Una jueza ha imputado a los activistas climáticos de Futuro Vegetal por un presunto delito de organización criminal. Ocho de ellos deben declarar como investigados el próximo 8 de octubre tras ser denunciados 25 miembros del grupo ecologista por la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional, según el auto judicial al que ha accedido elDiario.es.
Creer que este grupo es una organización criminal implica considerar que se han asociado con el objetivo de cometer delitos, según describe el Código Penal. Que hay una estructura y coordinación para delinquir. Las imputaciones han llegado tras los arrestos llevados a cabo entre diciembre y enero pasados por la estructura antiterrorista de la Policía, en lo que llamaron Operación Spora.
El atestado policial remitido al juzgado en el que se basa la acusación –que ha podido revisar elDiario.es– incluye una retahíla muy diversa de acciones de protesta en distintos puntos de España, que están siendo ya indagadas de manera aislada en distintas sedes judiciales. El presunto delito de organización criminal puede implicar además otra condena. El Código Penal prevé cárcel de tres a ocho años para aquellos que coordinan, dirigen o promueven la organización. Para los miembros o cooperadores económicos, cárcel de uno a cinco años.
Listado variopinto
El listado (con breves descripciones) es variopinto. Las pesquisas comenzaron tras el lanzamiento de “pintura de color rojo” [agua coloreada] a la fachada del Ministerio de Agricultura en enero de 2022. Una buena parte de las acciones incorporadas al atestado son similares: pintura o pintadas en la fachada de consulado de Argentina en Cádiz, la delegación del Gobierno en Madrid, las sedes del PP, VOX e IU en Sevilla, la sede de El Pozo o restaurantes de comida rápida entre otros.
El documento aúna acciones más disruptivas como la entrada en el “mayor macromatadero de Europa” en Binéfar (Huesca) –donde se cortó la electricidad de las cámaras frigoríficas– o el acceso a las pistas del aeropuerto de Madrid y de Ibiza; con otras acciones en las que las activistas “protestan desnudas y bañadas en líquido rojo en Carrefour de Barcelona” o en las que “se bañan desnudas en la fuente de los jardines del Palacio Real y cuelgan una pancarta”. Igualmente se incorpora la protesta de ocho activistas a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica y la “escenificación de su muerte”.
También han servido para argumentar la denuncia policial la irrupción en “un evento de boxeo, La Velada del Año 2 entre David Bustamante y Mr. Jagger organizado por Ibai Llanos”; la entrada en una conferencia en el Fondo de Emprendedores de Repsol en Madrid; interrumpir el discurso del ministro de Agricultura Luis Planas y la “colocación de lápidas” en los jardines del Ministerio de Transición Ecológica.
Muchas de las acciones que figuran en el atestado ya tienen su propio proceso judicial. Por ejemplo, los cortes de tráfico en la circunvalación de Madrid o el bloqueo al acceso al mercado mayorista de Mercamadrid se están tramitando como delitos contra la seguridad vial. La acción en la que dos activistas pegaron sus manos al marco de las pinturas de Las majas de Goya en el Prado como delito contra el patrimonio histórico.
El hecho de ir más allá de estos delitos y pasar al tipo de organización criminal supone una vuelta de tuerca en el endurecimiento que viene constatándose contra el activismo ambiental. Desde un punto de vista general, se está pasando de las sanciones en forma de multa a penas de prisión.
Futuro Vegetal, por su parte, defiende que sus protestas son “pacíficas” y califican como “irracional y desproporcionada la criminalización” de sus acciones.
Preocupación por los derechos humanos
Este proceso llega mientras los 15 activistas climáticos que arrojaron agua coloreada a la fachada del Congreso de los Diputados esperan su juicio por la protesta llevada a cabo el 6 de abril de 2022. La Fiscalía ha pedido una pena de 21 meses de prisión por un delito contra el patrimonio histórico.
En este caso, también la Brigada de Información de Madrid les arrestó dos meses después de la protesta y les achacó, además, un delito contra las instituciones del Estado. Argumentaban que la acción había perturbado el funcionamiento de las Cortes. El entonces letrado mayor del Congreso forzó la acusación al informar a la Policía de que se produjo una alteración “notoria”. Sin embargo, la presidenta del Congreso, Maritxell Batet, corrigió después al letrado y el juez instructor retiró ese supuesto de la imputación.
Hace solo unos días, la organización Climate Rights publicó un informe en el que concluía que los países de rentas altas del Norte global “están adoptando duras y poco claras medidas disciplinarias para reprimir la protesta contra el cambio climático”. El trabajo menciona especialmente a Reino Unido, Alemania o Estados Unidos.
Los relatores de la ONU para los derechos humanos han expresado su preocupación por el endurecimiento de los castigos contra activistas medioambientales, especialmente climáticos. Uno de estos relatores, Michel Frost, ha explicado que “el hecho de que [las protestas] causen disrupción o impliquen desobediencia civil no significa que no sean pacíficas”.
El anterior relator de Derechos Humanos en el contexto del cambio climático, Ian Fry, también protestó por la deriva que estaban tomando algunos países a la hora de castigar acciones de protesta muy similares a las que se describen en la acusación contra los activistas de Futuro Vegetal –cortes de carreteras, echar pintura sobre los cristales protectores de cuadros...–. Fry llegó a expresar su “grave preocupación sobre el potencial efecto que la severidad de la condenas puede tener sobre los activistas”. Se refería a un efecto disuasorio.
El director de Climate Rights, Brad Adams, ha dicho al presentar el informe: “Los gobiernos deben considerar a los manifestantes y a los activistas como aliados en la lucha contra el cambio climático y no como delincuentes”.