los obispos franceses han creado un fondo de compensación para las víctimas de abusos sexuales que nutrirán con la venta de aquellos bienes muebles e inmuebles que posean las diócesis, y la misma Conferencia Episcopal. El dinero irá a indemnizar a los supervivientes de los abusos (se calcula que más de 3.000 depredadores sexuales camparon a sus anchas en la Iglesia francesa durante décadas). Si no es suficiente, añadió el Episcopado, se pedirán créditos. Lo que no se hará será tocar los fondos aportados por los fieles para el sostenimiento de la Iglesia. Así, los obispos han acordado no utilizar el dinero proveniente de las donaciones de los católicos franceses para el fondo de compensación para las víctimas de abusos sexuales.
“No utilizaremos las donaciones de los fieles. Todos los obispos han aceptado identificar en sus diócesis los bienes de los que se puedan deshacer. También hemos decidido, si hace falta, firmar un préstamo para cumplir con nuestras obligaciones” sostuvo Moulins-Beaufort, quien reconoció la “dimensión sistémica” de los abusos y la responsabilidad, civil y moral, de la Iglesia en su conjunto.
El encuentro episcopal de Lourdes se cerró con el compromiso de elaborar una auditoría externa de las “células de escucha” de las víctimas, la creación de un tribunal canónico nacional, que entrará en funcionamiento el próximo mes de abril y que sancionará, también con penas eclesiásticas, a aquellos responsables católicos que hayan abusado de menores o protegido a pederastas, y la firma de un protocolo de actuación con las fiscalías francesas. Una asamblea extraordinaria, en junio, analizará los avances registrados “Se ha cometido mucho daño y debe ser asumido para liberar a los que lo han sufrido y a nuestra Iglesia”, finalizó el presidente de los obispos franceses.
El 'informe Sauvé' destapó que, desde 1950 a la actualidad ha habido entre 2.900 y 3.200 curas pederastas (el 2% del clero a lo largo de estos 70 años), que llegaron a abusar de 216.000 personas. Si sumamos los abusos en colegios o instituciones católicas, el drama se eleva a las 330.000 víctimas.
Toda Europa... menos Italia y España
Junto al paso adelante de la Iglesia francesa, los obispos portugueses también se han comprometido a llevar a cabo una investigación interna para averiguar “la verdad histórica” sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la institución, así como para proteger a las víctimas y evitar que se produzcan más casos, tal y como anunció este lunes el obispo de Setúbal y presidente de la Conferencia Episcopal lusa, José Omelas.
Una práctica que ya es habitual en todos los episcopados europeos, desde Polonia a Reino Unido, pasando por Alemania, Austria, Holanda o Suecia. De los países de nuestro entorno, sólo Italia (el país donde vive el Papa Francisco) y España se niegan a elaborar una investigación o a permitir que una auditoría externa tenga acceso a sus archivos diocesanos o de congregaciones para hacer memoria de los abusos en la Iglesia. Apenas jesuitas, salesianos o legionarios de Cristo han apuntado los resultados de sus informes, aunque sin dar los nombres de los abusadores. En cuanto a la Conferencia Episcopal, la tesis oficial es clara: “No vamos a hacer seguramente de manera proactiva un programa de investigación general”, apuntó hace un mes el portavoz de la CEE, Luis Argüello.
El paso más cercano hasta la fecha han sido las declaraciones del cardenal de Madrid, Carlos Osoro, en El Objetivo (La Sexta), subrayando que “las víctimas son sagradas” y mostrándose dispuesto a ir hasta el final para erradicar los abusos en el seno de la Iglesia. Sin embargo, la realidad es que los obispos españoles sólo reconocen 220 casos de abusos en las últimas dos décadas, según las cifras oficiales remitidas desde la Congregación para la Doctrina de la Fe de Roma. No hay en marcha, ni prevista, investigación alguna sobre la magnitud de la pederastia en la Iglesia española, que se sigue negando a que el horror desvelado por el 'Informe Sauvé' pueda extrapolarse a España. “Las denuncias han sido mínimas en este último año”, subrayaba Argüello, sin advertir que, en la práctica, ni siquiera las llamadas Comisiones Antiabusos diocesanas saben en qué consiste, realmente, su trabajo.
Pescadores de niños
Mientras tanto, los abusos de uno de los sacerdotes más famosos de la España de finales del franquismo, el compositor Cesáreo Gabaráin (autor entre otras, de Pescador de Hombres o de La muerte no es el final, el himno que se canta cada 12 de octubre recordando a los militares caídos en acto de servicio) siguen trayendo cola.
Esta semana, el Arzobispado de Los Ángeles (EEUU), se convertía en la primera diócesis del mundo en prohibir el uso de las canciones del clérigo en iglesias, catequesis o colegios. En España, en cambio, los obispos lamentaron que este tipo de denuncias provoquen “una segunda muerte” para los acusados.
“Hay que distinguir las personas, porque si no de alguna forma está volviendo una especie de pena de muerte para determinado tipo de delitos, pena de muerte a muertos, además”, recalcaba Argüello, mientras las asociaciones de víctimas reclaman a la Conferencia Episcopal empatía con quienes sufrieron abusos en su niñez por parte de clérigos y que, años después, siguen sin encontrar respuesta en la Iglesia que debía protegerles.
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