Aimar celebró el pasado lunes su cumpleaños sin sus compañeros de colegio, con los que lleva una década compartiendo juegos en el recreo. Cumplió 14 años en casa, con su familia, sin tener contacto con gente de su edad. Una rutina a la que este joven con una discapacidad muy grave, provocada por una parálisis cerebral por la que se desplaza en silla de ruedas, se ha tenido que ir acostumbrando ya que se repite desde que comenzó el curso. Lleva cinco meses sin ir a clase.
“Antes de las vacaciones sufrió crisis respiratorias y ya estuvo un tiempo sin acudir al colegio porque tenía que ser atendido por gente que supiese controlar el oxígeno que necesita. En verano se lo comenté a la neumóloga, que emitió un informe para que yo solicitase la inclusión de personal médico en el colegio”, explica Remedios, su madre.
La doctora que atiende a Aimar “considera necesario que el niño esté escolarizado en un colegio con personal de enfermería acostumbrado al manejo de este tipo de patología”. “Es necesario un control de su saturación de oxígeno y decisiones que requieren inmediatez en cuanto a la cantidad de oxígeno que debe recibir, broncodilatadores, alimentación o asistencia urgente hospitalaria”, añade la profesional sanitaria en el informe emitido, al que ha tenido acceso esta redacción.
Cuatro niños con discapacidad en el colegio
La Delegación Provincial de Educación se niega a contratar a una enfermera para el colegio público de Tordesillas en el que estudia el joven, a pesar de que en este centro hay otros tres niños con discapacidad. El Gobierno regional ha planteado tres alternativas a la familia. La única que se ajusta a la prescripción médica consiste en que Aimar acuda a clase a 30 kilómetros de su casa, en Valladolid. Allí sería escolarizado en un Centro de Educación Especial que “dispone de profesional de enfermería”, aseguran desde la Administración.
Remedios rechaza esta opción, quiere que su hijo siga yendo a clase en Tordesillas. “Esto nos sucede por vivir en zonas rurales, es una situación discriminatoria si se compara a Aimar con los niños que viven en Valladolid”, afirma.
“No podemos contar con toda la tipología de centros educativos existente en todas las localidades de la provincia, ello no implica que desde la Administración no se ofrezcan alternativas para responder a las necesidades de formación integral de todo el alumnado de nuestra provincia”, contestan desde la Delegación Provincial de Educación.
La madre de Aimar y el Gobierno de Castilla y León llevan cinco meses sin ponerse de acuerdo, una situación que ha dejado al joven sin salir de casa y sin tener acceso a unos apoyos educativos. “Me indigna que ni tan siquiera me denuncien por no llevar a mi hijo al colegio, como harían con cualquier otro padre con un niño en edad escolar. De hecho, solo se han empezado a movilizar cuando hemos organizado protestas y los medios de Valladolid se han hecho eco”, añade Remedios.
Madre e hijo no se pueden comunicar de forma oral, ya que la discapacidad que sufre el joven no le permite expresarse. Pero Remedios asegura que a través de gestos y sonrisas sabe como se siente su hijo. “Aunque tenga un 99% de discapacidad, Aimar es un niño normal, le encanta la fiesta, el barullo, le encantan los niños y le gusta mucho jugar. Ahora mismo le están privando de todo eso y lo echa mucho de menos”, apunta su madre.
Tordesillas no cuenta con centros escolares habilitados para menores con discapacidad, por eso las clases que reciben estos niños se imparten en aulas denominadas “sustitutivas” de centros de educación especial. En la clase de Aimar hay otros tres jóvenes con discapacidad funcional, están escolarizados en colegios públicos. Durante las horas de clase reciben apoyo de profesionales de pedagogía terapéutica, fisioterapia o audición y lenguaje y en el recreo coinciden con el resto de alumnos.
“La legislación nos ampara”
Remedios defiende este tipo de educación, considera que “prestan un gran servicio” al garantizar que su hijo haya recibido una “educación pública e inclusiva”. Sostiene que la petición de la contratación de una enfermera está amparada por la Ley 2/2013 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad: “La escolarización del alumnado con discapacidad se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo”, apunta la normativa.
Por eso, el Gobierno regional incide en otras dos opciones que han propuesto a la madre para que su hijo siga estudiando en Tordesillas. La primera consiste en que Aimar reciba en casa cuatro horas semanales de atención educativa domiciliaria, una formación que según la Delegación se ofrece “por razón de enfermedad crónica”. La segunda, la “posibilidad de formar al personal que atiende a Aimar de manera directa”.
Remedios rechaza la primera al considerar que su hijo “no tiene una enfermedad, tiene un discapacidad”. La segunda la ha desestimado apoyándose en la recomendación hecha por el servicio de Neumología Infantil del Hospital Universitario de Salamanca. Y mientras su madre y el Gobierno de Castilla y León siguen sin llegar a un acuerdo, Aimar está en su casa esperando a que llegue una solución.