La Iglesia recibe decenas de denuncias de abusos sexuales aunque todavía no se ha definido el equipo que hará la “auditoría”

Los obispos derivarán toda colaboración, o participación directa, de la Iglesia en la comisión de investigación aprobada por el Congreso de los Diputados y encargada al Defensor del Pueblo en el bufete al que han contratado, Cremades & Calvo Sotelo. Según ha podido saber elDiario.es, dentro del acuerdo firmado entre la Conferencia Episcopal y el bufete el pasado 22 de enero figura la capacidad de Cremades de representar a la Iglesia española en cualquier ámbito de participación o investigación pública, así como la entrega y análisis de la información referente a víctimas.

Todo ello si, finalmente, la Iglesia acepta participar en la comisión del Defensor del Pueblo. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se encargó de advertir el pasado viernes que “la Iglesia no es una administración pública” a la que el órgano dirigido por Ángel Gabilondo pueda controlar. En todo caso, cualquier contacto oficial se derivará a través del despacho de abogados, que todavía ultima la composición de su equipo de trabajo, pero que ya habría recibido alrededor de unas 40 denuncias a través del correo denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com.

'Afectados' y no 'víctimas'

Un correo tras el que las víctimas reciben un “Formulario datos afectados”, tal y como se titula el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que los denunciantes deben aportar información sobre su caso y sobre ellos mismos. En ningún momento del cuestionario se utiliza el término 'víctima', sino 'afectado', lo que ha suscitado cierto estupor en algunas asociaciones de víctimas. Entre los datos que se solicitan a los denunciantes se encuentran sus datos personales: nacionalidad, estado civil, edad, lugar de residencia. Más adelante solicita los “datos relativos a su condición: sacerdote, religioso, laico, catequista, profesor de centro religioso o de religión…”, pero no aclara si se trata del denunciante o del presunto agresor.

Posteriormente, se les pide que indiquen “lugar y fecha en que tuvieron lugar los hechos”, así como una “descripción de los hechos lo más fiel, concreta y veraz posible”. Tras esto, el documento invita a los “afectados” a ofrecer “datos que verifiquen la vinculación de los hechos con un ámbito o entorno específico en el seno de la Iglesia Católica (parroquia, centro docente, comunidad, actividad, etc.)”, así como “datos que puedan abundar sobre el tratamiento que mereció el caso denunciado en el ámbito de la Iglesia, desde el entorno más cercano a los hechos a los órganos jerárquicamente superiores”.

En otra columna, se solicitan los “datos relativos a la denuncia o denuncias en su caso formuladas por los hechos ocurridos y determinación del órgano o institución ante el que se formuló (Iglesia, Ministerio Fiscal, Jurisdicción, Defensor del Pueblo, medio de comunicación social u otros)”, así como “su motivación tomando contacto con nuestra organización y lo que estaría en disposición de esperar”.

En el anexo de Protección de Datos, se asegura que las informaciones aportadas “serán tratados con la finalidad de ponernos en contacto con usted, atender su solicitud o comunicación y la realización de una auditoría legal y compliance, es decir, una investigación a petición de la Conferencia Episcopal Española para el esclarecimiento de los casos de abusos producidos, evaluación de los procedimientos y medidas de control tomadas para su prevención y para la reparación de los daños producidos”. “No se realizarán perfiles, ni se tomarán decisiones automatizadas”, aclaran.

“La información personal que nos facilite será únicamente accedida por profesionales de la firma o colaboradores con los que se hayan alcanzado los correspondientes acuerdos de confidencialidad y establecido garantías para la protección de la información. En su caso, podría ser facilitada a la Conferencia Episcopal Española con motivo de la auditoría. No se realizarán transferencias internacionales de datos”, apunta el anexo, que incide en que “la información personal se conservará durante el plazo necesario para la realización de la auditoría. Una vez hayan dejado de ser necesarios, sus datos se mantendrán debidamente bloqueados para el cumplimiento de eventuales obligaciones legales, como podrían ser responder a reclamaciones o requerimientos de información enviados por autoridades en el ámbito de sus competencias durante el plazo de prescripción de las correspondientes acciones legales”.

Obispos que se niegan a abrir sus archivos

Por el momento, y hasta que a finales de mes se reúna la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, los pasos para entregar los archivos eclesiásticos para el estudio de Cremades parecen paralizados, toda vez que los obispos en su conjunto no han recibido más información oficial que una carta enviada por el portavoz de la CEE. Se espera que en la Plenaria todos los obispos puedan escuchar, y preguntar, a los responsables del bufete, y será entonces cuando algunos obispos puedan presentar sus objeciones e, incluso, algunos, negarse a entregar la documentación.

Una actitud perfectamente legal, en tanto en cuanto los archivos eclesiásticos son inviolables según los Acuerdos Iglesia-Estado y, formalmente, la Conferencia Episcopal no tiene capacidad ejecutiva sobre ningún obispo. De hecho, según ha podido constatar este diario, varios obispos, a día de hoy, estarían dispuestos a negarse a entregar documentación alguna de los archivos eclesiásticos, si no viene una orden directa del Vaticano.

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