El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de Infancia que alarga 12 años la prescripción de los delitos sexuales

El Gobierno ha aprobado este martes una de sus promesas legislativas más esperadas. Postergada primero por la doble convocatoria electoral y después por la pandemia del coronavirus, el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la que primero dijo la Vicepresidencia de Derechos Sociales que sacaría adelante, ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros. Entre otras cosas, la norma propone que la prescripción de los delitos sexuales empiece a contar cuando las víctimas cumplen 30 años, y no 18 como ocurre ahora, por lo que tendrán más tiempo para denunciar.

La ministra portavoz María Jesús Montero ha destacado que esta normativa es “un compromiso prioritario para el Gobierno de coalición” y ha destacado que han contado con la participación de las “asociaciones de víctimas” en la elaboración de la ley. “Tolerancia cero a los abusos y a la violencia, pero también a la impunidad”, ha destacado Montero, que también ha asegurado que “proteger a los niños y niñas de hoy” contribuye a “asegurar una sociedad mejor en el presente y en el futuro”.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha señalado que “se trata de una ley que va a ser fundamental para respetar los derechos de la infancia y adolescencia”. Asimismo, ha destacado que desde el Ejecutivo se van “a esforzar para que sea una ley de amplio consenso” ya que su desarrollo se ha producido a lo largo de varios gobiernos, de colores políticos diferentes.

Iglesias ha desglosado datos sobre la violencia que sufren los niños. Según la estadísticas del Ministerio del Interior, en 2018 en España 38.000 menores fueron víctimas de algún ilícito penal. También ha destacado que 50.000 niños y adolescentes han sido atendidos por las entidades públicas de protección de menores de las comunidades autónomas. Según la ONG Save The Children, el 9,3% de los alumnos declara sufrir acoso y el 7% ciberacoso. El vicepresidente segundo ha destacado que ante estos datos buscan “establecer un nuevo paradigma de protección común frente a la vulneración de los derechos del niño”.

El Gobierno asume que el proyecto sufrirá cambios y que será enmendado en su trámite parlamentario, de hecho, se ha presentado un texto trabajado en base al anteproyecto que ya aprobó el PSOE en 2018 y que ya cuenta con los informes y dictámenes jurídicos pertinentes, algo que permite acelerar su tramitación. Así lo ha señalado Iglesias, que ha apuntado a que el proceso en las Cortes contribuirá a “mejorar” la norma y ha reconocido “como ejemplo” que el Ministerio de Igualdad “hizo algunas observaciones muy sensatas”, pero “no quisimos retrasarla”, por lo que “creemos que se pueden canalizar en el trámite parlamentario”.

Las organizaciones de infancia celebran el paso dado este martes y aluden a que la norma “cambiará la vida de los niños, niñas y adolescentes que están sufriendo violencia o son susceptibles de llegar a sufrirla”, ha explicado Andrés Conde, director general de Save the Children. “Esperamos además que la ley venga acompañada de una adecuada dotación presupuestaria y de una estrategia con medidas concretas de sensibilización, prevención, protección y reparación; así como de responsabilidades definidas para cada nivel administrativo”, ha añadido Carles López, presidente de la Plataforma de Infancia.

Las organizaciones también confían en que el trámite permita reforzar la norma e incluir más medidas en el ámbito judicial, relacionadas con el “derecho de los niños a ser escuchados”, puesto que “es uno de los grandes problemas”, según Conde. Varios colectivos pedían, además, que la prescripción se alargara todavía más y empezara a contar cuando la víctima cumple 50 años.

Qué propone la ley

La norma alarga el plazo de prescripción de los delitos violentos contra menores de edad, entre ellos los delitos sexuales o el maltrato habitual. La idea es que el tiempo empiece a contar cuando la víctima cumpla 30 años, y no 18 como ocurre actualmente. Es decir, ahora como máximo una víctima puede denunciar hasta los 33 años en el caso del delito sexual con mayor pena. Con el cambio que pretende materializar el Gobierno, tendrían para hacerlo hasta los 45. Esta modificación es especialmente importante para las organizaciones de infancia, puesto que muchas víctimas, cuando están preparadas para llevar su caso ante la justicia, ya no pueden hacerlo.

La ley propone un modelo integral de intervención, es decir, con medidas en todos los ámbitos, tal y como recomendaba a España el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2010. Entre otras cosas, establece la “obligación” de comunicar las situaciones de violencia hacia niños o niñas que advierta cualquier persona, aun cuando no sea un delito, algo que se exigirá especialmente a los profesionales que se encarguen de su asistencia o cuidado. Además, elimina la excepción que actualmente rige en el deber de denunciar para los cónyuges y familiares del delincuente, es decir, siempre que se trate de un delito contra la vida, de maltrato o sexual, será obligatorio denunciar sea quien sea el presunto autor.

Iglesias también ha señalado que el texto del anteproyecto prevé que se combata el cirberacoso y se garantice la formación a los trabajadores que trabajen con este colectivo. Ante la violencia que pueden sufrir los menores por redes sociales o internet, el Gobierno prevé que se regule “un canal específico en la agencia española de protección de datos” y se trabaje en la “rápida retirada” de los contenidos que vulneran la ley.

En el ámbito judicial, se propone la generalización de la prueba preconstituida, que implica que los menores solo declaren una vez y la grabación se utilice en las siguientes fases del proceso para que no tengan que repetir una y otra vez y ante diferentes agentes lo que han vivido. También se prevé reforzar con contenidos de infancia los temarios de jueces y fiscales, tanto de acceso como de promoción; la puesta en marcha de unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la creación de dos nuevos delitos. Así, se castigará a aquellas personas que utilicen las nuevas tecnologías para “promover, fomentar o incitar” al suicidio o la autolesión de menores de edad y a la comisión de delitos sexuales contra ellos.

El proyecto también establece la puesta en marcha de protocolos obligatorios en centros educativos, centros de protección y clubes deportivos y la creación de dos figuras nuevas: un “coordinador/a de bienestar” en los colegios e institutos y un “delegado/a de protección” en los centros que realicen actividades deportivas y de ocio. Por otro lado, obliga a las Administraciones Públicas a promover campañas de sensibilización de la violencia y a aprobar planes y programas de prevención en diferentes ámbitos, entre ellos, el familiar, donde prevé medidas enfocadas a promover “el buen trato” y la “parentalidad positiva”.

En la rueda de prensa de este martes, Iglesias ha añadido que la edad se incorporará como “criterio de discriminación” en la regulación de delitos de odio. No solo para incluir ataques a menores de edad, también se protegerá a “personas con edad avanzada” y se combatirá la aporofobia, el rechazo hacia las personas pobres y en riesgo de exclusión social.