“Si no pueden vender los conventos, venderán los cuadros, o los cálices… o el retablo barroco de Belorado”. El temor se ha instalado en amplios sectores del Arzobispado de Burgos, de las clarisas y de la misma Conferencia Episcopal, ante la posibilidad de que, una vez consumado el cisma, las monjas ‘díscolas’ de Belorado y su nuevo ‘Papa’, el obispo excomulgado Pablo de Rojas Sánchez-Franco, pretenda poner a la venta algunos de los objetos de valor presentes en los conventos de Belorado, Orduña o Derio.
Las alarmas saltaron a finales de la semana pasada, cuando algunos medios recibieron un comunicado del supuesto bufete de las clarisas cismáticas, en el que amenazaban con denunciar al alcalde de Belorado y a varios medios de comunicación por su cobertura del caso.
Fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que el despacho de abogados, supuestamente radicado en Tarancón (Cuenca), y que hasta la fecha no da señal en ninguna de las líneas telefónicas que aparecen en la red, podría ser una franquicia que, entre otros asuntos, está especializada en la compraventa de material artístico y religioso.
Esto ha provocado una gran preocupación en ambientes eclesiásticos, poco antes de que el conflicto llegue a un punto de inflexión: este miércoles 29 de mayo vence el plazo para que la abadesa, a la que nadie ve de cuerpo presente o en conversación directa desde hace tiempo, deje el mando en Belorado. Sor Isabel de la Trinidad sigue siendo reconocida como abadesa por la Iglesia, que de momento no ha activado la excomunión ni el cese de la religiosa tras el anuncio de que dejaban de estar bajo la égida del Vaticano.
Un patrimonio millonario
Tal y como apuntaba este fin de semana el diario ABC, los tres monasterios están valorados en unos diez millones de euros (Derio, unos 2,99 millones; Belorado, unos 4 millones; y Orduña, 3,27 millones). Con la ley en la mano, las monjas podrían intentar vender los edificios, aunque los expertos dudan que ningún notario pueda dar fe de una escritura de compra en medio del escándalo actual.
Así, aunque en el Registro de Entidades Religiosas la responsable legal de los monasterios de Belorado y Derio sea Laura G. de V. S. –nombre civil de la abadesa–, que además tiene autorización como representante en los campos de Orduña y la hospedería, lo cierto es que legalmente las monjas se enfrentan a un dilema. Si se consideran fuera de la Iglesia les resultaría más difícil justificar la propiedad, dado que el registro eclesial podría considerarse no válido.
Además, en el caso de ventas superiores al millón y medio de euros, la Santa Sede tiene que otorgar, vía el obispo del lugar, un ‘visto bueno’, que en su día no se produjo para la compraventa de Derio y Orduña, y que podría estar en el origen del cisma.
Monjas de remate
¿Qué puede ocurrir? Que lo que sí quede fuera de control sean otras operaciones, que por su menor montante no requieran la presencia de un notario, como la venta de material litúrgico o bienes artísticos. Solo en Belorado, por ejemplo, hay varios retablos barrocos del siglo XVII, mientras en el coro está la imagen de Nuestra Señora de Bretonera, así como un órgano de 1799. El material litúrgico (libros, ambones, cálices, patenas, albas, etc…) es incalculable.
“Nos tememos cualquier cosa”, apuntan fuentes del Arzobispado de Burgos a este diario, mientras insisten en que, tres semanas después del escándalo, aún no han podido contactar con la madre abadesa ni con las hermanas. Mientras, las religiosas continúan celebrando misas prohibidas expresamente por el Vaticano –están presididas por un obispo excomulgado– y este fin de semana emitieron otro comunicado en el que situaban el inicio del proceso que ha concluido en cisma en la pandemia.
En concreto, las religiosas sostienen que la Covid-19 “supuso un momento de preguntas, choques y contradicciones” cuando, en el mes de marzo, se decretaron “medidas excepcionales en todo el mundo guiadas por los organismos internacionales”. “Medidas extremas, pero que en el caso de España nunca llegaron a prohibir la asistencia a los sacramentos. No obstante, ante los supuestos graves peligros para la salud, surgió de la Conferencia Episcopal la prohibición de asistir a los templos y la de asistir a los enfermos en sus domicilios”, apuntan.
Esto fue demasiado para ellas. Fue “verdaderamente doloroso escuchar a los supuestos pastores explicar que los sacramentos no eran necesarios” y que “cuando pasase el peligro ya se podrían hacer”, recuerdan en el escrito. “Ante nuestros ojos, la iglesia dejaba de hacer lo que siempre había hecho: abandonaba el cuidado de la vida eterna, por el supuesto cuidado de la vida temporal”. Y añaden que el propio Bergoglio “nos mostró cómo la imagen que en anteriores pandemias había sido sacada en procesión quedaba inmóvil en el Vaticano”.
Ante estos hechos, “las hermanas no podíamos más que preguntarnos qué estaba pasando tanto dentro como fuera de la iglesia, sobre todo fuera de ella”, añaden.
“Preguntas, investigación, estudio, oración… Poco a poco, algunas de esas preguntas fueron obteniendo respuestas…”, insisten, en la organización dirigida por el falso obispo De Rojas, la Pía Unión, que considera “usurpadores” a todos los papas posteriores a Pío XII, que rechaza el Concilio Vaticano II y que se guía por los ritos de la Iglesia preconciliar, y los primeros estatutos del Opus Dei. Un prelado que parece estar detrás de la trama inmobiliaria y patrimonial que se esconde detrás del primer cisma de monjas españolas de la historia de la Iglesia.
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