Qué hacen y cómo les va a los implicados del caso Cifuentes un año después del escándalo

La expresidenta de la Comunidad de Madrid dimitió, está imputada y mantiene su título de máster. Está en excedencia hasta 2020 de una plaza de funcionaria en la Complutense que tiene asignado un sueldo de más de 2.900 euros
La funcionaria que le cambió las notas en la intranet se ha incorporado al Rectorado y se encarga ahora de redactar las convocatorias de oposiciones de la Universidad Rey Juan Carlos
La profesora imputada por falsificación y la que confesó que puso notas falsas dan clase de Deontología en la URJC. El catedrático Enrique Álvarez Conde volverá a las aulas en septiembre a impartir Derecho con un salario de más de 4.000 euros

Qué ha pasado con los implicados en el caso Cifuentes.

20 de marzo de 2019 21:40 h

Un día como hoy a las 6:50 de la mañana, eldiario.es publicaba la primera de una serie de noticias que acabaron con la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid: Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas.

El Caso Máster duró 35 días y salpicó a otros políticos, como Pablo Casado, sobre el que la jueza abrió pieza separada, o la ministra socialista Carmen Montón, que dimitió en septiembre. Por el camino se imputó a una decena de profesores (hoy desimputados), a dos periodistas, un profesor como presunto filtrador y un informático. También se presentó una moción de censura y hubo una crisis en el PP de Rajoy, que protegió a Cifuentes hasta el final.

Un año después de aquel primer titular, el grueso del Caso Máster está cerrado después de que el Supremo rechazara investigar al aforado Casado, lo que propició que la jueza cerrara en bloque el caso de los títulos regalados. Queda abierto un caso de malversación del Instituto de Derecho Público que inició la Universidad Rey Juan Carlos, el caso de la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster (que no se perdió en una mudanza sino que se intentó construir), y la causa de Cifuentes contra dos periodistas de eldiario.es y un profesor de la URJC por “revelación de secretos”. Así les ha ido y les va a los principales implicados del caso:

CRISTINA CIFUENTES. FUNCIONARIA EN EXCEDENCIA: La expresidenta dejó su cargo el 25 de abril de 2018, 35 días después de la publicación del primer titular. No se le conoce actividad laboral actualmente, aunque Cifuentes tiene un puesto público como funcionaria del subgrupo A1 y nivel 24 de la Universidad Complutense de Madrid que logró en 2001 con un tribunal que incluía a dos amigos personales. Cuando pidió el reingreso y se le asignó su plaza tras el caso máster, hubo manifestaciones de estudiantes en el campus. Entonces Cifuentes pidió una suspensión de empleo y sueldo y más tarde una excedencia que concluye en septiembre de 2020. Su puesto tiene asignado un salario de entre 36.972 y 43.708 euros, dependiendo de si trabaja por la tarde y tiene disponibilidad horaria. Aunque frecuenta redes sociales como Instagram, a través de la cual anunció que se daba de baja del PP el 1 de marzo, sus apariciones públicas son más escasas. Una de las últimas ha sido en la presentación de la película El Reino, cuyo argumento es la corrupción. Fue imputada por la obtención irregular de su máster, pero el caso se cerró. En la causa que sigue viva, la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster, está procesada. La Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de prisión por instigar a falsear el documento que luego enseñó en las redes sociales.

ENRIQUE ÁLVAREZ CONDE. VUELVE A DAR CLASE DE DERECHO: El hombre a quien la jueza del Caso Máster consideró el “urdidor” ha estado ausente de la universidad desde que estalló el escándalo por una baja. Fue el único funcionario, junto a Amalia Calonge, al que se le abrió expediente en la universidad, aunque ni se le suspendió de empleo ni de sueldo. Esos expedientes se han paralizado a la espera de resolución judicial, explican fuentes de la Universidad Rey Juan Carlos, que recuerdan que estamos hablando de funcionarios a los que no se puede despedir sin más.

