Las víctimas de la talidomida tendrán por fin reparación. Al menos, 130 de ellas, que verán reconocido este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, su derecho a cobrar una indemnización por su discapacidad, causada por este fármaco que se suministró a mujeres embarazadas entre 1960 y 1965, y que llevan décadas peleando por una compensación que los tribunales les han negado. Estas son algunas claves para entender cómo se ha llegado hasta aquí, más de 60 años después:
¿Qué es la talidomida?
Es un fármaco, desarrollado por la farmacéutica alemana Grünenthal, se comenzó a comercializar en Alemania en 1957 y en pocos años llegó a venderse en más de 40 países. Inicialmente, estaba pensado como un sustituto de los barbitúricos, que se utilizaban contra el insomnio, pero también se indicaba para las náuseas y los mareos de las mujeres embarazadas.
¿Qué problemas causó?
Poco tiempo después de su comercialización, se empezó a percibir un aumento de niños nacidos como alteraciones genéticas graves, según recoge un artículo publicado en la revista de Bioética y Derecho. Principalmente, los bebés nacían sin piernas o brazos o con estas extremidades más reducidas, con malformaciones de órganos internos o con problemas de visión o de oído. En España, los primeros casos se detectaron ya en el primer semestre de 1960 y la Asociación de víctimas de la talidomida (AVITE) tiene registrados medio millar de casos. En el mundo se calcula que se han visto afectadas por este medicamento más de 20.000 personas.
¿Cuándo se retiró del mercado?
En Alemania, Reino Unido y Australia, el fármaco dejó de comercializarse en 1961, ante los indicios que señalaban la relación entre el consumo de talidomida y las malformaciones genéticas. Un años antes, en 1960, la Administración de Alimentos y Medicamentos (la FDA, por sus siglas en inglés), el órgano regulador de Estados Unidos, había denegado la comercialización en aquel país.
En España, sin embargo, el medicamento continuó distribuyéndose de forma legal hasta mayo de 1962. Sin embargo, según indican desde el Ministerio de Derechos Sociales, “el franquismo silenció el asunto, optó por no actuar frente a las farmacéuticas y negó que el medicamento se hubiera utilizado”. Desde AVITE, no obstante, han documentado la presencia y prescripción de este fármaco desde principios de los años 50 hasta 1985.
¿Qué han dicho los tribunales?
La batalla judicial de los afectados por la talidomida ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2017 no les dio la razón. En concreto, la Corte de Estrasburgo cerró la vía legal al considerar que no había “ninguna apariencia de violación de los derechos y libertades garantizados por el convenio (europeo de Derechos Humanos) o sus protocolos”.
En España, el periplo judicial también ha sido adverso a los afectados. En 2013, una sentencia del juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid condenó a la farmacéutica Grünenthal a pagar una indemnización de 204 millones de euros a 180 víctimas del uso de su medicamento, 20.000 euros por cada punto porcentual de discapacidad que tuvieran reconocido. Sin embargo, la Audiencia Provincial anuló la sentencia al considerar que el delito estaba prescrito y que los afectados podrían haber interpuesto la denuncia “al menos desde que alcanzaron la mayoría de edad (1979 y 1980)”, mientras que la acción legal no llegó hasta 2011.
Los afectados recurrieron esa decisión ante el Tribunal Supremo, que también consideró que, pese a que la discapacidad continuaba, el delito había prescrito y que deberían haber demandado a la farmacéutica mucho antes.
¿Qué indemnización recibirán estos 130 afectados?
Según indican desde el departamento de Ione Belarra, el real decreto que regula las ayudas para las víctimas de la talidomida, busca “hacer justicia con los afectados en España, uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo”. En concreto, los afectados reconocidos recibirán 12.000 euros por cada punto de discapacidad, como venía recogido en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Esto hace que una persona con una discapacidad del 33%, reciba 396.000 euros en un pago único.
Estos no son los primeros afectados en recibir una indemnización. En 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un real decreto que regulaba el procedimiento de concesión de ayudas para las personas afectadas entre 1960 y 1965, con indemnizaciones de entre 30.000 y 100.000 euros, según el grado de discapacidad. Sin embargo, el periodo de solicitud solo estuvo abierto durante menos de dos meses. En la práctica, esto provocó que muchas personas no tuvieran margen para pedir esa ayuda a la que tenían derecho: solo obtuvieron la declaración oficial de víctimas de la talidomida 24 afectados.
¿Cómo se ha determinado quién tiene derecho a la indemnización?
Para determinar quién tiene derecho a esta ayuda, el Instituto de Salud Carlos III de Madrid ha realizado más de 600 análisis genéticos para descifrar cuántas de las anomalías congénitas de los solicitantes son compatibles con el consumo de talidomida. Con este estudio, que según Derechos Sociales se ha realizado por “genetistas del Sistema Nacional de Salud, sin participación de la industria farmacéutica ni de empresas privadas” y con un “panel de genes único en el mundo”, se han reconocido a un total de 130 afectados.