Una de las primeras Iniciativas Legislativas Populares (ILP) presentadas esta legislatura se centra en la reforma de la ley de memoria histórica, que en 2017 cumple diez años y que el gobierno de Rajoy ha dejado sin asignación económica. La iniciativa ha sido presentada por el abogado Eduardo Ranz, el mismo que ha denunciado a decenas de pueblos y ciudades de toda España por mantener simbología franquista.
Esta es una de las prioridades que establece el texto: la retirada de vestigios que exalten la guerra civil o la dictadura franquista y la redefinición “inmediata” de calles o nombres de pueblos que lo hagan.
Además, prevé la exhumación de las víctimas franquistas tanto en suelo privado como en suelo público y propone que las peticiones puedan hacerlas familiares de hasta cuarto grado (actualmente la ley contempla hasta el segundo). Todavía hoy se calcula que miles de personas siguen desaparecidas. Para el personal que trabaje a pie de fosa, expertos en arqueología y medicina forense, Ranz pide una regulación laboral.
Por otro lado, la iniciativa solicita “el pleno acceso” a archivos tanto parroquiales como militares “en un ejercicio de transparencia” y pide que se promueva la constitución de placas explicativas, por ejemplo, en los cementerios “o cualquier lugar donde se cometieran crímenes contrarios a los derechos humanos”.
La ILP plantea, además, una mención especial sobre la represión franquista sobre los homosexuales y transexuales y a la represión sobre la mujer y el sesgo de género de la dictadura. Ranz nombra, en concreto, a las mujeres rapadas, a las que cortaban el pelo y daban de beber aceite de ricino que les provocaba diarreas constantes para pasearlas después por las calles de sus pueblos.
El Valle de los Caídos como lugar de memoria
Sobre el Valle de los Caídos, la ILP apuesta por que se resignifique y se le otorgue la entidad de “lugar de memoria” de las víctimas de la guerra civil y la dictadura y sus familiares, “así como la sociedad en su conjunto a través de la verdad y de la reparación”.
Ranz pide que se “incluya un lugar de identificación, dignificación y homenaje de quienes se encuentran inhumados, la publicación oficial del nombre de todas las víctimas, información suficiente para que quienes acudan a visitar este nuevo espacio puedan conocer su sentido original y actual”.
“Se procederá a facilitar las labores de exhumación, encaminada a la entrega de restos a los familiares que así lo solicitaran”, añade la iniciativa. En la misma basílica en la que reposan los restos de Franco y Primo de Rivera, están enterrados otros 33.833 cadáveres –12.000 de ellos desconocidos– de franquistas, represaliados por la dictadura o republicanos fusilados.