Está imputado por la falsificación del acta de TFM y en septiembre empezará a dar clase de Derecho. Aún no sabe de qué asignaturas ni dónde, aunque será el primero en elegir materias y campus por ser el catedrático más antiguo del departamento. Mantiene su despacho en Vicálvaro, pero el resto de las instalaciones que estaban bajo su mandato, las del Instituto de Derecho Público, ya no las podrá usar ya que se ha cerrado ese centro por las numerosas irregularidades. Su salario es de más de 4.000 euros mensuales, según las tablas salariales de la universidad pública URJC. Álvarez Conde sigue apareciendo como administrador único de una empresa privada que se dedica desde 2005 exactamente a lo mismo que el instituto público que dirigía en la universidad: la organización de cursos, seminarios y másteres del ámbito del Derecho. La universidad confirmó hace un año que no había pedido la preceptiva autorización para esta segunda actividad privada que le obligaría a prescindir de parte de su sueldo en la pública. En la URJC confirman que la situación hoy es exactamente la misma, es decir, sigue compatibilizando salario público con su actividad privada al margen de la ley, lo que supondría una infracción muy grave: “La universidad actuará una vez acabe la justicia”, señalan fuentes del centro público, que recuerda que el caso de malversación e irregularidades se denunció y está en el Juzgado de instrucción 34.

PABLO CHICO DE LA CÁMARA. ES DIRECTOR DE DEPARTAMENTO: Es el profesor que compareció en la rueda de prensa junto al rector y Álvarez Conde y que aseguró que no sabía quién era Cifuentes cuando iba supuestamente a sus clases. La defendió hasta el final, incluso cuando una profesora ya había confesado todo: “Tengo constancia de que la estudiante Cristina Cifuentes Cuencas se personó al examen de la citada asignatura porque corregí yo el examen personalmente”, explicó este catedrático por escrito. Sigue como profesor de Derecho Tributario en el campus de Vicálvaro, el centro donde estalló el escándalo. Sigue siendo jefe de Departamento de Derecho Público I y Ciencia Política, por lo que el catedrático cobra un plus de 370 euros al mes. Solo podría descabalgarle del puesto una moción aprobada por mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Departamento, iniciativa que no se ha producido.

JAVIER RAMOS. RECTOR: El hombre que llevó a la universidad a su peor crisis tras haberse “equivocado” en avalar la mentira del máster de Cifuentes, como él mismo apuntó, sigue siendo rector, aunque cambió a dos vicerrectores tras el escándalo. Ha habido algunos intentos de presentar contra él una moción de censura que no han prosperado. Cobra unos 6.900 euros al mes, según el sueldo base y pluses (ser rector es 18.000 euros al año) aunque su salario completo no está publicado por la URJC. Ha paralizado los expedientes abiertos a Álvarez Conde y a la funcionaria Amalia Calonge “a la espera del proceso judicial”, según fuentes universitarias. Rechaza hacer públicas las investigaciones internas que hizo su universidad sobre el máster de Cifuentes, Casado y Carmen Montón. Planea quitar el título de máster a los alumnos que hayan admitido que no hicieron ningún mérito para aprobar. De momento, la única afectada sería María Dolores Cancio, la becaria que confesó ante la jueza y tiró de la manta en el caso Casado. En el caso de que Cifuentes resultara condenada judicialmente por la falsificación se le retirará el título, según fuentes universitarias, ya que ella no entraría en la casuística ya que nunca ha admitido las irregularidades por las que inició el caso. La universidad aplaza posibles sanciones a los dos profesores imputados (Álvarez Conde y María Teresa Feito) a que haya una sentencia.

PEDRO GONZÁLEZ TREVIJANO. EL RECTOR CUANDO SUCEDIÓ TODO, HOY EN EL CONSTITUCIONAL. Fue quien dio privilegios a Enrique Álvarez Conde en la URJC como, por ejemplo, otorgarle CIF propio al Instituto de Derecho Público que Álvarez Conde dirigió sin apenas fiscalización de la universidad. Bajo su mandato se desarrolló toda la trama máster. En 2013, un año después de que consiguiera Cifuentes su título de posgrado, fue designado directamente por el gobierno de Rajoy como magistrado en el Tribunal Constitucional, cargo que ocupa actualmente. Nunca ha querido hacer declaraciones respecto al caso máster.

