A pesar de que se hayan registrado centenares de fuegos en pocas horas en Galicia o Asturias, demostrar un delito de incendio forestal es muy difícil. Por más que el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, haya asegurado con solemnidad que las fuerzas de seguridad no descansarían hasta encontrar a los culpables, localizar, inculpar y sentenciar a un autor no resulta tan automático. De hecho, a la hora de concretar, el Ministerio del Interior ha podido, hasta el momento, pedir la identificación a dos personas en el entorno de las llamas. Todas han quedado libres de sospecha.
Lo cierto es que lo que sale de los tribunales de justicia cada año es algo más de cien condenas por incendios forestales, según las memorias de la Fiscalía de Medio Ambiente (130 en 2015, 140 el año pasado). Es un número exiguo si se tiene en cuenta que la media anual está en 13.000 siniestros en toda España, según el Ministerio de Medio Ambiente.
Del volumen total de fuegos, que incluye desde conatos de menos de una hectárea a grandes incendios, un 80% tienen su origen en una negligencia humana (que, dependiendo de las circunstancias, también es susceptible de ser delito e ir a juicio). Las quemas agrícolas ocupan el primer puesto de esta categoría, seguido por el uso de maquinaria y los accidentes con cableados.
Los fuegos intencionados suponen así, en torno, al 18%, analizan los fiscales especializados. La causa más habitual es la de los pirómanos (un trastorno mental). Después están aquellos que queman monte para generar pastos y los que buscan dañar a un tercero.
“La impunidad es altísima”, cuenta Nicolás López de la SEO-Birdlife desde Asturias, otra de las regiones que se ha visto afectada por una oleada con docenas de incendios estos días. López no ve nada especialmente nuevo en la multiplicación de fuegos. “Han aprovechado las circunstancias para prender el monte, como ocurre igualmente en el invierno”, no duda en afirmar.
En esa comunidad autónoma, la propia Guardia Civil ha achacado la intensidad incendiaria al aprovechamiento ganadero para pastos de fincas abrasadas. De los 35 recientes incendios, el Gobierno autonómico asegura que todos son intencionados. Cosa distinta será los detenidos e imputados que pasen por las dependencias policiales.
Un responsable por cada nueve investigaciones
En 2015, en toda España, se detuvo a 40 personas relacionadas con los incendios forestales. Y se pudo imputar a 389. La Guardia Civil calcula que de los 2.607 incendios que investigaron, esclarecieron menos del 30% e implicaron a 290 personas: un responsable por cada nueve siniestros indagados. Los incendios también son investigados por la Policía, los Mossos d’Esquadra, la policía Foral y los agentes rurales y medioambientales de las comunidades autónomas.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha unido a la línea iniciada por su hombre en Galicia, Núñez Feijóo: ha instado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a que hagan “el mayor esfuerzo” del que sean capaces para “detener a las personas” que han provocado esta situación, momentos antes de iniciar una gira por lugares afectados por las llamas.
Sin embargo, condenar finalmente a los presuntos incendiarios presenta dificultades. “Una vez que llegamos a juicio, es difícil concluir quién fue el responsable concreto”, cuenta a eldiario.es un miembro de las brigadas de investigación forestal en la Comunidad de Madrid.
Según su experiencia “las investigaciones resultan bastante precisas. Determinamos si ha habido una negligencia o si ha habido alguna intención. En las imprudencias detectamos si ha sido una cosechadora, una radial o si el fuego ha sido por un cableado… Pero luego, en la vista, el juez no es experto en medio ambiente. Así que al fiscal, que sí es especialista, le toca intentar convencerle: ”todo apunta a….“, es la frase más común”, explica.
Este agente forestal remata que “el juez suele acabar preguntando: ‘¿Ha sido este hombre el que inició el fuego?” Y eso, si no estás en el momento justo es casi imposible“.
Materia compleja
La Fiscalía subraya “la complejidad” de esta materia y pone ejemplos de cómo los magistrados exigen durante los juicios que se pruebe que a los acusados les resultó “fácil” saber que la “propagación del fuego llegaría hasta la proximidad de zonas habitadas con riesgo potencial para sus ocupantes” para agravar un eventual castigo.
En el caso de los incendios intencionados, durante las investigaciones “también se establece el punto de inicio y hasta el método de ignición, pero relacionarlo específicamente con un autor concreto es todavía más difícil que en los fuegos imprudentes”. Para conseguir demostrar ante los magistrados la culpabilidad, los investigadores están necesitando recurrir “a autorizaciones para hacer seguimientos y colocar fototrampas que detecten a los incendiarios”.
Tal es así, que la propia Guardia Civil ha pedido que los vecinos de las áreas incendiadas colaboren en la identificación de posibles sospechosos: “El silencio es cómplice de los que queman, si sabes quién ha sido, llama…”, ha solicitado.