“Mientras haya un solo caso, habrá una obligación para que no vuelva a ocurrir”. El secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, ha presentado este jueves los últimos datos de denuncias de abusos llegadas a las 200 oficinas que la Iglesia española ha creado en diócesis, congregaciones y centros eclesiásticos para tratar de conocer la realidad de los abusos.
Estas cifras oficiales arrojan un total de 927 víctimas y 728 abusadores desde los años 50 a la actualidad, y que supone muchos menos que los apuntados por las distintas investigaciones periodísticas, y al menos cuatro veces menos que las prospecciones apuntadas por la auditoría encargada por los mismos obispos al bufete Cremades&Calvo Sotelo.
De hecho, los primeros datos de esta investigación, que debía haberse presentado hace meses y que se ha retrasado, al menos, hasta después del verano, apuntan a una cifra (necesariamente conservadora, al tratarse de una auditoría de parte) de alrededor de 4.000 víctimas. Muchas menos de las que la cúpula eclesial española reconoce ahora en su informe Para dar luz.
De los 728 abusadores, el 99% son hombres, aunque entre las víctimas hay un 17,38% son mujeres y un 82% de hombres. Más de la mitad de los agresores (el 52%, 378), son sacerdotes, aunque hay algunos que son religiosos o religiosas no ordenados (208), y 92 laicos. También hay 23 testimonios en los que el denunciante no supo la condición eclesial del agresor, o se trataba de un diácono.
Dos de cada tres abusadores han fallecido, aunque un 36,4%, más de 300, están vivos. Y no han sido juzgados. En relación a la fecha en la que se cometieron los abusos, ordenados por décadas, los datos muestran que más del 80 % de los casos se produjeron en el siglo XX, y el 75% antes de 1990. Así, hubo dos casos anteriores a 1950; 40 en la década de los 50; 137, en los 60; 172, en los 70; 127, en la década de los ochenta; 45 entre 1990 y 2000; y 114 en este siglo (20 en la primera década, 60 en la segunda, y 34 en estos últimos dos años y medio). 91 casos de abusos están sin datar.
Los datos, aclaró la CEE, no incluyen las cifras que puedan ofrecer tanto el Defensor del Pueblo como la auditoría de Cremades, que la Iglesia espera cotejar cuando se produzcan. Algo difícil de prever, dado el retraso del bufete, y la paralización de los trabajos parlamentarios tras la convocatoria anticipada de elecciones generales.
Las oficinas “tienen una dimensión pastoral, no judicial”, aclara la CEE, que insiste en que “pueden acoger todos los testimonios: no hay prescripción porque la condición de víctima no prescribe”. “Un testimonio siempre es relevante, aunque date de muchas décadas atrás, aunque se refiera a alguien que ya ha fallecido”, señalan los obispos. Otra cosa, bien distinta, es la prescripción penal de los abusadores. Y es que el dolor nunca puede prescribir.
“Lo importante es que cualquier víctima de abusos sexuales cometidos en la Iglesia sepa que hay un lugar en el que se le quiere conocer”, aclaran los obispos, que reconocen “el daño causado” y aseguran que “el objetivo es evitar que los abusos puedan volver a producirse y para que los espacios eclesiales sean espacios seguros para los menores en los que puedan crecer en sus conocimientos, en sus cualidades humanas y en su dimensión espiritual”.
Junto a la presentación del informe, el portavoz de la Conferencia Episcopal mostró su “dolor y vergüenza” por existencia de abusos a menores en la Iglesia. “Somos un pueblo avergonzado, pero esperanzado. No nos cansaremos de pedir perdón, pero tampoco de atender a las personas que sufran esta lacra, en cualquier lugar, ni de poner los medios para que la Iglesia sea cada vez más un lugar seguro para niños y jóvenes”, recalcó García Magán en un acto, organizado por la CEE, en el que hubo víctimas presentes en el acto, aunque entre el público, sin tomar la palabra. Sin rostro, sin voz.
Pese a todo, los obispos insisten en que sus prioridades son las víctimas, y la reparación, aunque no se habló en ningún momento de indemnizaciones. “Miembros de esta Iglesia han dañado a miembros de la Iglesia y de la sociedad, en su vulnerabilidad e inocencia más absoluta. Sentimos dolor y vergüenza”, subrayó Magán, quien añadió que “este dolor y esta vergüenza solo serán fecundos si sirven para realizar los cambios imprescindibles en nuestra forma de proteger a los menores y apartar de nuestro lado a los victimarios”.“Es este nuestro compromiso como Iglesia católica en España”, finalizó.
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