El Gobierno afronta la reforma de la ley del “solo sí es sí” en mitad de un incesante goteo de rebajas de condenas a agresores sexuales y de una polémica política que amenaza con tensar las costuras del propio Ejecutivo de coalición. Este lunes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que van a proceder a “modificar y a corregir la ley para evitar los efectos indeseados” que ha generado la norma. Bolaños, que ha pedido basar la futura reforma en el trabajo hecho hasta ahora por el ministerio de Justicia, ha asegurado que el consentimiento estará en el centro de la posible reforma de la ley de 'solo sí es sí', la principal demanda del ministerio de Igualdad y de Podemos. “En la modificación que hagamos de la ley del solo sí es sí, el consentimiento volverá a estar en el centro”, ha dicho en declaraciones a los medios en Santander.
Bolaños ha querido destacar que la ley del 'solo sí es sí' ha supuesto “mejoras” a la hora de proteger a las mujeres: “Es verdad que ahora hay comportamientos que son delictivos, que tienen reproche penal que con la ley anterior no lo tenían”, ha añadido. El ministro de la Presidencia, no obstante, ha reconocido que “ha habido efectos indeseados, que nadie quería” a la hora de aplicar esta norma. “Se está generando una preocupación social que desde el Gobierno no solo entendemos sino que compartimos (...) no queremos ni un solo retroceso en los derechos de las mujeres y por eso corregir la ley del solo sí es sí es en este momento un compromiso que adquirimos”, ha zanjado, informa Javier Fernández.
Mientras, el Ministerio de Igualdad ha propuesto este lunes un plan urgente de diez medidas para proteger a las víctimas de violencia sexual y ha admitido que no hay “ninguna reforma penal” de la ley del 'solo sí es sí' que pueda frenar las revisiones. Este fin de semana trascendió que el Gobierno se abría a modificar la ley después de que los jueces hayan reducido más de 200 condenas en los tramos más bajos de las penas al aplicarla, aunque Unidas Podemos señaló que “a día de hoy no existe ningún acuerdo”.
El Ministerio que dirige Irene Montero dice en el comunicado emitido este lunes que no existe “ninguna reforma penal” de la ley que pueda frenar las revisiones porque “son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley”. A continuación, Igualdad propone como una de las soluciones posibles la implantación de este plan para “la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres”: “Es imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas”, dicen.
La primera de las medidas urgentes para proteger a las víctimas es doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual. También se propone un refuerzo de la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliación de sus competencias a las violencias sexuales.
El Ministerio de Igualdad quiere “garantizar la asistencia jurídica gratuita a las victimas” y que se las incluya en el Servicio de ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género) desde 2023, junto con un incremento del número de dispositivos.
A continuación, Igualdad plantea un “refuerzo de las unidades de valoración forense integral” y la formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de justicia e interior así como educación y sanidad. La séptima medida es la implementación de las ayudas a víctimas de violencias sexuales y la octava, la creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema nacional de Salud “para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo”.
Finalmente, el departamento que dirige Irene Montero plantea incrementar el número de agentes que el Ministerio del Interior dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia, ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual, y la implementación de puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas que refuercen los servicios de atención e información a todas las víctimas.