Illa analizará con las comunidades establecer un toque de queda, pero avisa de que “requiere un estado de alarma”

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido tras el consejo de ministros de este martes para dar cuenta de la situación de la pandemia en España. “La segunda ola ya no es una amenaza, es una realidad”, ha comenzado, tras repasar los datos nacionales y europeos. Después, el ministro ha confirmado que no va a extender el estado de alarma sobre la Comunidad de Madrid impuesto para limitar la movilidad, que expira el sábado. Pero este martes, el gobierno regional ha pedido en público que el gobierno central les ayude a establecer un 'toque de queda' en la región de la medianoche a las seis de la mañana. Y esa “es una medida que hemos visto que se aplica en algunos países europeos” pero que, de nuevo “requiere de un estado de alarma”, “por la información jurídica de la que disponemos, no bastaría con la Ley sanitaria de 1986”. En cualquier caso “vamos a analizarlo” y, “estudiarlo” con las comunidades, se ha comprometido Illa.

“Es una decisión que ni mucho menos está tomada”, pero “estamos abiertos a todo”. El titular de Sanidad ha comentado sobre esta petición que constata con ella “una evolución” en la percepción de la pandemia “acorde” con la situación de Madrid y en el resto de España. “Si decidiéramos ir por ese camino [el del estado de alarma] sería muy importante saber qué grupos estarían dispuestos a apoyarla en el Congreso de los Diputados, concretamente el Partido Popular”, ha incidido luego. Porque además sería necesario “prolongarla más allá de 15 días, o al menos tener la posibilidad”, ha recordado, así que saber la “posición política” de los partidos sería “muy relevante”. El Gobierno, como ha hecho en esta última ocasión, puede decretarlo unilateralmente, pero para alargarla más allá de ese periodo necesita el apoyo de la mayoría parlamentaria.

El ministro de Sanidad descarta por el momento volver al mando único del primer estado de alarma vigente entre marzo y junio. El actual sobre la Comunidad de Madrid solo da cobertura legal a la limitación de la movilidad en varias ciudades madrileñas, y mantiene las competencias regionales. Y no ha determinado plazos para que se ponga en marcha un eventual toque de queda, solo se ha ceñido a que “las comunidades están tomando medidas contundentes” y “con urgencia” cuando así se necesitan.

Illa interviene en rueda de prensa mientras negocia con las comunidades un acuerdo que establezca umbrales mínimos de incidencia, a medir con otros factores, a partir de los cuales se pongan en vigor medidas comunes en cada territorio. El toque de queda en algunos supuestos podría ir finalmente en ese documento, aunque el borrador filtrado la semana pasada no lo incluía. Pero “en el caso de que se adopte, todas las opciones están abiertas”, ha explicado Illa: si se decidiera tomar esa acción solo en Madrid no haría falta que pasase por Consejo Interterritorial. El ministro espera que se apruebe el documento en ese Consejo Interterritorial, que suele celebrarse los miércoles pero esta semana será el jueves.

Lo que ha pedido Illa es el “esfuerzo” de todos los ciudadanos para dos cosas: limitar la movilidad y limitar los contactos, “las dos claves para frenar” la COVID-19. De esa manera, ha defendido, podrá controlarse sin tomar “limitaciones legales”, aunque en algún caso igualmente sean “necesarias”. Al lado de Illa estaba la ministra portavoz, María Jesús Montero. El presidente Pedro Sánchez ha viajado a Roma para reunirse con su homólogo italiano Giussepe Conte inmediatamente después de la reunión de ministros.

Illa ha anunciado también que el Consejo de Ministros ha autorizado la compra española de la vacuna a partir del acuerdo que tiene la Comisión Europea con la empresa AstraZeneca, que desarrolla la Universidad de Oxford. “Si todo va bien”, es decir, si la vacuna pasa todos los controles y se cumplen los plazos, recibirán 3 millones de dosis en diciembre hasta llegar a 31 en junio, suficiente para vacunar a 15 millones de personas –es de doble dosis–. Costará a España entre 56 y 76 millones de euros: el precio de cada dosis sería de 2,90 euros, de los que 1,12 serán pagados por la Comisión y 1,78 por los países, con un margen de incremento del 20%. Se abonarán en el momento de la adquisición.