Una auditoría externa independiente, que recoja todos los abusos…. pero sin aclarar desde cuándo, cómo, si habrá indemnizaciones, si se abrirán los archivos, si las víctimas tendrán voz y voto…
Con la sensación de que más vale tarde que nunca, la institución que durante años miró para otro lado, el de los verdugos, ha presentado esta mañana su proyecto de auditoría independiente sobre los casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica española. La Conferencia Episcopal se la ha encargado al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, para buscar “transparencia, ayuda y reparación a las víctimas”, en palabras del presidente del Episcopado, Juan José Omella.
El cardenal de Barcelona, junto al presidente del bufete, Javier Cremades, informaron de la firma de la auditoría –que “no vamos a facturar”, aclaró Cremades– que al menos durante un año congregará a un equipo multidisciplinar, formado por 18 personas, que podría ampliarse en función del desarrollo de la investigación. Abogados del despacho y personalidades externas, como magistrados de reconocido prestigio y expertos en psicología y otras disciplinas formarán parte del equipo de Cremades, quien se ha presentado como “católico, miembro del Opus Dei”, y que ha expresado su “pleno convencimiento de que la Iglesia debe ir hasta el fondo, y rectificar en todo lo que sea necesario”. Sin embargo, no quiso valorar la sentencia que condena en firme a un colegio de la Obra por los abusos del Caso Gaztelueta. “Estoy aquí como abogado, no como creyente, ni como nada”, respondió, a preguntas de este medio.
¿Por qué ahora?
¿Por qué ahora, cuando durante años los obispos se han negado, por activa y por pasiva (incluso después de rendir cuentas al Papa, hace ahora un mes) a cualquier tipo de investigación externa? “Quiero pedir perdón por los abusos dentro de la Iglesia, por todas las víctimas, que tanto dolor han padecido y padecen”, comenzó el cardenal Omella, quien aseguró que, con esta firma, “la Conferencia Episcopal quiere dar un paso en su obligación de transparencia social, de ayuda y reparación a las víctimas y colaboración con las autoridades”. Omella informará en las próximas horas a la Santa Sede sobre esta decisión.
“Queremos clarificar tanto los casos acontecidos en el pasado, como los más exigentes niveles de responsabilidad que impidan la repetición de los casos en el futuro”, aseguró Cremades, quien subrayó que “el objetivo es la ayuda y reparación de las víctimas, estableciéndose nuevos cauces de colaboración y denuncia adicionales a las oficinas ya existentes”.
“Estoy abrumado por la responsabilidad. Queremos una auditoría que sea creíble, profesional y que vaya a la verdad de los hechos”, subrayó el presidente del bufete. “Este es el asunto más complejo que hemos afrontado hasta la fecha”, añadió Cremades. Con el objetivo de prestar “un servicio a la sociedad y a las víctimas”, el procedimiento de la auditoría seguirá los pasos de la investigación de abusos en Múnich (dos socios del equipo de trabajo alemán participarán de la auditoría), aunque también se ha conversado con Marc Sauvé, el responsable del informe en Francia.
El modelo “híbrido” español
“Haremos un modelo español, híbrido, basado en la metodología alemana, también el modelo francés y el trabajo de las oficinas de las diócesis españolas”, resaltó el abogado. “Necesitamos a las víctimas, sus asociaciones, a los medios, a la Fiscalía, el defensor del Pueblo… No venimos a suplir, sino a complementar”, remachó.
El bufete creará un grupo de trabajo liderado por tres socios de la firma: Santiago Calvo-Sotelo, antiguo director de Auditoría en Arthur Andersen; el exmagistrado del Tribunal Supremo y del Constitucional, Vicente Conde y el exmagistrado y presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra. También participará Encarnación Roca, ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional, y se convocará a unirse al grupo a personalidades del terreno intelectual y empresarial.
¿Hablarán con las víctimas, participarán en la comisión del Defensor del Pueblo? Omella no quiso cerrarse a nada. “Queremos establecer un puente que facilite el trabajo de las autoridades, con un cauce de colaboración estrecho. La Conferencia Episcopal asegura que quiere asumir su responsabilidad ante las víctimas, las autoridades y la sociedad española, estableciendo un nuevo vehículo que ayude a esclarecer los hechos del pasado”.
Cremades fue más claro. Dijo que ayer mismo se puso en contacto con Ángel Gabilondo. “Esta investigación se hace para colaborar también con el Gobierno”. Sobre las indemnizaciones, el abogado del Opus Dei se preguntó: “¿Alguien en su sano juicio puede pensar, con un enfoque jurídico, que si se identifica un daño, no hay una reparación?”.
El presidente de la CEE pidió “mirar al futuro”. “Lo importante es estar cerca de las víctimas”, repitió. “Queremos que el trabajo tenga toda la amplitud que deba tener, en qué dirección caminar”, apuntó, sin “bajar a detalles” como la indemnización a las víctimas o hasta qué fecha se investigará. Tampoco explicó si se abrirán los archivos eclesiásticos, aunque en este punto Cremades admitió que tendrán que esperar a ver qué grado de colaboración muestra cada obispo, cada congregación, cada colegio. No hay, porque no puede haberlo, un mandato de obligado cumplimiento para todos los jerarcas eclesiásticos. “La Conferencia Episcopal nos va a servir de canal para llegar a las diócesis, no sabemos qué actitud tendrán. La idea es visitar cada diócesis, colegios y órdenes religiosas”.
“Vamos a tratar de acceder, con los listados que tengamos de afectados, y ver si están interesados en conversar con nosotros. Nos vamos a reunir con las asociaciones, una a una”, culminó Cremades, quien anunció la puesta en marcha de un correo denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com.