La Iglesia impedirá ahora la inhumación de Franco en La Almudena
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, no permitirá que Franco sea enterrado en la cripta de la catedral de La Almudena. Y no lo hará, pese a que la familia del dictador tiene un nicho en propiedad en el templo, adquirido 'a perpetuidad' en 1987 por unos 150.000 euros –la familia afirma que costó 30.000– en en el que ya está enterrada su hija Carmen y su marido, el marqués de Villaverde, alegando los mismos “motivos de seguridad” que planteó en su día la Delegación del Gobierno de Madrid en un informe.
Tras muchos meses en silencio oficial, poniéndose de perfil y esperando a la resolución del Tribunal Supremo, la Iglesia asume que el Alto Tribunal fallará a favor de la exhumación del dictador y que, muy probablemente, permitirá a la familia enterrarlo donde desee.
Sin embargo, la novedad estriba en que la diócesis hará valer el citado informe para alegar la imposibilidad de la inhumación de los restos del dictador en la cripta, por los riesgos de “graves desórdenes públicos” en el templo. Los Acuerdos Iglesia-Estado permiten que la institución eclesiástica pueda apelar a las fuerzas de orden público en caso de que consideren que en una iglesia –lugar inviolable– se llevan a cabo actividades contrarias el culto o con graves consecuencias sociales.
Aunque la diócesis no se ha pronunciado oficialmente, fuentes consultadas aseguran que el cardenal Osoro “no permitirá” que Franco sea enterrado en la cripta. “Si ha habido hasta dos avisos de bomba en los últimos meses”, apuntan, subrayando que la familia ya tiene conocimiento de la decisión y que, de hecho –los Franco también asumen que el Supremo avalará la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos–, ya estarían buscando otro emplazamiento, privado, para la inhumación. Lo que los nietos del dictador no aceptarán, en ningún caso, es que su abuelo sea enterrado en Mingorrubio junto a su madre, al tratarse de un cementerio propiedad de Patrimonio Nacional.
La postura oficial, de perfil
Desde el principio de la polémica, la Iglesia oficialmente optó por ponerse de perfil en el 'caso Franco'. Más allá de las polémicas declaraciones del ya ex nuncio en España, Renzo Fratini, que acusó al Gobierno de “haber resucitado” al dictador –lo que valió una queja formal y una petición de perdón por parte de la Santa Sede, curiosamente un 18 de julio–, lo cierto es que la Conferencia Episcopal no quiso facilitar la tarea mandatada al Ejecutivo por el Congreso de los Diputados, dejando al prior del Valle, Santiago Cantera, la toma de decisiones. Un Cantera que sigue encastillado en su negativa a la salida del dictador de Cuelgamuros, pese a que el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, aseguró que la Iglesia cumpliría con las resoluciones judiciales. El religioso, desde hace semanas, no tiene ningún tipo de comunicación con el que es su superior jerárquico en la diócesis de Madrid, el cardenal Osoro.
Cuando surgió la posibilidad de que Franco acabara en la Almudena, Osoro aseguró al Ejecutivo socialista que a la Iglesia no le gustaba la idea, pero trasladó la responsabilidad de impedirlo a las autoridades civiles. Ahora, cuando la sentencia es inminente, el prelado echa mano de su autoridad, pero apela al informe de la Delegación de Gobierno para impedir el traslado a la cripta de la catedral.
En el citado informe de Delegación de Gobierno, emitido el pasado mes de diciembre, se desaconsejaba la inhumación de Franco en La Almudena, aduciendo razones de seguridad y de orden público. En concreto, se alegaba que el entierro de Franco en el centro de Madrid provocaría una “limitación significativa” de derechos fundamentales, y en concreto los de integridad física y moral, libertad religiosa, libertad y seguridad y manifestación y reunión.
Así, la Delegación del Gobierno señalaba que la cripta de La Almudena no podría absorber el elevado volumen de visitas que atraería la sepultura, incrementado por su carácter céntrico y bien comunicado, y que se sumaría a la presencia habitual de turistas en la zona. Del mismo modo, también se darían problemas para la lucha antiterrorista, puesto que se trata de un lugar emblemático y cercano al Palacio Real o la Plaza Mayor, y avisaba de un posible colapso circulatorio y de movilidad en el entorno, con el consiguiente riesgo para los servicios esenciales y la seguridad ciudadana.
Delegación del Gobierno también sostuvo que el enterramiento en ese lugar podría generar problemas de conflictividad social, por “espolear a la extrema derecha”, ofendiendo así a sus víctimas y parte de la sociedad, y generar altercados, enfrentamientos y concentraciones no autorizadas.
Toda la información en www.religiondigital.org
