En pleno Orgullo LGTBI Igualdad dará el primer paso de la que será la Ley Integral LGTBI, un compromiso de Gobierno que se había quedado en el Congreso pendiente de ser aprobado. Según han informado fuentes del ministerio, en los próximos días se abrirá una consulta pública previa para recibir aportaciones, un trámite inicial que culminará con el anteproyecto en el Consejo de Ministros, para lo que aún no hay fecha. Las mismas fuentes aluden a que “el compromiso” es “reconocer como derecho” la autodeterminación de las personas trans, después de que este martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, eludiera el debate tras la difusión de un argumentario interno del PSOE que rechaza esta medida.
La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI ha presentado este miércoles la campaña del ministerio para el Orgullo 2020, que estará encabezada por el lema “Ahora, más que nunca, Orgullo” junto a un cartel que rinde homenaje a Marsha P.Johnson, mujer trans y racializada considerada una de las impulsoras de las revueltas de Stonewall (Nueva York) que dieron origen al Orgullo hace 51 años. Igualdad conmemorará, además, los 15 años tras la aprobación del matrimonio igualitario.
El ministerio da así el pistoletazo de salida a una edición marcada por el tema de la autodeterminación de género, criticada desde algunos sectores del feminismo y cuestionada por el PSOE en su argumentario, sobre el qué Igualdad no se ha pronunciado. Este derecho implica que no sea obligatorio contar con un informe psicológico y pasar por dos años de hormonación para poder modificar el sexo en los documentos oficiales y está incluido tanto en la Ley LGTBI como en la Ley Trans que el Gobierno se comprometió a impulsar en el acuerdo de coalición. Además, organizaciones como Amnistía Internacional y organismos internacionales como el Consejo de Europa han pedido a los estados que lo reconozcan.
“Lo importante es que va a estar”
El ministerio va a comenzar los trámites de la ley LGTBI en base a un borrador elaborado por la Fundación Triángulo y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB) y “en la línea” de la norma que ya se tramitaba en el Congreso la pasada legislatura y que también incorporaba la despatologización de la transexualidad. “En paralelo”, apuntan fuentes del ministerio, se trabajará la Ley Trans y también la Ley de Igualdad de Trato, otro de los compromisos pendientes del Ejecutivo. “Sabiendo que tenemos que sacar estos tres paquetes normativos luego tendremos que ver en detalle el desarrollo de esta autodeterminación de género, dónde lo colocamos. Lo importante no es dónde va a estar, sino que va a estar”, explican las mismas fuentes.
La idea de realizar una consulta pública previa de la ley es que “sea llevada a cabo con participación social y consenso político”, para lo que también se va a habilitar el Consejo de Participación LGTBI, con representación de las entidades de la sociedad civil. Aunque la elaboración de la ley es un proceso “largo”, fuentes del ministerio reconocen que se hará de la forma “lo más urgente posible” porque es una cuestión “que afecta al día a día de las personas”.
En apenas tres meses se cumplirán tres años desde que la Ley LGTBI fuera registrada en el Congreso y empezara así un largo trámite que el adelanto electoral no dejó culminar. Al mismo tiempo, estuvo a punto de aprobarse la reforma concreta de la Ley de Identidad de Género de 2007, que es la que obliga a pasar por un proceso médico a las personas trans para cambiar su sexo en el Registro Civil. El objetivo, que en ese momento contaba con mayoría, era establecer que la solicitud de rectificación registral no precisara de más requisitos que la “declaración expresa” de la persona y no estuviera condicionado a haberse sometido a ningún tipo de cirugía, terapias hormonales o tratamientos psicológicos “de cualquier tipo”.
Sin embargo, en los últimos años han tomado relevancia posiciones dentro del feminismo que cuestionan este derecho y se muestran contrarias porque argumentan que reconocer jurídicamente la identidad de las personas sin estar obligadas a estos condicionantes “borra a las mujeres” o podría dar lugar a tergiversaciones de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Así lo defendía el reciente argumentario interno del PSOE hecho público hace dos semanas y que anticipa un conflicto con Unidas Podemos, su socio de Gobierno, a la hora de sacar adelante esta batería de leyes. El texto ha sido duramente criticado por integrantes del partido como Carla Antonelli, diputada trans de la Asamblea de Madrid, para la que “atenta contra la dignidad de las personas trans”.
La autodeterminación es un derecho reconocido ya en las leyes autónomicas LGTBI de numerosas comunidades, que ya no exigen requisitos médicos a las personas para, por ejemplo, cambiar el nombre y sexo de su tarjeta sanitaria.