AMALIA CALONGE. CAMBIÓ LAS NOTAS A CIFUENTES Y AHORA REDACTA PLIEGOS DE OPOSICIÓN: La funcionaria que cambió las notas a Cifuentes fuera del curso en la intranet ha pasado a trabajar en “tareas de administración básicas”, según la URJC. Calonge era, cuando estalló el caso, la jefa de la oficina de asociaciones estudiantiles y se encargaba también de su financiación. Se ha reincorporado a la unversidad hace un mes aproximadamente y ha pasado a depender directamente del Rectorado. Está bajo el mando del gerente general y su nueva ocupación tras haber estado imputada (ahora ya no lo está) por modificar notas irregularmente es redactar las convocatorias de oposiciones en la universidad pública. El sueldo asignado a su categoría es de 4.811 euros al mes.

CECILIA ROSADO. IMPUTADA POR FALSIFICACIÓN Y PROFESORA DE DEONTOLOGÍA: Imputada por falsificar el acta del Trabajo Fin de Máster de Cifuentes y las firmas de dos compañeras, la Fiscalía pide para ella 21 meses de prisión. Sigue como profesora contratada dentro del departamento de Pablo Chico de la Cámara. Este curso ha dado clase desde el primer semestre y seguirá el próximo año. Las asignaturas que imparte este curso son Introducción al Derecho Público en la carrera de Criminología, Deontología Profesional en Administración y Dirección de Empresas o la materia Instituciones públicas o privadas en Periodismo. Su sueldo (excluyendo posibles pluses) es de 2.136 euros. Además de redactar el acta falsa por orden de Álvarez Conde y tras recibir presiones de la asesora de Cifuentes, como profesora del máster le puso un notable a la expresidenta en una asignatura que había acabado cuando Cifuentes se matriculó. Antes compartía despacho con las otras dos profesoras en el campus, pero tras el escándalo han sido separadas en despachos diferentes.

ALICIA LÓPEZ DE LOS MOZOS. LA PROFESORA QUE CONFESÓ IMPARTE DERECHO: De las tres profesoras del acta falsa es la única funcionaria y la primera que confesó que el TFM de Cifuentes era un invento ante la inspección de la URJC. Ha seguido dando clase impartiendo asignaturas de Derecho Constitucional y también de Deontología Profesional en Administración y Dirección de Empresas. Su salario base con complementos de docencia e investigación es de 2.308 euros mensuales. Como profesora del posgrado puso dos sobresalientes a Cifuentes en asignaturas que habían acabado cuando la expresidenta se matriculó. Admitió haber puesto notas falsas a algunos alumnos. Fue imputada en el caso máster y en la falsificación del acta y, posteriormente, desimputada.

CLARA SOUTO. PUSO SOBRESALIENTE A CIFUENTES Y DA CLASE EN LA URJC: Es otra de las profesoras cuya firma fue falsificada en el acta y “discípula” de Enrique Álvarez Conde. Fue imputada y luego desimputada. Como profesora del posgrado puso sobresaliente a Cifuentes en la materia 'El reparto de competencias', la máxima calificación pese a que ni asistió a clase. Es docente este curso de asignaturas relacionadas con Igualdad y Derecho a la Comunicación y también será docente el próximo año. Es contratada doctora, como Cecilia Rosado, y cobra al menos 2.136 euros.

MARIA TERESA FEITO. ORGANIZADORA DE LA COARTADA Y AHORA PROFESORA DE INGLÉS: Era amiga personal de Cifuentes, según sus propias palabras, y dejó su cargo como asesora en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid tras estallar el escándalo y conocerse su implicación en la gestión de la crisis. Está imputada por ser la organizadora de la coartada de Cifuentes: acudió al Rectorado el día en el que se publicó la noticia y presionó a la profesora Cecilia Rosado para que hiciera un acta falsa e incluso le instó a fabricar un Trabajo Fin de Máster, algo a lo que Rosado se negó, según su testimonio ante la jueza. Hace unas semanas ha pedido la reincorporación en la Universidad Rey Juan Carlos, donde es funcionaria como profesora de Filología Inglesa. La Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de prisión por la falsificación del acta de TFM.

IGNACIO ESCOLAR Y RAQUEL EJERIQUE. PERIODISTAS IMPUTADOS: Tras la querella que puso contra nosotros Cristina Cifuentes estamos investigados por “revelación de secretos”. Hemos declarado ante el juez y hemos sido interrogados por la Fiscalía. Seguimos imputados, un año después, y la expresidenta nos acusa de un delito agravado, castigado con hasta cinco años de prisión. Están investigados en el mismo caso un profesor y un informático de la universidad.